La Responsabilidad Penal Empresaria tiene media sanción


Por 131 votos a favor y 63 en contra, la Cámara de Diputados aprobó anoche la propuesta de penalización a las empresas que participan de actos de corrupción, impulsada por el Poder Ejecutivo a instancias de un proyecto elaborado por la Oficina Anticorrupción (OA).

La iniciativa apunta a dar a la Justicia nuevas herramientas para sancionar la corrupción empresaria contra la Administración Pública, donde se contempla introducir fuertes multas, que llegan incluso a la posibilidad de quitarle a la firma involucrada la posibilidad de seguir operando en el país.

Fuertes cruces en el recinto. La polémica se abrió cuando el justicialista Jorge David adelantó que iban a pedir el paso a comisión del proyecto para poder alcanzar un mayor consenso, lo cual generó un airada reacción del jefe del oficialismo, Mario Negri, quien pidió votar esa moción previo al debate para que se vea quien quería discutir la corrupción.

Mientras se discutía si se votaba esa moción estalló la diputada del Frente Renovador, Graciela Camaño, por unos tuits que publicó el macrista Eduardo Amadeo, acusando al massismo y al kirchnerismo de unirse para trabar la ley contra la corrupción empresaria.

A los gritos, Camaño exigíó que Amadeo borre el tuit que decía "otra vez los K y el Frente Renovador se juntan para que no podamos votar la ley penal contra empresarios corruptos. ¿Por qué será?". "Le pido al tituitero Amadeo que elimine ese tuit" y acusó al oficialismo, al afirmar: "No quieren una ley, quieren buscarle una salida a los empresarios corruptos", disparó.

En medios de los gritos, Amadeo respondió: "Con la verdad no ofendo ni me van amordazar", y le pidió a Camaño que "no pierda los estribos".

Luego, pidió la palabra Elisa Carrio y preguntó dónde estaba Julio de Vido, porque "quien nos puede enseñar, nos puede dar los datos de todo el sistema sobre la corrupción es Julio de Vido, quien nos puede decir qué cobro, cuánto y cuánto les dio a los Kirchner".

Ya en el cierre del debate, el diputado Héctor Recalde aclaró el sentido de su votación y precisó que el bloque "está en contra de la corrupción" y recordó que en la ley del blanqueo de capitales, se exigió que se quitara a los empresarios que tuvieran vinculación con la obra pública. Solicitó, además, el aumento de penas para los funcionarios corruptos. "A nosotros con la corrupción, no", sentenció.

La aprobación del proyecto que penaliza la corrupción de las empresas contra la Administración Pública, el cual contempla fuertes multas y hasta la prohibición de participación en licitaciones a las firmas acusadas de este delito, fue en general y se pasó a un cuarto intermedio (hasta el miércoles de la semana próxima) para el tratamiento en particular.

El proyecto propiciado por el oficialismo incorpora la figura del colaborador eficaz y contempla fuertes multas para las empresas involucradas en hechos de corrupción, como así también la prohibición de participar en licitaciones públicas y de quitar la licencia para operar en el mercado.

En ese marco, uno de los puntos más cuestionados desde la oposición es la incorporación de la figura de "colaborador eficaz", ya que allí se permite que pueda aportar datos sobre hechos producidos previos a la sanción de esta ley, y se establece que la compañía informante no recibirá sanciones penales pero sí económicas.