En el marco de la polémica que involucra a algunos gremios por la detención de dirigentes acusados en casos de corrupción, el sindicalismo continúa en el ojo de la tormenta por dos causas que investigan a organizaciones delictivas dedicadas a emitir documentación apócrifa, lo que habría posibilitado la evasión de miles de contribuyentes, entre los que se encuentran decenas de empresas y sindicatos de todo el país.
Entre ellos, aparecen involucrados sindicatos de referentes de la CGT, como Hugo Moyano (Camioneros), Luis Barrionuevo (Gastronómicos), Carlos Acuña (Estaciones de servicios) y Antonio Cassia (petroleros).
En el marco de la investigación, que surgió de una denuncia de la AFIP, ya fueron procesadas 17 personas, por orden de la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y el juez de Quilmes Luis Armella. Mientras que una persona se encuentra prófuga. Además, allanaron una decena de sindicatos que figuran como usuarios de esta red de evasión.
El operativo para dar con la facturación apócrifa alcanzó también al Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, el Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, el Sindicato de empleados del Corcho, la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh), el Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero y la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, entre otros, según publicó hoy el diario La Nación.
"Hay un patrón: son muchos los gremios que tenían esta documentación apócrifa, ahora hay que determinar quiénes fueron los responsables de la operación dentro de los gremios, si fue un acto doloso y culposo y si la documentación se utilizó, o no, con fines de lavado", indicaron los investigadores al matutino.
En tanto, la causa comenzó con una investigación sobre la actividad del contador Ángel Guidoccio, un hombre cercano a Daniel Angelici y por eso fue denominada "caso Guidoccio". Sin embargo, el contador se despegó de esa operatoria y dijo que se trataba de una "confusión". La Justicia lo separó del caso y puso el foco en quienes le alquilaban oficinas al contador.
La maniobra incluía la creación de sociedades en manos de personas indigentes sin la capacidad económica ni administrativa para llevar a cabo ese tipo de operaciones y que emitían facturación electrónica falsa para entregar a terceros, a los fines de que pudieran evadir impuestos.
Investigan a gremios de Moyano y Barrionuevo por una denuncia de AFIP
