Agrupaciones de inquilinos estiman que alrededor del 30 por ciento de quienes alquilan viviendas tuvo que endeudarse en el último tiempo para afrontar los gastos generados por la pandemia de coronavirus.
Así lo precisó Alexis Schamne Araoz, fundador y referente de Alquiler Justo Lanús, en diálogo con Info Región. “Este dato es el mismo que se ve reflejado a nivel nacional, en donde se estima que el 30 por ciento de los inquilinos se vio obligado a endeudarse”, planteó.
“Si bien se aprobó la extensión del DNU sobre el congelamiento del alquileres, sigue pendiente el tema del endeudamiento generado en estos meses. Vamos a seguir insistiendo en este punto porque es clave. Además, es el mejor momento para plantear un mecanismo de pago más accesible porque ya se están abriendo muchas actividades y las familias recomponen ingresos”, explicó.
A nivel distrital, Araoz señaló que no hay “una estadística certera” sobre los endeudados más allá del número que se estima, por lo que “son datos que hacen falta”. “Por eso hicimos tanto hincapié en que el Gobierno municipal abordara está cuestión, ya sea difundiendo los principales puntos del decreto, o generando estadísticas para saber con certeza que está pasando con los inquilinos de Lanús que cada vez son más. Lamentablemente al municipio parece no interesarle, entendemos que es porque tiene un conflicto de intereses”, expresó.
Prórroga del DNU
A fines de septiembre, el Gobierno nacional oficializó el congelamiento de los precios de alquileres y la suspensión de los desalojos por falta de pago, así como la imposibilidad de modificar el valor de las cuotas de los créditos hipotecarios UVA, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.
“Lo celebramos como un triunfo de todos los inquilinos del país que hicimos una campaña los últimos meses alertando sobre la necesidad de prorrogar el DNU. Logramos instalar nuestra situación en la agenda pública. Este logro nos da la pauta de que hay que seguir fortaleciendo la organización de los inquilinos porque seguimos siendo un colectivo muy vulnerable, ya desde antes de la pandemia”, ponderó Araoz.
Sin embargo, apuntó que “todavía sigue pendiente la autoridad de aplicación”, ya que el “nuevo decreto repite una falencia del primero, que es que nadie controla a las inmobiliarias y a los propietarios”. “Insisto en que celebramos la extensión, porque nos ampara legalmente, pero las organizaciones de inquilinos no podemos seguir tomando una responsabilidad de que debería ser del Estado”, concluyó, en contacto con este medio.
