La jueza Marisa Salvo, a cargo del juzgado de garantías N° 5 de Lomas de Zamora, avaló el cambio de carátula de la causa del joven que fue baleado en un allanamiento y perdió un ojo: El efectivo se encuentra imputado por tentativa de homicidio.
En diálogo con Info Región, el abogado de la familia del joven baleado, Eduardo Gómez, confirmó el cambio de la calificación, que en principio era “lesiones graves”, y explicó que la idea “es tratar de que no solamente el que apretó el gatillo sea el responsable, sino el que llevó a cabo la expedición y también el que investigó”.
“Tal como se desarrolló la situación, hay una cantidad de negligencia muy grande, por parte del Estado, que no puede dejarse pasar. Lo hemos demostrado y expuesto en el expediente. Es imposible equivocarse como se equivocaron”, señaló.
El pasado 20 de junio, la Policía allanó una vivienda en la localidad de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, y una posta de goma impactó en la cara de un adolescente de 17 años, quien sufrió la pérdida de un ojo. En un principio, el efectivo fue imputado por “lesiones graves”, pero hoy la acusación es “tentativa de homicidio agravado por un miembro de la fuerza pública”.
“La casa del adolescente baleado no tenía numeración. Y a tres casas, con un color verde furioso, estaba la casa con el número 1802, que es la que debía allanarse. La negligencia fue muy grave, es el Estado el que debe hacerse responsable”, agregó Gómez.
En ese sentido, el abogado de la querella particular destacó “la situación económica en la que quedó la familia” luego del hecho. “Hay que hacer muchos estudios. Se le sigue sacando perdigones de goma y perdió el ojo. Se tienen que poner en una situación económica muy preocupante. Es importante que el Estado se haga responsable de los gastos”, añadió.
El hecho
“Los agentes habrían actuado de manera arbitraria no solo por el uso de la fuerza desplegada, sino porque también habrían ingresado a domicilios no requeridos por la orden de allanamiento, secuestrando bienes personales de los habitantes y construyendo una versión que intentaría justificar su accionar irregular”, señala el comunicado. Por ello es que, además, “se pidió investigar la legalidad de la conformación del acta realizada por los agentes, atento a una posible falsedad de documento público”.
Días más tarde, el efectivo, del Grupo Apoyo Departamental (GAD) con jurisdicción en dicho partido de la zona sur del conurbano, fue desafectado de la fuerza y la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial le abrió un sumario.
