Organismos de derechos humanos denunciaron que Argentina vive en “estado de excepción”, en el que permanentemente se atropellan los derechos humanos. También cuestionaron las políticas económicas.
“Los organismos de derechos humanos queremos manifestar nuestra profunda preocupación por la actual situación del país en la que advertimos la aplicación de políticas económicas que perjudican a las grandes mayorías y cuya aplicación el gobierno sólo puede garantizar con persecución y represión”, señalaron en una conferencia de prensa encabezada por Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
Señalan que “es innegable que desde hace poco más de dos años se viven tiempos peligrosos para el ejercicio de los derechos, para el reclamo y la protesta y para opinar públicamente de forma crítica hacia el gobierno”. “Son peores aún para defenderse de las injusticias llevadas adelante por miembros del Poder Judicial”, apunta el texto.
“Denunciamos que la Argentina está sometida a un estado de excepción permanente que permite el atropello y la violación de los derechos del pueblo”, alertaron los organismos de derechos humanos.
Y agrega: “Denunciamos que, a la luz de los escandalosos e ilegales procesos judiciales que se llevan adelante contra importantes dirigentes de la oposición política, es el propio Estado de derecho el que está en peligro: inversión de la carga de la prueba, vulneración del principio de inocencia, condena sin juicio previo, abuso y distorsión de la prisión preventiva, doble estándar en el acceso a la justicia y violación sistemática del debido proceso son las herramientas de persecución que utiliza la justicia”.
“Denunciamos que la complicidad de los grandes medios no alcanza para ocultar la crisis económica, ni el endeudamiento, ni los despidos, ni el desmantelamiento de políticas públicas de inclusión”, aclararon. Denunciaron también “las políticas económicas de miseria promovidas por el gobierno nacional”.
“La realidad nos angustia pero a la vez nos exige continuar haciendo frente a tantas injusticias. Seguiremos reclamando la libertad a los presos y presas políticas y la independencia de la justicia. Seguiremos denunciando el avance de la violencia institucional, incrementada con la aplicación de decretos que otorgan a las Fuerzas Armadas actuar en asuntos de seguridad interior. Seguiremos denunciando los casos de gatillo fácil y la militarización de zonas de frontera, y territorios habitados por las comunidades originarias. En este sentido seguiremos denunciando la persecución al pueblo mapuche en la Patagonia y la criminalización de la protesta en todo el territorio argentino”, agrega el texto.
Anticiparon que acudirán a organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos. “Volveremos a llevar nuestra voz a las Naciones Unidas, a la OEA, al Vaticano y al Parlamento Europeo. En nuestro país nos reuniremos con las iglesias, las representaciones diplomáticas y los miembros de la Corte Suprema”, apuntaron, al tiempo que convocaron a los distintos bloques en el Congreso, centrales sindicales y movimientos sociales a “defender de manera irrestricta el sistema democrático”.
El comunicado lleva las firmas de Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, H.I.J.O.S. Capital, Asociación Buena Memoria, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
