la Fiscalía Federal Nº2 de Lomas de Zamora a cargo de Cecilia Incardona precisó que un total de 351 causas fueron abiertas por violar la cuarentena luego de la disposición del Gobierno nacional de decretar el aislamiento social preventivo y obligatorio ante la pandemia de coronavirus.
En esa sintonía, detallaron que un total de 599 personas fueron imputadas y 133 vehículos fueron secuestrados por estar en infracción al artículo 205 del Código penal, informaron desde el Ministerio Público Fiscal.
Entre dichas investigaciones se destaca, en primer lugar, la denuncia de la Clínica Espora de Adrogué respecto a un trabajador de la salud de la Municipalidad de Ezeiza: “Había sido internado allí con síntomas de Covid-19 y trató de escaparse. El juzgado dispuso su traslado a su domicilio y le impuso una consigna policial. Finalmente, el caso se desestimó, ya que el test dio negativo para la enfermedad”.
Los vecinos de Lomas de Zamora, por otra parte, “denunciaron a un hombre por violencia, que fue detenido por personal policial de la Comisaría 7ma., constatándose luego que su abuela se encontraba internada en el Hospital Gandulfo con Covid-19. Por tal motivo se aisló preventivamente a los nueve agentes que participaron de la detención y se trasladó al imputado al Hospital Municipal de Llavallol a la espera del resultado de su test de detección de Coronavirus, que finalmente dio negativo. El hombre ya fue indagado y se encuentra con arresto domiciliario”.
Asimismo, “se requirió investigar la denuncia del secretario de Protección Ciudadana de la Municipalidad de San Vicente respecto de la actuación de una institución médica ubicada en otro partido, en el que tuvo lugar el fallecimiento de dos personas con un cuadro de salud compatible con el Covid-19. La clínica denunciada no habría dado cumplimiento al protocolo de actuación médica que obliga a anoticiar a las autoridades sanitarias y a extremar los cuidados para evitar que el personal médico, en contacto con el paciente, contraiga la enfermedad. A ello se suma, que habría ocultado la causa de muerte y que todo ello habría afectado a la localidad de Domselaar y al partido de San Vicente, debido a que existen profesionales de la salud que prestan servicios en los dos municipios”.
Finalmente, la fiscalía apunta el requerimiento del “embargo de un hostel ubicado en Monte Grande, que durante el periodo de aislamiento preventivo había recibido a cinco ciudadanos canadienses sin contar con habilitación para su funcionamiento y que, a pesar de su clausura, continuó efectuando ofertas de alojamiento a través del sitio ‘Booking’”.
