4 de julio de 1976
Es domingo, 7 de la mañana, hora de la primera misa, ésa en la que se mezclan las señoras que amanecen temprano y los jóvenes que regresan muy tarde. Extrañamente, las puertas están cerradas, el tiempo pasa y la impaciencia de la feligresía hace que el organista parroquial, un joven llamado Rolando Savino, decida entrar por una ventana que sabía quedar abierta. Esa ventana de la parroquia de san Patricio en el barrio porteño de Coghlan fue su ventana al infierno.
En el primer piso encontró los cadéveres de tres sacerdotes y dos seminaristas integrantes de la congregación Sociedad del Apostolado Católico -los palotinos- asesinados mientras dormían. ¿Sus nombres? los sacerdotes Alfredo Leaden, de 57 años; Alfredo José Kelly (43) y Pedro Eduardo Dufau (70), y los seminaristas: Emilio José Barletti (23) y el gallego de Pontevedra Salvador Barbeito Doval de 24 años. Los asesinaron un domingo. Los masacraron antes de misa.
En el primer piso del edificio donde la congregación vivía y desarrollaba sus actividades en vez de misales y bolsas con donaciones encontró un enorme charco de sangre sobre una alfombra roja y, sobre ella, prolijamente alineados cinco cuerpos boca abajo metódicamente acribillados. En la puerta, escrita con tiza, la firma: “Por los camaradas dinamitados en Coordinación Federal. Venceremos. ¡Viva la Patria!”
“Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son M.S.T.M. (Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo)”, explicaba un texto sobre una alfombra, mientras que sobre el cadáver de Barbeito una viñeta de Quino completaba la escenografía macabra. Era ésa donde Mafalda señala un bastón policial al que define como “el palito de abollar ideologías”.
“Yo pensé que estaba soñando. Me tomó casi diez minutos cerciorarme que no era un sueño, una pesadilla. Atino a bajar despacio las escaleras. Salgo y toda la gente me pregunta qué pasó”, contó Savino 40 años después en una entrevista al matutino Página/12.
Toda esa puesta en escena demostraba que el crimen era una respuesta al atentado del 2 de julio cuando Montoneros hizo volar el comedor de Seguridad Federal asesinando a 20 policías.
La historia oficial
“En la finca de Estomba 1942, se produjo un grave hecho de sangre… se encuentra una especie de sala de estar… se observa que sobre el piso de la misma y en posición de cúbito ventral se encuentran 5 cuerpos de personas de sexo masculino, los que todavía calientes presentan signos evidentes de estar muertos, mediante la acción de armas de fuego, por cuanto se observan grandes charcos de sangre… se procede a identificarlos y en orden correlativo resultan ser el número 1 Salvador Barbeito, el N° 2 Alfredo Kelly (párroco), el N° 3 Alfredo Leaden, el N° 4 Emilio Neira (seminarista) y el N° 5 Pedro Duffau (párroco)” , consignaba en su inconfundible prosa policial el acta firmada por el titular de la 37, comisario Rafael Fensore, que confundía a Barletti por Neira.
5 de julio. El diario La Nación publica su crónica sobre la masacre basada en la versión oficial expuesta en un comunicado del Comando de la Zona I del Ejército: “Elementos subversivos asesinaron cobardemente a los sacerdotes y seminaristas. El vandálico hecho fue cometido en dependencias de la iglesia San Patricio, lo cual demuestra que sus autores, además de no tener Patria, tampoco tienen Dios.”
Ese mismo día, más de tres mil fieles asisten a la misa en memoria de los asesinados. Entre ellos figuran varios jerarcas del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional que deberán soportar el sermón del asuncionista Roberto Favre y que, pese a aparecer mutilado en el diario Clarín, es una acusación inapelable: “No puede haber voces discordantes en la reprobación de estos hechos. Tenemos necesidad de buscar más que nunca la justicia, la verdad y el amor para ponerlas al servicio de la paz… Hay que rogar a Dios no sólo por los muertos, sino también por las innumerables desapariciones que se conocen día a día… En este momento debemos reclamar a todos aquellos que tienen alguna responsabilidad, que realicen todos los esfuerzos posibles para que se retorne al Estado de Derecho que requiere todo pueblo civilizado.”
