La diputada nacional de la Coalición Cívica Ari Elisa Carrió hizo pública una grave denuncia contra funcionarios políticos y judiciales de Lomas de Zamora y Lanús, así como también contra las fuerzas policiales, en relación a delitos cometidos en torno a la Feria La Salada, en Ingeniero Budge.
En su denuncia, que fue presentada ante la Procuración General de la Provincia, da cuenta de un entramado político, policial y judicial detrás de los ilícitos cometidos en la zona. En ese marco, la legisladora lanza durísimas acusaciones contra fiscales y jueces lomenses, así como funcionarios de Lanús, incluyendo al propio intendente Néstor Grindetti, y hasta contra el propio ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, a quien señala por sus supuestos vínculos con “los dos líderes territoriales” de esa Feria: Enrique “Quique” Antequera y Jorge Castillo.
En la presentación al procurador Julio Conte Grand, que también fue cursada al presidente del Senado provincial, Daniel Salvador, y a la titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Nidia Moirano; la legisladora acredita algunas de sus afirmaciones con notas periodísticas en torno a hechos ocurridos en La Salada y al funcionamiento de la comisaría décima de Budge.
En este último punto, de hecho, cita una nota publicada en Info Región donde se relata una de las tantas denuncias a la cuestionada dependencia policial.
La denuncia. Carrió comienza su denuncia con el dato de que el Departamento Judicial lomense “resalta por varias cuestiones”. “Una de ellas es por la Seccional 10 de Ingeniero Budge; que no sólo detenta la mayor densidad en delitos dolosos (homicidios), sino por recurrentes conflictos relacionados a su ubicación territorial (Puente La Noria), rodeada por diferentes asentamientos y el mercado ilegal más grande del país: la Feria “La Salada”.
En esa línea, sostiene que ese complejo comercial “convierte a la Seccional 10 de Budge en un foco tensión” y en la “más codiciada”. Es que en la denuncia suma el dato de que “tres de los últimos comisarios –de esa dependencia- dejaron sus cargos en medio de denuncias por corrupción”.
“En 2013 cinco policías fueron separados, acusados de armar causas. Un año después un comisario y cuatro oficiales fueron acusados de ‘apremios ilegales’. El último escándalo fue protagonizado por el abuso sexual de una mujer dentro de la comisaría. Es la zona más conflictiva, pero al mismo tiempo puede decirse que, la más codiciada. Codicia directamente vinculada a la “Caja negra”: permisos de funcionamiento a puestos ilegales, narcotráfico y la piratería del asfalto”, acusa.
En esa línea es que cita una nota de Info Región en la cual vecinos reclamaban la intervención de la comisaría y reiteraban “denuncias por abuso policial, la violencia, el armado de causas y el pedido de coimas”.
Resalta también “las escasas investigaciones que terminan en elevaciones a juicios y condenas por esta clase de delitos”.
Al momento de citar “antecedentes judiciales”, Carrió dispara contra el fiscal de Lomas, Carlos Baccini “como mejor exponente para centralizar todas las causas de La Salada y poder capitalizar el entramado policial y político”.
“Mediante esa curiosa centralidad, los funcionarios provinciales y municipales se aseguraron, un solo canal de diálogo y la complicidad e impunidad con los dos “líderes territoriales” de esa Feria: Enrique “Quique” Antequera y Jorge Castillo (“El Rey de La Salada”), y los no formales, a cargo de Barras de diferentes clubes que se disputan el territorio con la venta de drogas, armas y trata de personas, en todas sus variantes”, detalla.
En otro párrafo señala que “es muy probable que estos armados políticos y judiciales se hayan rubricado en los asados de Quique Antequera realizaba en su bunker de calle Beruti y Belelli en Banfield (CP 1828) donde los fiscales y funcionarios políticos ni siquiera estacionaban en la puerta, ya que su portón eléctrico les aseguraba la inmediatez y discreción de estacionar dentro del predio”.
Seguido, menciona un artículo periodístico de La Política Online que cita al ministro Ritondo. “La nota refleja, aùn en imágenes, sobre el vínculo político que el propio Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, habría entablado justamente con Enrique “Quique” Antequera, como se detalló anteriormente”.
En la denuncia también se detallan casos particulares como el de una feriante, Liliana Herrera.
Otra denuncia tiene que ver con el Fiscal General del Departamento Judicial de Lanùs-Avellaneda, Guillermo Castro. “No fue óbice los ocho pedidos de juicio político que pesaban en sus antecedentes, consecuencia de su pasado reciente como fiscal del Departamento Judicial de Avellaneda. Uno de ellos abierto a la fecha de su nombramiento. Seriamente objetado por vínculos con la Bonaerense; su ascenso funcional estuvo relacionado al apoyo obtenido por el propio Intendente de Lanús, el Sr Néstor Grindetti y un Juez Federal de Morón”, precisa.
Y va más allá al apuntar directamente contra el intendente Grindetti. “Por su parte, el contexto político pasado y actual, no parece favorecer la superación de lo aquí denunciado. El Intendente del Partido de Lanús, Dn Néstor Grindetti, posee entre sus allegados a la función pública y funcionarios; personas ampliamente conocidas en la zona, no precisamente por méritos, sino por antecedentes cuestionables y aún delictivos.”
La denuncia completa
2017_04_PROCURACIONDENUNCIA by Cintia Vespa on Scribd
CSV de la Redacción de Info Región