El debate que comenzará hoy en la sede del Ministerio de Justicia de la Nación no es nuevo. Según apuntaron jueces y fiscales de menores a Info Región, de hecho, “es anacrónico”, al menos tal como está planteado. Es que los tres consultados coincidieron en que circunscribir y centrar el debate por un nuevo Régimen Penal Juvenil en la edad de imputabilidad es producto de “un error de diagnóstico”.
Aunque con distintas palabras y argumentos eso es lo que expresaron a este medio el juez de Garantías del Joven de Berazategui, Elbio Ramos; el fiscal de Delitos Juveniles de Neuquén, Germán Martín y el juez de Menores de Primera Instancia de Catamarca, Fabricio Gershani Quesada.
Desde su experiencia diaria, los tres funcionarios judiciales, que hoy estarán presentes en la reunión con el ministro Germán Garavano, hicieron hincapié en distintos aspectos: estadísticas de criminalidad que no acompañan la necesidad de bajar la edad, la ineficacia de las llamadas leyes Blumberg, la diferencia clave que existe entre la situación que se vive en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba y el resto de las provincias y el avasallamiento de los derechos de los menores que, hoy por hoy, ante la falta de una ley marco nacional de responsabilidad penal juvenil, terminan siendo juzgados como adultos.
“Nosotros, como sistema tutelar, intentamos enseñarles a ellos a respetar derechos, pero privándolos de los mismos. ¿Cómo pueden aprenden sobre el derecho de los otros si les privamos del derecho a ellos? Esto es lo que hay que debatir. La baja en la edad, en este marco, es lo menos que tenemos que discutir en este Régimen Penal”, señala Gershani Quesada.
Cifras que no acompañan. Aunque coinciden en la necesidad de modificar la normativa penal vigente en materia de Minoridad (leyes 22.278 y 22.803), sancionadas en 1980 durante la última dictadura militar, tanto Ramos como Gershani Quesada y Martín aseguran que bajar la edad en la que se imputa a menores, hoy establecida en 16 años, “no soluciona en líneas generales el problema porque hay un error de diagnóstico”.
“Creo que la mayoría de los especialistas va a coincidir en que bajar la edad de imputabilidad desde los 16 a los 14, 12 o 10 años, no soluciona nada. El error de diagnóstico es pensar que los hechos más graves de inseguridad son cometidos o involucran a personas de 14 o 15 años, entonces la respuesta es equivocada”, señala el juez de Menores de Primera Instancia de Catamarca a Info Región.
Y asegura que “existe consenso” en torno a estadísticas oficiales que advierten que, del total de delitos que son investigados por el Ministerio Público, “sólo entre el 3,5 y el 5 por ciento tienen a menores de edad como autores”. “Las estadísticas nacionales y provinciales coinciden. Ahora, cuando hablamos de delitos graves contra la vida, ese 3 por ciento se reduce entre el 1 y el 1,5 por ciento”, asegura.
Mientras que el juez Ramos, aún con una realidad más compleja en el Conurbano bonaerense, sostiene que “si se toma como total ese 3 por ciento, la mayoría de los delitos son bagatelares (menores)”. “La mayoría de los chicos que recibimos en la provincia de Buenos Aires cometen delitos en estado de flagrancia, es decir que los agarran al poco rato de haberlos concretado y es raro el caso en el cual aparecen después involucrados en investigaciones porque el delito juvenil se caracteriza por la inmediatez, generalmente tiene una pena muy baja porque son hurtos o resistencia a la autoridad, delitos que no se llevan a juicio”, detalla.
El fiscal de delitos juveniles de Neuquén Martín, en tanto, sostiene que la influencia que tiene el delito juvenil, de menores de 18 años, en el concierto de delitos generales en su provincia “está en el 2%”. “Haciendo una proyección bastante generosa del delito no declarado, de autores ignorados, creo que toda la participación de menores en este mundo del delito no debe ser mayor al 10 por ciento y eso se sostiene en todas las jurisdicciones del país. Entonces, en términos de política criminal, conjurar una situación de inseguridad en torno a los menores pareciera al menos exagerado y desproporcionado, además de que va a generar un problema muy fuerte en las provincias”, aseguró.
Diferencia entre Bs As y el resto de las provincias. Sobre esto hacen foco tanto el fiscal de Neuquén como el juez de Catamarca. En principio porque muchas provincias “no tienen especialización orgánica” en caso de tener que incorporar a chicos de 14 y 15 años a la justicia penal. En la provincia del norte, de hecho, no existe un régimen de responsabilidad penal juvenil.
“Esta es una política criminal pensada desde Buenos Aires por los problemas propios de Buenos Aires porque la mayoría del interior, con la excepción de Santa Fe o Córdoba, tenemos otra realidad”, asegura Martín, mientras que Quesada argumenta a Info Región que en cinco años como juez de instrucción de menores en Catamarca le ha tocado “un sólo caso de homicidio con un menor involucrado”.
Imputabilidad vs punibilidad. Según el reciente posicionamiento de UNICEF Argentina sobre el tema, los regímenes para los menores en conflicto con la ley deben estar inspirados en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN), celebrada en 1989 por la Asamblea de las Naciones Unidas.