La verdad empieza a asomar por muchas vías. “Yo tuve que darle la hostia al general (Carlos Guillermo) Suárez Mason. Puede imaginar lo que siento como cura… Sentí ganas de pegarle con el puño en la cara”, le admitirá el entonces nuncio apostólico en la Argentina, Pío Laghi, quien había concelebrado junto con 150 sacerdotes la misa de homenaje a los asesinados, al director del diario Buenos Aires Herald, Robert Cox. Suárez Mason -apodado Pajarito- comandaba el cuerpo de ejército con sede en Buenos Aires bajo cuya jurisdicción operó el grupo de asesinos.
La marca de Caín
Al mes siguiente, en agosto, un grupo armado secuestró por unas horas al periodista católico Mariano Grondona a quien liberó tras unas horas de cautiverio con un cometido claro: advertir a la curia que dejaran de tolerar a sacerdotes de izquierda o “proseguirían los episodios como el de los palotinos y sufrirían una escalada hacia la jerarquía eclesiástica”, el mensaje llegó a Laghi y al vicario castrense, Adolfo Tortolo, aunque el hecho tomó estado público recién en 1984.
La marca de Caín toma muchas formas y tiene testigos inesperados. A la una de la mañana de ese 4 de julio, tres jóvenes, Luis Pinasco, Guillermo Silva y Julio Víctor Martínez, vieron dos autos estacionar frente a la iglesia de San Patricio. Martínez, casualmente era hijo de un militar y temió un atentado contra su padre por lo cual se dirigió a la seccional 37 de la Federal a contar sus sospechas. La comisaría despachó un patrullero en el que iba el oficial Miguel Ángel Romano quien habló con los ocupantes de los autos, tras lo cual se retiró. Una hora después, a las 2 de la mañana, Silva y Pinasco vieron salir de esos autos a un grupo con armas largas para perderse dentro de la iglesia.
“El padre Kelly representaba la posición más relacionada con los grupos de avanzada del catolicismo, pero numerosos testimonios confirman que no era un sacerdote tercermundista, aunque haya condenado, desde el púlpito de San Patricio, la violencia de la represión ilegal. Duffau, en cambio, se asemejaba al religioso tradicional, preocupado estrictamente por lo litúrgico y la obra educativa. Leaden era un clérigo de prestigio entre las autoridades eclesiásticas argentinas; días antes de su asesinato había sido postulado para ocupar el Obispado de Quilmes. No era tan tradicional como Duffau ni tan progresista como Kelly. Frente a la renovación y las nuevas ideas, Leaden adoptó un claro sentido pragmático; no encabezar ni fomentar el desarrollo de un compromiso de avanzada, pero tampoco impedirlo. Kimel señaló que el objetivo final de la masacre fue “frenar el desarrollo de todo un sector del cristianismo que, desde mediados de la década del ’60, buscaba el horizonte de una nueva Iglesia, de una renovación opuesta a las prácticas y a la ideología social de la jerarquía tradicional”, así describirá a cada una de las víctimas el periodista Eduardo Kimel en su investigación la masacre de San Patricio.
7 de julio. La Conferencia Episcopal elevó una nota a la Junta Militar: “consideramos los graves hechos de violencia que han sacudido últimamente y en forma desconocida, al país, hiriendo íntimamente el corazón de la Iglesia. Nos referimos, naturalmente, al incalificable asesinato de una comunidad religiosa en la Parroquia de San Patricio en Buenos Aires…”.
“El suceso narrado coincidió en el tiempo con la recepción de otra carpeta «confidencial» que contenía documentación perteneciente a los Padres Palotinos… el cura párroco Alfredo Leaden y Pedro Duffau y los seminaristas José Emilio Barletti y Salvador Barbeito. Agrega el declarante que entre la actividad ejercida por el Ministerio del Interior, estaba la vigilancia sobre aquellos sacerdotes denominados ‘tercermundistas’ existiendo un archivo de 300 nombres con informaciones detalladas sobre la actividad de cada uno de ellos. En referencia al caso de los Padres Palotinos, el declarante posee en su poder una agenda telefónica de uno de los sacerdotes, que guardó como prueba de que dicha documentación se encontraba en dependencia del Ministerio del Interior en la época de referencia…”, declaró el ex oficial de la Federal Peregrino Fernández ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones forzadas en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra.
El primer juez a cargo del caso fue Guillermo Rivarola. En 1977 el fiscal Julio César Strassera pidió el sobreseimiento provisorio de la causa pues no había a quienes acusar. Sin embargo quedaron las declaraciones de los testigos que demostraban que la comisaría 37 había encubierto el delito y que el policía Miguel Angel Romano mentía.
