La crítica más reiterada a la decisión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha sido que incurre en la infantilización de las personas mayores de setenta años al exigirles que pidan autorización telefónica para salir de sus casas. El cuestionamiento, razonablemente, se asienta en que los ciudadanos, independientemente de su edad, están en condiciones de manejar la información pública disponible y tomar decisiones responsables al respecto.
En paralelo, la provincia de Buenos Aires, a través de su ministro de Salud, Daniel Gollan, anunció que se prepara para pasar a una nueva fase de la cuarentena obligatoria, en lo que sólo puede interpretarse como el comienzo de la flexibilización de las restricciones.
En esa línea, el Gobierno nacional ha ofrecido a provincias y municipios que hagan sus propias propuestas de flexibilización de las condiciones de aislamiento.
En ese contexto, se vuelve cada día más llamativo y preocupante que el gobierno bonaerense mantenga su negativa a informar la localización de los casos confirmados de coronavirus y las muertes ocurridas como consecuencia de esa enfermedad.
Desde el inicio de la pandemia, buscó en el ministerio de Salud provincial la información oficial sobre la cantidad de infectados en el conurbano bonaerense. Si bien en los primeros días esos datos eran suministrados por la Región Sanitaria VI, a la que pertenece el sur del Gran Buenos Aires, a poco de andar las autoridades del ministerio centralizaron el manejo informativo -que no sería grave-, y lo restringieron.
Concretamente, el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires prohibió a la Región Sanitaria VI que difunda la información detallada y presionó a los municipios para que no publiquen los casos que se detectan en sus territorios.
Las razones del ocultamiento
Cuando Info Región reclamó explicaciones por la falta de información, la respuesta del área de prensa del ministerio fue tanto o más infantilizante que la decisión del Gobierno porteño. “No queremos generar pánico”, afirmaron.
“Es obvio por qué no se informa: para no generar psicosis en los municipios, ni en los hospitales. Ni que los pacientes infectados se sientan invadidos en su intimidad”, se explayaron.
El absurdo se entiende con algunos datos geográficos. La superficie de la Provincia es comparable con la de Italia y un poco inferior a la de España. No georreferenciar los datos aquí es como si esos dos países europeos sólo informaran cuántos casos tienen a nivel nacional, sin precisión sobre el impacto por región o por ciudad.
Con el mismo criterio que usa el ministro Gollan, los italianos no sabrían que el epicentro de la pandemia se produce en la región de Lombardía y España no estaría enterada de que las comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha y Cataluña están al tope de muertos por habitantes.
Es inadmisible que -bajo el argumento de que no nos volvamos locos- no nos digan dónde se concentran los casos de Covid-19 en un territorio de más de 300 mil kilómetros cuadrados. Implica una subestimación de la capacidad de comprensión de la realidad que no tiene relación con la génesis de un gobierno democrático como este.
Suponer que habría psicosis en hospitales o en los municipios por informar dónde se registran casos es, por lo menos, subestimar a la sociedad. Además, implica ignorar que existen otros canales por los cuales circula la información, más allá de los oficiales, lo que facilita las condiciones para que se produzcan errores en el manejo de los datos.
Por otra parte, resulta inadmisible evaluar la posibilidad de flexibilizar la cuarentena, como pretende el ministro Gollan, si no sabemos qué pasa en el cada municipio de la Provincia.
La referencia de funcionarios provinciales a respetar la intimidad de las personas no merece siquiera un análisis. Nadie pretende nombres y apellidos de los enfermos.
No hay razones para que el gobierno provincial se apropie de la información estadística básica sobre la evolución de la pandemia en este territorio. No es una prerrogativa de un gobierno democrático el ocultamiento de información de este tipo, es un derecho de los ciudadanos de la Provincia saber qué es lo que ocurre.
