En el marco del X Encuentro del Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, presentó un informe sobre los resultados de causas e investigaciones de la última década.
Señala que desde la entrada en vigencia la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (2008) se lograron 271 sentencias en las que fueron condenadas aproximadamente 564 personas que perjudicaron al menos a 1204 víctimas, todo ello en causas en las que intervino la Justicia federal.
Desde la entrada en vigencia de la norma, la cantidad total de sentencias fue cada vez mayor de un año al otro: en 2009 fueron 3; al año siguiente, en 2010, se alcanzaron 18; y en 2011 y 2012 se registraron 27. Si bien en 2013 las sentencias fueron 26, aumentaron en 2014 al llegar a 34, y en 2015 se llegó a 48. En 2016 y 2017 se registran la mayor cantidad a la fecha, con 51 por año, mientras que en el transcurso del 2018 (todavía en curso) fueron 29 hasta el momento de la elaboración del informe.
Respecto a las jurisdicciones involucradas en cada caso, Mar del Plata se encuentra primera en el listado, con 33 sentencias, seguida por la ciudad de Córdoba, con 32 y Capital Federal y Comodoro Rivadavia, ambas con 27 casos cada una. Las cifras son similares para Mendoza y Paraná (25), Salta (24), Rosario y San Martín (22). Bahía Blanca y La Plata registran 16 sentencias cada una, mientras que en la localidad rionegrina de General Roca fueron 13. Las cifras descienden en Tucumán (9), Posadas (8) Resistencia y Corrientes (7 sentencias).
De la totalidad de los casos, el 77 por ciento incluía tipo de explotación sexual, mientras que el 19,9% fue de índole laboral, con un 3,2% no especificado. La mayoría de las causas se llevaron adelante en audiencia de debate (un 66,9%), mientras que la instancia de juicio abreviado se llevó a cabo sólo en un 30,3% de los casos. De la totalidad de los condenados, 433 son de nacionalidad argentina y 137 de origen extranjero. De ellos, el 63,6 por ciento es de género masculino, el 36% restante femenino, y un 0,4% trans.
En 232 casos, los imputados fueron condenados por trata, mientras que 40 de ellos obtuvieron veredicto absolutorio y otros 38 fueron sentenciados por delitos conexos. En el 82,3 por ciento de los casos, las víctimas de estos delitos fueron de género femenino y un 17 por ciento masculino, con un 0,7 restante de víctimas trans.
El Consejo Federal -creado en virtud de la Ley 26.842 y que comenzó a sesionar en el año 2016- busca articular y coordinar las acciones de prevención, investigación, persecución, sanción y asistencia que, en materia de trata y explotación de personas, desarrollan distintos organismos estatales. Asimismo, se trata de un espacio federal en el que se encuentra representada también la sociedad civil, a través de la incorporación rotativa de tres organizaciones no gubernamentales dedicadas a la lucha contra la trata de personas.
Las sesiones que lleva adelante el Consejo tienen por objetivo revisar las instancias de implementación y articulación de las políticas en esta materia, así como la de consensuar y proponer a las autoridades correspondientes las políticas públicas y de persecución penal que tiendan a fortalecer la lucha contra este fenómeno de criminalidad organizada.