En 1984 y tras el retorno de la democracia, el juez Néstor Blondi volvió a abrir la causa y logró el testimonio de Pedro Álvarez, el policía que custodiaba la casa del general Martínez Waldner, aquel militar que era gobernador de facto en Neuquén y cuyo hijo vio los autos e hizo la denuncia en la 37 la noche de los asesinatos. Álvarez contó que Romano luego de hablar con los ocupantes de los autos se le acercó y le advirtió: “Si escuchás unos cohetazos no salgás porque vamos a reventar la casa de unos zurdos.”
Si bien el fiscal Aníbal Ibarra solicitó el procesamiento del policía Romano y del comisario Rafael Fensore, por considerarlos partícipes del homicidio múltiple, en junio de 1987 el juez Blondi los desprocesó y cerró la causa alegando que los delitos habían prescripto.
Por su parte, la iglesia inició su propia investigación para la cual Laghi y el primado de la Argentina, el cardenal Juan Carlos Aramburu, designaron al sacerdote Efraín Sueldo Luque y si bien los resultados de la pesquisa nunca fueron anunciados en 1985 Héctor Ruíz Núñez reveló en la revista El Periodista que tras las averiguaciones fueron excomulgados vecinos del barrio de Belgrano por haber participado en los crímenes.
En 2016, la periodista Alejandra Dandán publicó que mientras en el Vaticano se tramitaba la canonización de los palotinos, en paralelo había discretas gestiones para levantar las excomuniones.
“Hermanos: he sabido que hay gente de esta parroquia que compra muebles provenientes de casas de gente que ha sido arrestada y de la que no se conoce su destino. En todo el país surgen más y más de estos casos. Madres que no saben dónde están sus hijos, hijos que no saben dónde están sus padres, familias forzadas al exilio, señales de muerte por todos lados. Leemos el Antiguo Testamento donde vemos al pueblo de Israel perseguido, maltratado y exiliado, nos conmovemos ante estos pasajes y no podemos conmovernos, no podemos reconocer en estos días, la persecución que sufre nuestro pueblo. Quiero ser bien claro al respecto: las ovejas de este rebaño que medran con la situación por la que están pasando tantas familias argentinas, dejan de ser para mí ovejas para transformarse en cucarachas”, había predicado Kelly desde el púlpito días antes de ser masacrado. Tal vez sus asesinos estaban en los bancos tomando nota.
Curiosamente, la curia argentina no se presentó como querellante. Hubo discretas gestiones y ofertas por parte de la dictadura como la de volver a imponer la educación religiosa que fueron rechazadas por la jerarquía eclesiástica que siempre mantuvo línea directa con el entonces ministro del Interior, Albano Harguindeguy. Por su parte, el Vaticano avaló las gestiones pero les ordenó que la información acerca de los resultados fuera compartida entre todos los obispos.
“La Iglesia sabe sin lugar a dudas que los sacerdotes fueron asesinados por fuerzas de seguridad del gobierno”, dijo Aramburu. Harguindeguy intentó contestarle, pero Aramburu advirtió: “Sería mejor que no hiciera ningún comentario, ya que cualquier negativa sería una mentira”, reveló en 2005 el periodista Horacio Verbitsky.
Recién en junio de 2016 la Iglesia anunció que por intermedio de la congregación palotina se presentaría como querellante.
El otro calvario
La primera investigación orgánica sobre la masacre que tomó estado público fue en 1989 y estuvo a cargo del periodista Eduardo Kimel quien tras la publicación de su libro La masacre de San Patricio, padeció su propio calvario.
Tras reunir testimonios, documentos y elementos de prueba de las investigaciones truncas, armó un trabajo robusto y consistente sobre el crimen, sus autores materiales e intelectuales y de qué roles jugaron el Poder Judicial y la jerarquía de la Iglesia católica.
Kimel no sólo reveló que los integrantes del grupo de tareas estuvo compuesto por el teniente de navío Antonio Pernías, el teniente de fragata Aristegui, el suboficial Cubalo y Claudio Vallejos sino que indica que Harguindeguy había reconocido en sus reuniones con autoridades eclesiásticas que la matanza había sido obra de un “grupo del gobierno salido de control” y que el entonces jefe de la Armada, Emilio Massera, había asumido la responsabilidad militar del hecho.
“En la Iglesia había muchas manzanas podridas que había que eliminar, como ya hicimos con los curas palotinos”, se jactaba Pernías ante una de sus víctimas, Graciela Daleo, secuestrada en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) por un grupo de tareas en 1977.
