La titular de la Coordinadora contra la Represión Policíal e Institucional (Correpi), María del Carmén Verdú, criticó al gobierno nacional por la decisión de que las fuerzas de seguridad utilicen las pistolas taser en aeropuertos y estaciones de trenes ya que consideró que “es inaceptable” en un país como Argentina.
“Estamos absolutamente en contra porque es un instrumento de tortura, es una picana a distancia portatil y pensar su uso por parte de las fuerzas de seguridad en nuestro país, y con nuestra historia, es totalmente inaceptable”, remarcó en diálogo con Info Región.
En este sentido, indicó que desde 2008 a 2014 en Estados Unidos se registraron 602 casos de muertes producidas por estas descargas eléctricas. “Es un arma de tortura, por eso el comite de la ONU las prohíbe”, aseveró, al tiempo que reconoció que esta impronta “no sorprende” porque ya habían intentado implementarlo hace unos años con la Policía Metropolitana.
Clima electoral
La dirigente de Correpi planteó que esta situación de las pistolas taser se suma a una serie de iniciativas que el gobierno puso en agenda en las últimas semanas con objetivos electorales, como la baja en la edad de imputabilidad o la situación con los extranjeros que delinquen. “Instalar estos temas tiene que ver con la imposibilidad de mostrar algún éxito en las políticas económicas. Están generando estas medidas de demagogia punitiva que le sirve para conservar los votos de quienes lo votaron antes y convencer a alguno más. Están apostando al ‘voto bala’, analizó.
Puntualmente sobre la baja en la edad de imputabilidad, Verdú enfatizó que “los propios números del Ministerio de Justicia de la Nación demuestran que la participación de menores de 18 años en delitos penales es de apenas 1,5 por ciento”. “No se busca solucionar una problemática. Se trata de discusiones que reflotan siempre en momentos puntuales, en el marco de un año electoral con crisis económica y social”, finalizó.
