El juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el Ex Pozo de Banfield y en Ex Pozo de Quilmes fue nuevamente postergado. El proceso tenía fecha programada para el 5 de mayo pero su comienzo se vio afectado por la cuarentena. Organismos de Derechos Humanos solicitaran la reanudación “urgente” del juicio, pero uno de los tres jueces que componen el Tribunal a cargo solicitó un pedido de excusación, el cual fue aceptado y se dilató nuevamente el inicio del proceso.
A fines de mayo la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Lomas de Zamora, junto con otros organismos por los derechos humanos, exigieron la reanudación “urgente” de los juicios de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar en el ex centro clandestino de detención y exterminio “El Pozo de Banfield”.
En este marco, desde la Mesa de Trabajo del ex Pozo de Banfield, uno de los referentes, Daniel Prasell, explicó a Info Región que “gracias a las presentaciones desde la Secretaría de DDHH de la Nación y la Subsecretaria de DDHH de la Provincia, como también pronunciamientos de organismos de DDHH como Abuelas de Plaza de Mayo y APDH se pudieron retomar algunos procesos que ya estaban empezados”.
A pesar de ello, Prasell sostuvo que en el caso del Ex Pozo de Banfield la fecha de inicio era para el 5 de mayo, pero fue postergado por la cuarentena, por lo cual el proceso nunca comenzó. Y ahora la situación es más compleja porque uno de los tres jueces que componen el tribunal (Walter Venditti, Eduardo Guillermo Farah y Esteban Carlos Rodríguez Eggers) se excusó.
“Eduardo Farah presentó un pedido de excusarse aludiendo que debe cuidar a su madre de 86 años, y le fue concedido”, planteó, y recordó que “ahora se deberá designar desde la Cámara Federal de Casación Penal un nuevo juez para lo cual, por supuesto, no hay fecha y lamentablemente cuando estos procesos se dilatan la impunidad biológica juega a favor de los represores”.
El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata y serán juzgados 14 represores, entre ellos Miguel Etchecolatz y el médico policial Jorge Berges, imputados de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio (Ex Pozo de Banfield y Ex Pozo de Quilmes). Se espera que cuando inicie participen testimonios de 400 testigos, sobrevivientes y familiares.
“En todo juicio de lesa humanidad lo más importante siempre es la reparación a las víctimas y la posibilidad de que se pueda obtener justicia, por eso debemos seguir visibilizando esta situación hasta que se designe nuevamente un juez y se pueda encarrilar nuevamente la situación”, remarcó el referente de la Mesa de Trabajo del ex Pozo de Banfield.
El Pozo de Banfield funcionó bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de Banfield en las calles Siciliano y Vernet de Lomas de Zamora, desde 1974 hasta al menos octubre de 1978, según testimonios de los sobrevivientes. De las 253 personas que fueron allí torturadas, 97 permanecen desaparecidas y al menos 16 son mujeres que dieron a luz en la maternidad clandestina.
El Pozo de Quilmes funcionó en la sede de la Brigada de Investigaciones de Quilmes, en las calles Alison Bell y Garibaldi, y pasaron por allí 183 víctimas.