Kimel precisó que si bien el primer juez de la causa, Guillermo Rivarola, cumplió con las formalidades de rigor no demostró demasiado entusiasmo por llegar a la verdad. Ese párrafo le valió una querella por calumnias e injurias del togado dictatorial y el periodista fue condenado en primera instancia por la jueza Ángela Braidot a un año de prisión en suspenso, a pagar 20.000 pesos y le prohibió salir del país. Kimel apeló y en 1996 la Cámara dejó sin efecto el fallo de primera instancia. Sin embargo, la Corte Suprema de la mayoría automática volvió a condenar al periodista en los términos de la sentencia inicial.
“Tengo un sentimiento de indignación. Mientras los asesinos siguen en libertad y los policías que encubrieron el caso también, el único procesado y condenado por la Justicia es el autor del libro que relata el episodio”, decía Kimel.
Esa condena hizo que en 2001 Kimel con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional presentara su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien hizo suya la denuncia y la elevó en 2004 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que -cuatro años después- pidió al Estado argentino dejar sin efecto la condena contra el periodista y que reformara su legislación en materia de calumnias e injurias.
“Este proceso fue muy largo pero valió la pena. No por una cuestión personal, sino por lo que tiene que ver con la memoria colectiva. En estos años hubo muchos compañeros que me acompañaron, pero quiero recordar en especial todo lo que hizo mi esposa Griselda Kleiner, quien falleció. Ella estuvo a mi lado, jamás me abandonó”, señaló Kimel en 2007 al presentar su caso ante la CIDH.
A este fallo se debe que la por entonces presidente de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, presente en 2009 un proyecto de ley despenalizando las calumnias e injurias en casos de opiniones de interés público, proyecto que fue convertido en una ley conocida como Ley Kimel. “Prefiero mil millones de mentiras antes que acallar a alguien”, sostuvo la presidente en ese entonces.
Kimel falleció el 10 de febrero de 2010. Tenía 57 años.
El 24 de noviembre 2011 la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal anuló su condena.
Las declaraciones de Pernías ante los cautivos de la ESMA hicieron que el juez Sergio Torres abriera una nueva línea de investigación en el marco de la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad en ese centro clandestino de detención.
La investigación sigue activa.
Martirio y el camino de Roma
En 2001 Juan Sebastián Velasco, responsable de la orden palotina, y el laico Francisco Chirichela postularon la canonización de los cinco religiosos, y en junio de 2005 el entonces cardenal primado de Argentina y arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, autorizó la apertura de la causa que, para seguir adelante requiere demostrar que hubo martirio. El entonces cardenal Bergoglio realizó entre 2009 y 2011 consultas con los obispos y no logró unanimidad de opiniones.
“Cuando la causa es de martirio no necesariamente buscamos probar ningún milagro. Lo que tenemos que probar es el martirio. Se supone que quien murió mártir vivió las virtudes heroicas en vida”, explicó Velasco quien agregó que buscan “honrar la memoria de nuestros hermanos, que murieron por tener una vida al servicio del evangelio”.
Muchos años después del asesinato llegaron los homenajes. En la romana iglesia San Silvestro sede de la orden de los palotinos y donde se custodia una hipotética cabeza de san Juan Bautista se inauguró un monumento en homenaje a los asesinados a quienes la orden ya considera como mártires.
También la congregación organiza el Camino de Martirio de los cinco religiosos, una procesión que une cinco puntos en memoria del martirio de cada uno de ellos. Parte desde la capilla Stella Maris ex ESMA, desde donde partió el grupo de tareas que asesinó a los palotinos, continua por la parroquia San Bonifacio -un centro de espiritualidad palotina-, sigue por la parroquias Inmaculada Concepción y Nuestra Señora de Lourdes y concluye en la de San Patricio.
En la misa por el 40 aniversario de la masacre, el 4 de julio de 2016, el arzobispo porteño, cardenal Mario Poli, puso de relieve que “el martirio no es un don que se busca. Es algo a lo que se llega a partir de la virtud y el testimonio en Cristo. Los hermanos palotinos llevaron con fidelidad una lógica de vida y alegría. Vivieron en compromiso con los débiles y los pobres… La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos… También las cicatrices de Jesús se vieron en los cuerpos de nuestros hermanos religiosos asesinados el 4 de julio y así se presentaron ante el Señor de la Misericordia”.
4 de julio La masacre de San Patricio
Documental dirigido por Juan Pablo Young y Pablo Zubizarreta. Rosario, 2008
