La jueza Martina Forns frenó el lanzamiento del aeropuerto militar del Palomar para que la empresa lowcost “Flybondi” lo utilice con fines comerciales. El recurso de amparo fue presentado por vecinos de Hurlingham ya que se trata de un sitio de la memoria. Desde la Comisión Provincial por la Memoria le reclaman al Estado que “preserve” estos espacios.
Las obras que frenó la jueza son las previstas para julio, que consisten en modificar dos hangares para convertirlos en una nueva terminal de dos plantas, con comercios, terminales de check in automático, Aduana y Migraciones. Se debe determinar si esos hangares formaron parte de un centro clandestino de detención. "Las obras de infraestructura que se pretenden realizar en la I Base Aérea de El Palomar pueden resultar una pérdida de importante prueba para causas penales en trámite", indica el fallo. El Gobierno había advertido que apelaría la decisión judicial pero las obras se retomarán o no cuando se pronuncie el Archivo Nacional de la Memoria que depende de la Secretaría de Derechos Humanos.
De todos modos, la empresa ya comenzó con la venta de pasajes, pese a la imposibilidad de operar, porque espera una resolución favorable. El 10 de febrero saldría el primer vuelo desde el aeropuerto de El Palomar.
“Todos los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención y que son reconocidos así por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que lleva adelante el registro para poder corroborar que existieron lugares así, deben ser preservados por el Estado”, advirtió en diálogo con Info Región Sandra Raggio, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). “El Estado debe promover su preservación como lugares de memoria y para preservar la prueba judicial”, apuntó.
En este marco, precisó que “conscriptos y testimonios de sobrevivientes afirmaron que de allí partieron los vuelos de la muerte”. “El Estado en representación de la secretaría de Derechos Humanos no deberían permitir la destrucción de lugares así, que conservan pruebas”, insistió Raggio, al tiempo que lamentó que pese a la decisión judicial “ya se habían destruido algunos de los espacios utilizados por la dictadura”.
Por otro lado, la referente de la CPM se refirió a los dichos del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, por la domiciliaria al genocida Miguel Etchecolaztz. “Me gustaría ser vecino de Miguel Etchecoltz", había señalado el funcionario. “Creo que preferimos creerle cuando dijo más tarde en un twit que no le gustaría tenerlo a Echecolatz como vecino, porque la verdad que si un secretario de Derechos Humanos de la Nación sostiene una cosa así sería tremendo, un verdadero disparate”, sentenció.
LGO y MDA de la Redacción de Info Región.
Desde la CPM exigen que el Estado preserve sitios de la Memoria
