Qué normas pone en jaque la Reforma previsional


Escenas de violencia y represión en los alrededores del Congreso y graves incidentes dentro del mismo recinto. Una sesión suspendida, reuniones con gobernadores y doce horas de encendido debate. Al Gobierno no le fue fácil, pero finalmente logró sancionar la Reforma previsional antes de cerrar el año.

Lo que suscitó el proyecto para modificar el cálculo de movilidad jubilatoria es el ahorro de unos 100 mil millones de pesos ante un apremiante déficit fiscal. Aunque, según señala el sitio Chequeado.com., serán 72 mil millones lo que se ahorraría el Estado en 2018 por el cambio de fórmula, es decir a costa de las jubilaciones.

En diálogo con Info Región, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, cuestionó el uso de los fondos “de la seguridad social” y adelantó que, apenas se promulgue la ley, pedirá la inconstitucionalidad de la normativa por “recortar derechos consagrados en pactos internacionales incorporados a la Constitución”.

“Haremos los cálculos de cuál es el perjuicio que sufren, en términos económicos, los jubilados y, de demostrarse, cosa que a prima facie pareciera que sí, plantearemos el pedido de inconstitucionalidad conforme a la violación de la última Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a la cual el Estado adhirió en mayo y ampara contra el abuso y el maltrato”, detalló.

También, según Semino, por el avasallamiento del artículo del artículo 75, inciso 22, de la Constitución nacional. “Este ya incorpora, con el Pacto de San José de Costa Rica sobre Derechos Humanos, sociales políticos y civiles, el Protocolo de El Salvador, que en su artículo 17 estipula que los estados contratantes no pueden generar acciones que disminuyan la calidad de los derechos que tienen adquiridos los adultos mayores”, detalló.

Y en ese sentido, indicó que una merma de los haberes por una ley regresiva “obviamente hace que se vean agraviados esos derechos”.

En diálogo con Info Región, abogados previsionales habían advertido también sobre una andanada de acciones judiciales individuales y amparos colectivos. Estos últimos podrían canalizarse por medio de las figuras del Ombudsman, pero también de ONG’s y partidos políticos, además de la misma defensoría de la Tercera Edad presidida por Semino.

“Consideramos que el sistema político no ha percibido la situación real de los jubilados. Lo que se debatió el lunes en Diputados fue cómo el Gobierno sacaba cien mil millones de pesos de la seguridad social y lo colocaba en otro destino. Mientras que la oposición sólo intentó hacerle pagar el costo político. Los únicos ausentes fueron las víctimas, que son los jubilados”, fustigó.

El punto saliente de la reforma aprobada el lunes es el que modifica la fórmula que calcula la movilidad de los haberes, establecida en la ley 26.417, sancionada en 2008. Precisamente, el cálculo vigente establecía un aumento semestral que combinaba la variación del 50% del incremento salarial y el 50% del aumento de los recursos tributarios de la Anses.

La nueva ley sustituye ese cómputo por otro que condiciona el aumento de las jubilaciones, en forma trimestral, al índice del costo de vida y a la fluctuación del PBI. Y también modifica el período en base al cual se calcula la fórmula de incremento.

“Ya lo habíamos planteado antes y lo decimos ahora: los jubilados con 7200 u 8000 pesos se mueren de hambre igual, con lo cual se necesitaría una recomposición urgente del haber y al efecto usar el recurso del fondo de sustentabilidad y garantía, que supuestamente era un fondo anti cíclico y se usó para todo menos para lo que se creó”, disparó.

Cintia Vespasiani