El relato de Nilda Eloy, una testigo clave en la condena del represor Miguel Etchecolatz en el 2006 y que falleció tres años atrás, volvió a ser escuchado ayer, con la proyección de su testimonio ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que juzga las torturas sufridas en tres centros clandestinos que funcionaron durante la última dictadura militar.
“Yo vi a Etchecolatz en mi casa cuando vinieron a secuestrarme, él daba las órdenes y luego estaba sentado adelante del auto en que me llevaban”, contó con voz pausada y firme a Nilda Eloy. La mujer dio detalles precisos de su secuestro el 1 de octubre de 1976, en su casa en La Plata, cuando tenía 19 años y era estudiante de segundo año de Medicina.
En esa oportunidad, Etchecolatz, junto a la patota de algo más de 20 personas vestidas de civil, irrumpió en la casa donde Eloy vivía con sus padres y su hermano. Durante 11 meses, estuvo cautiva en La Cacha, en el Pozo de Quilmes, el Pozo de Arana, Vesubio, El Infierno y la Comisaría de Valentín Alsina hasta que la “blanquearon” como prisionera en el penal de Devoto.
“Todo estaba hecho para cosificarnos, era un túnel continuo, cambiabas de lugar pero todo era lo mismo”, analizó Eloy, en su testimonio, el mismo que en el 2006 resultó clave para condenar al ex comisario de la Policía bonaerense. “Cuando nos trasladaban nos dicen que miráramos el camino, que miráramos por dónde ibamos porque de ahí no se salía más, que íbamos al infierno y que de ahí no se sale. Y fuimos al infierno, que era la Brigada de Lanús”, recordó.
A lo largo de su extenso y pormenorizado testimonio, Eloy nombró a los hombres, mujeres y adolescentes con los que compartió el cautiverio, entre ellos Emilce Moler y Pablo Díaz, parte de los estudiantes secuestrados en La Noche de los Lápices, en septiembre de 1976.
La mujer aportó datos identificatorios de sus captores, y pudo denunciar entre ellos, además de Etchecolatz, a otro imputado del juicio unificado: Miguel Ángel Ferreyro, uno de los represores que la torturó y violó en el centro El Infierno.
Contó que en ese centro un policía había inventado un aparato para “esterilizar” a las mujeres y se ufanaba de que gracias a él “no nacerían más subversivos”. Explicó que se trataba de un instrumento de metal con puntas, que descargaba corriente eléctrica cuando se introducía en la vagina. De esa forma, agregó, se quemaba el endometrio y se causaban lesiones irreparables.
Eloy también relató que en muchas ocasiones fue torturada con picana para “usar” sus “gritos” como ardid para presionar a otros detenidos para que declararan. “Yo gritaba… a veces podía decirles que no era su madre o hija la que estaba siendo torturada, que era yo”, dijo reviviendo ese horror.
También relató que fue obligada a limpiar cráneos y huesos humanos en la comisaría de Valentín Alsina, con el argumento de que los necesitaba la hermana de uno de los inspectores a cargo de ese centro de detención que iba a estudiar medicina.
Otro momento que la conmovió fue recordar haber compartido cautiverio con una joven, de nombre Marlene Katherine Kegler Krug, a la que habían crucificado en el Pozo de Arana y que aún tenía en su cuerpo las marcas de la crucifixión.
Durante la audiencia se transmitió también la declaración que brindó otro testigo ya fallecido, Alcides Chiesa, estudiante de cine secuestrado en 1977 en su casa de Quilmes, quien estuvo cautivo en varios centros, entre ellos el Pozo de Quilmes, donde fue torturado con picana delante de su esposa.
El juicio
El juicio comenzó el 27 de octubre pasado y se extenderá por varios meses. El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata -integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 18 represores, entre ellos Etchecolatz , Juan Miguel Wolk y el médico policial Jorge Berges, por cerca de 500 delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de tortura, detención y extermino conocidos como el Pozo de Banfield, el de Quilmes y El Infierno de Avellaneda.
En la segunda audiencia, el represor Miguel Etchecolatz se negó a ser indagado por un tribunal civil. “Necesito que me interroguen los jueces que estaban en ejercicio de sus funciones en ese momento; es decir la justicia militar”, sostuvo. “Sigue sosteniendo la teoría de los dos demonios”, advirtieron desde HIJOS Lomas de Zamora.
En tercera, se transmitió el testimonio grabado de Adriana Calvo y Cristina Gioglio, sobrevivientes de la dictadura que también fallecieron; en la cuarta se escuchó el desgarrador relato de Nilda Eloy. El juicio continuará el martes próximo.
Son juzgados, por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; al ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el ex médico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale. También son juzgados Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti. Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en “El Infierno” también están imputados Etchecolatz, Berges y Smart y el ex policía Miguel Angel Ferreyro.
El Pozo de Banfield funcionó bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de Banfield en las calles Siciliano y Vernet de Lomas de Zamora, desde 1974 hasta al menos octubre de 1978, según testimonios de los sobrevivientes. De las 253 personas que fueron allí torturadas, 97 permanecen desaparecidas y al menos 16 son mujeres que dieron a luz en la maternidad clandestina.
El Pozo de Quilmes funcionó en la Brigada de Investigaciones de Quilmes, y en él a los detenidos se los sometía a torturas con picana eléctrica, submarino seco y a simulacros de fusilamiento y también eran víctimas de violencia sexual. Pasaron por allí 183 víctimas.
El Infierno de Avellaneda fue un centro de detención que funcionó en el lugar que por entonces era la Brigada de Investigaciones de Lanús, dependiente de la Dirección General de Investigaciones que dirigía el genocida Miguel Etchecolatz y funcionaba bajo la órbita del entonces jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps.
