Restan días para que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) a través del cual el Gobierno congeló los alquileres, prorrogó los contratos y dispuso la suspensión de los desalojos llegue a su fin. La medida vencerá el 30 de septiembre y comienzan los entre inquilinos y propietarios ante una eventual prórroga.
Juan Carlos Donsanto, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, dialogó con Info Región y afirmó que “sin duda, sería un error” extender la medida. Representantes de inquilinos aseguran que muchos aún no pueden afrontar el pago del alquiler, pero desde la entidad lo desmienten.
“Es sólo un sector que manifiesta todo esto, y está muy lejos de la realidad. Los inquilinos adhirieron al DNU en un número ínfimo, y es algo para destacar. Es un hecho positivo. Todos eligieron seguir honrando los compromisos que acordaron”, explicó Donsanto.
Detalló que “el nivel de pago, sobre todo en las viviendas o locaciones comerciales, están en una orden del 85 por ciento”, por lo que “sólo un 15 por ciento tiene algún tipo de problema”. “De esos, un 10 por ciento es histórico, se viene manejando en el mercado desde hace tiempo, por eso no va a haber mucho problema. Pintan un panorama que no es”, subrayó.
“Sin duda que sería un error extender el decreto. También se habla de evitar los desalojos, cuando en líneas generales siempre se llega a una negociación. Por suerte, los inquilinos tratan de resolver el contrato de la mejor forma. Se miente mucho y se distorsiona mucho. Es una problemática normal. Los inquilinos van a salir de acá sin deudas”, ponderó.
En la otra vereda, inquilinos apuestan a la extensión del DNU. Desde la organización Alquiler Justo Lanús destacaron que es “muy necesaria” la implementación de una prorroga tanto en la fijación de los precios de los alquileres como en la extensión de los contratos.
“Si bien se fueron reactivando distintas actividades en estos meses, según la última encuesta nacional de inquilinos que hizo la Federación, un tercio de las familias tuvieron dificultades para pagar. Además, todavía no está normalizado el mercado inmobiliario, no es tan fácil ir a ver propiedades. Mucha gente con factores de riesgo incluso, que no deberían tener que exponerse a recorrer propiedades con el riesgo de contagiarse”, señaló Alexis Schamne Araoz, fundador y referente de la entidad, a Info Región.
Al respecto, sostuvo que “fue de mucha ayuda tener una herramienta legal” que los ampare, y valoran “positivamente que el gobierno nacional haya actuado con rapidez en el comienzo del aislamiento”, aunque “se quedó a mitad de camino”. “Nunca hubo una autoridad de aplicación clara. Tuvimos miles de denuncias de incumplimiento que no sabíamos dónde direccionarlas. Todo el trabajo recayó sobre las organizaciones de inquilinos, que hicimos fuerza para que se cumpliera”, agregó.
“Por eso ahora pedimos que si hay una extensión, cómo deslizó el presidente (Alberto Fernández), haya una autoridad de aplicación clara. Los dueños algunos aceptan y otros no, pero si el estado no se mete a mediar, siempre termina siendo una negociación en la que los inquilinos siempre estamos en desventaja, y dependemos de nuestra capacidad de organización”, subrayó.
Araoz, a su vez, se refirió a los desalojos, prohibidos por el DNU, y expresó su deseo de “que dentro de la ampliación, estén incluídos”. “Hay un millón de familias que podrían ser desalojadas en octubre. Es muy grave. Para evitar desalojos necesitamos también que la extensión incluya algún tipo de programa de pago, que ayude al desendeudamiento de las familias. Muchos inquilinos tuvieron que sacar créditos para pagar el alquiler, y hay que atender esas situaciones también”, concluyó.