Según los estándares internacionales, entonces, las legislaciones en la materia deben inclinarse en la búsqueda de alternativas no privativas de la libertad. Aunque en nuestro país la CIDN tiene rango constitucional, aún se mantiene el régimen Penal de la dictadura que se inspiró en una norma de 1954 (ley 14.394) y ya lleva más de cinco décadas de vigencia.
“Creo que el joven o adolescente de 14 o 15 años que ha cometido ciertos delitos previstos en algunas situaciones procesales para abusos sexuales, delitos contra la vida o lesiones gravísimas deben ser imputables, pero no punidos bajo el régimen de adultos”, destaca Quesada, quien detalla: “Un chico debe responder por el hecho ilícito cometido cuando sea una situación grave, pero la respuesta no debe ser la prisión”.
“Tenemos dentro de las herramientas del sistema penal juvenil un montón de medidas alternativas o socio educativas o de justicia restaurativa para poder trabajar con especialistas la problemática, entendiendo que el adolescente llegó al delito producto de las ausencia de los adultos”, considera.
Lo cierto es que, lejos de eso, Argentina es el único país de América Latina que ha sentenciado a menores de 18 años a la pena máxima de prisión perpetua, lo cual constituye una grave falta contra los derechos de los menores.
En ese sentido, el juez de Catamarca toma como ejemplo el caso del crimen de Brian. “En un sistema de responsabilidad penal juvenil lo correcto sería que se brinde al operador de la Justicia una serie de herramientas que le permitan intervenir con un chico de 14 o 15 que ha cometido un delito tan grave”, señala y opina que en esos casos “se lo debe poder imputar” pero sin inmiscuirlo en el régimen punitivo que rige para los adultos.
“Hay que distinguir imputabilidad de punibilidad. Que sea imputable, pero bajo garantías procesales previstas en la Constitución Nacional y, a su vez, que esta respuesta sea especializada y que no termine institucionalizado”, sostiene.
Los problemas en la institucionalización son consabidos reiteradamente. “Por eso me asombra que (la gobernadora bonaerense, María Eugenia) Vidal apoye la baja en la edad. Porque hay una falta total de abordaje interdisciplinario. No hay una política educativa dentro de los institutos. Son un depósito”, asegura Ramos. Mientras que Martín insiste en que “el encierro en la adolescencia es trágico”. “Aún en los punibles de 16 y 17 el encierro es devastador y solo debería utilizarse como herramienta de ultimísima ratio”, apunta.
“Lo que está reclamando la sociedad es castigo y venganza. Me pongo en el lugar de los padres de Brian y reconozco el dolor, me ha tocado hablar con miles de padres, pero no es el ojo por ojo lo que lo resuelve. La familia lo puede reclamar. Pero el Estado no puede responder a esto. El Estado tiene que salir a explicar que los chicos a cierta edad que cometen delitos graves necesitan protección más que castigo y los jueces tenemos la responsabilidad social de explicar por qué tomamos las medidas que tomamos”, agrega el juez de Garantías del Joven de Berazategui, quien criticó el carácter cíclico de la discusión sobre imputabilidad. “Es espasmódica en nuestra sociedad. No es algo novedoso, sino más bien antigua y fatigante”, señala.
¿A qué atribuye el vaivén en una situación que requiere una solución definitiva? A una cuestión emotiva. “Por un lado, el horror que nos provoca que un chico de 15 años cometa un homicidio. Por otro lado, el pobre chico que a los 15 años comete un homicidio y nos preguntamos ¿dónde está el Estado que no lo ayudó? La cuestión emotiva, entonces, no nos da la solución porque estamos frente a una mayor represión penal o frente a un perdón sin siquiera pensar en los antecedentes y en los consecuentes”, reflexiona.
Qué proponen. Martín se inclina por un marco nacional de responsabilidad penal adolescente, pero sin necesidad de baja en la imputabilidad. Ramos por un Estado que garantice políticas “para que el chico encerrado reciba educación”. “Una vez liberado debe ser asistido. También se requiere de servicios porque hoy el sistema de protección de derechos del niño de la provincia de Buenos Aires es un caos por desborde y por falta de personal adecuado”, insiste.
“No tenemos que perder de vista que la intervención penal en materia de niños, como dice la Convención, persigue tres objetivos: interés superior del niño, reinserción social y protección de sus derechos. Esto no implica que se manden una tropelía y nosotros les demos un coscorrón en la cabeza y los enviemos a la casa. Si un chico tiene que ser condenado, deberá serlo, pero eso no significa que sea tratado de la misma manera que un adulto y eso es lo que está pasando actualmente con el sistema penal juvenil de la provincia de Buenos Aires”, aclara el juez de Berazategui.
Gershani Quesada, por su parte, explica que ante la conflictividad delictiva los penalistas “suelen aumentar las escalas penales o crear figuras penales”. Pero en este caso, advierte, no es la solución. “Es muy habitual en el sistema de adultos, pero no funciona, recordemos la ley Blumberg. Genera una falsa expectativa porque estas leyes no dan la respuesta esperada”, asegura.
“Creo que evidentemente debemos modificar el régimen penal juvenil, que es anacrónico e inadecuado hasta por una cuestión moral por la época en que fue sancionado. Por eso, debemos avanzar a un sistema de derechos previsto en la Convención y ratificado por nuestra ley”, aportó.
Cintia Vespasiani
Jueces y fiscales creen que bajar la edad “es un error de diagnóstico”
