REFORMA A LA LEY DE EJECUCIÓN PENAL

Para Cambiemos, “la regla debe ser ‘el que las hace, las paga’”


El senador nacional Luis Naidenoff aseguró a Info Región que el objetivo del oficialismo es que la iniciativa para limitar excarcelaciones y salidas transitorias se trate la semana próxima en el recinto. “Acá no se trata ni de garantismo exacerbado ni de rigidez extrema”, aclaró y atribuyó la reforma a “un fracaso del sistema” y “una mora judicial inmoral”.


El senador nacional de Cambiemos Luis Petcoff Naidenoff, que integra la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, confió a Info Región que el oficialismo cuenta con que la semana que viene el proyecto que modifica la Ley de Ejecución Penal y pone límite a algunos beneficios de los condenados, como la libertad condicional y las salidas transitorias, tenga dictamen favorable y llegue incluso a debatirse en el recinto de la Cámara alta.

Además, ante la polémica que generó en algunas organizaciones, como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que se oponen a la reforma, aseveró: “Acá no se trata ni de garantismo exacerbado ni de rigidez extrema. Es necesario apego a la ley y que el Estado cumpla con su rol de resocialización, que hoy no lo cumple”.

“La idea es limitar las salidas transitorias y la libertad condicional para determinados delitos, fundamentalmente contra la integridad sexual, trata, torturas seguidas de muerte y delitos contra la administración pública”, detalló el legislador

El artículo 14 del Código Penal es el que establece que para ciertos delitos no corresponde la libertad condicional, pero contempla sólo casos de delito seguidos de muerte. Nada dice, por ejemplo, de las ofensas sexuales graves y reiteradas, como era el caso de Sebastián Wagner, que violó y mató a Micaela García en goce de una condicional otorgada por el juez de Ejecución de Penas de Entre Ríos, Carlos Rossi.

“Estamos totalmente de acuerdo en la Comisión con que en el delito de integridad sexual no se otorguen ese tipo de beneficios y se cumpla la condena real y efectiva porque hay un porcentaje del 88 por ciento de reincidencia en este tipo de delitos”, sostiene Naidenoff. No obstante, aclara que la ley a modificar, que es la 24.660 de Ejecución de Penas, contemplaba esos beneficios “como una herramienta movilizadora que pueda inducir, en base a la resocialización, a un paso previo a lograr regularidad en la vida” de los condenados.

Esto es, el sistema Penal en nuestro país se basa en la prevención especial y la inserción social del detenido. No obstante, al intentar cumplir con ese marco, según el senador fueron varias las cosas que fallaron. “Basta con ver el estado de las cárceles. Es abordar un sistema que está colapsado y es uno de los grandes ejemplos de fracaso del Estado. Porque las cárceles deben ser sanas y limpias, no para castigo, sino para la reinserción, y eso no se cumple”, señaló.

Y advirtió que el Estado “debe estar presente desde el orden y el respeto a la ley con el cumplimiento de una pena”, pero también en el otorgamiento de herramientas “para que la persona pueda resocializarse e insertarse en una nueva etapa después del cumplimiento de la condena”.

En esa línea, consideró que “más allá de la modificación de un artículo” o de “la incorporación de delitos (de figuras como las ofensas sexuales graves o reiteradas), para que se cumpla la pena real y efectiva que es necesaria”, el debate debe pasar por “el fracaso de un sistema”.

“Acá fracasó un sistema y un modelo de Estado, que no estuvo presente. Fracasó la resocialización. Las cárceles supuestamente no deben ser para castigo, sino con el propósito de lograr una instancia previa a, una vez cumplida la condena, empezar una nueva etapa de la vida, pero hoy las cárceles son un espacio de hacinamiento. Tenemos un Servicio Penitenciario Federal que no tiene la facultad de obligar a que se cumplan determinadas condiciones”, criticó.

Los puntos a cambiar y los pendientes. La reforma a Ley de Ejecución Penal plantea, como aspecto contundente, ampliar el margen de figuras delictuales a las que se les prohíben beneficios tales como la condicional o las transitorias. No obstante, en la comisión aún hay diferencias respecto de qué figuras incluir.

“Hay que acotar el margen. Decir, por ejemplo, delito contra integridad sexual, se cumple la pena. No hay libertad condicional ni salida transitoria. Pero tampoco podemos llegar al extremo de que en el delito de contrabando, por ejemplo, se pueda no habilitar el beneficio. Sí hay que especificar e incluir narcotráfico, contrabando pesado, delitos complejos”, ejemplifica Naidenoff.

Y advierte que “la regla debe ser ‘el que las hace las paga’”. “Cometió un delito, no es castigo pero sí asumir responsablemente el daño que se generó con el delito que causó”, apuntó, pero como aspecto clave instó a “no perder de vista que hay que resocializar en serio, con equipos interdisciplinarios y que el Estado debe invertir”.

Una cuestión básica que se plantearía sería la de la superpoblación carcelaria, que ya es un problema y es uno de los argumentos de la CPM para oponerse a la medida. No obstante, el senador indicó que tal situación también se da “por la cantidad de detenidos que no tienen condena”. “Y eso no es culpa del sistema, sino de la mora de los propios jueces. Estamos como estamos porque hay una mora judicial enorme, que es inmoral. El 50 por ciento de las personas privadas de la libertad en Argentina están procesadas sin condena”, reiteró.

En ese marco, llamó a ser “duros y contundentes con determinados delitos”. “Porque si al juez le das una brecha para que pueda interpretar conforme a la doctrina, con cierta laxitud, te encontras con casos como el de Rossi, que tuvo flexibilidad a pesar de los dictámenes del fiscal y del servicio penitenciario, porque no son vinculantes, y terminó de la peor manera”, reflexionó.

Lo cierto es que, pese al tratamiento acelerado del proyecto, habrá pendientes que no serán abordados en el marco de esta reforma, como el funcionamiento del Patronato de Liberados, que es el que debe encargarse de ejercer un control sobre la conducta de los condenados que reciben beneficios, como su reinserción social y en el mundo del trabajo, su conducta diaria, etc.

“Este es el puntapié inicial. Ahora sólo vamos a ampliar la brecha de delitos para que nunca más sucedan casos como el de Micaela. Para que nunca más un juez, porque se le antoja o porque tiene amplitud de criterios, le dé condicional o transitoria a alguien que fue reincidente y que reunía dictámenes que desaconsejaban tales beneficios”, indicó el senador.

Cintia Vespasiani


* Nota correspondiente a la publicación del día 21 de Abril de 2017




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