La causa se inició por una denuncia del actual jefe del PAMI, Carlos Regazzoni, a raíz de la liquidación y cobro de 1.300.000 de pesos por vacaciones no gozadas por parte de Di Cesare sin tener derecho a su percepción.
Según la resolución, a Di Cesare se lo acusa de “haber defraudado al Estado Nacional por la suma de 1.300.826,77 pesos, a través de la liquidación de las vacaciones no gozadas, correspondientes a los años 2004/2012”.
Para la citación, Lijo tuvo en cuenta que el 9 de diciembre Di Cesare "solicitó al organismo que presidía el abono correspondiente a los días de vacaciones no gozadas, sin tener derecho a su percepción y con conocimiento de que la sustitución del descanso anual -por una compensación monetaria- y la licencia no usufructuada en ese lapso, infringía lo estipulado en los artículos 157 y 162 de la Ley de Contrato de Trabajo".
"La liquidación se efectivizó el mismo día luego de que María Alejandra Arrouzet, en calidad de Gerente de Recursos Humanos del organismo y Carlos Galdo, por aquél entonces Subgerente de Administración de Recursos Humanos, emitieran los dictámenes necesarios para transferir el monto requerido a la cuenta bancaria del propio Di Cesare", indicó.
Di Cesare fue convocado para el 12 de mayo, a las 10; mientras que Arrouzet y Galdo fueron llamados para el 10 y 11 de mayo, respectivamente, a la misma hora.