El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires expresó su “profunda consternación” por la muerte de un joven de 17 años en el centro de detención Almafuerte y solicitó que se optimice la supervisión profesional y se garanticen los derechos de los jóvenes en condición de encierro.
Un joven de 17 años fue hallado muerto en el el establecimiento de Seguridad para Adolescentes “Almafuerte”. Se habría ahorcado, informaron fuentes de la investigación. Y se trata del segundo episodio de este tipo en pocos días, pero en la ocasión anterior, el joven pudo ser salvado con prácticas de reanimación.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires expresó su “profunda consternación e irreparable dolor ante la muerte de un joven en el establecimiento de Seguridad para Adolescentes”, y recordó que esto “ha motivado la convocatoria a reuniones extraordinarias de la Comisión Provincial del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil”.
“Este suceso se suma a lo ocurrido, en similares circunstancias de encierro y -aparentemente- del modo del deceso, hace dos meses con otro joven alojado en el Centro Cerrado Pablo Nogués. Debe destacarse que en esta oportunidad un segundo adolescente fue rescatado de un intento de autoeliminación y reanimado a tiempo”, detalla el comunicado difundido en las últimas horas.
La entidad plantea que “las situaciones de estos establecimientos de seguridad, aún más preocupante en el actual contexto de restricciones en los contactos personales y familiares a que obliga la pandemia de Covid-19, impone la adopción de medidas excepcionales de atención y cuidado de cada uno de los detenidos. Es necesario optimizar la supervisión profesional sobre la población de adolescentes actualmente privados de la libertad en los distintos dispositivos especiales de confinamiento penal”.
“Como recurso de última y extrema necesidad, la privación de la libertad de adolescentes bajo cargos de naturaleza penal debe ser ejecutada asumiendo y asegurando el funcionamiento institucional adecuado. Para eso se requiere de establecimientos, programas y servicios que garanticen el derecho a la salud, a la seguridad física, a la educación, a las relaciones familiares y personales de la población juvenil en situación de encierro, en consonancia con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y sus documentos resultantes, y con apoyo en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que integran nuestra Constitución Nacional”, aclara.
Por todo esto, “el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires se pone a disposición para trabajar conjuntamente con los tres poderes del Estado en la inmediata solución de esta acuciante problemática”, concluye el comunicado.
