Asociaciones de inquilinos de todo el país exigen la prórroga del decreto de necesidad y urgencia (DNU) a través del cual el Gobierno congeló los alquileres, prorrogó los contratos y dispuso la suspensión de los desalojos. Desde la Asociación de Inquilinos de Lomas de Zamora se suman a este reclamo.
Natalia Casella, referente de la asociación, advirtió a Info Región que “hasta el momento no hay noticias” pero la realidad de los inquilinos es “muy preocupante”. De acuerdo a lo informado por la entidad, un 1,5 millones de hogares están endeudados.
“Distintas asociaciones de todo el país junto con adhesiones de concejales, demovimientos feministas y organizaciones sindicales, sacamos un comunicado mediante el cual le solicitamos al Gobierno Nacional y al ministro de Desarrollo y Hábitat, Jorge Ferraresi, la necesidad de la extensión del decreto 320 cuya vigencia finaliza el 31 de enero de 2021″, explicó Casella.
En este marco recordó que si bien el decreto original vencía en septiembre, en ese mismo mes se prorrogó. “Ahora vence el 31 de enero y hasta el momento no tenemos respuestas ni noticias acerca de si se va a extender o no”, advirtió.
En el comunicado expresan la “acuciante” situación que viven los inquilinos “a lo largo y ancho de todo el país”, lo que trae aparejada la pérdida de fuentes laborales, la disminución de ingresos y un creciente endeudamiento. Es por eso que le solicitan al Estado un “esfuerzo mancomunado”, junto a las organizaciones del sector, para que “impulsen” políticas públicas que garanticen el derecho a la vivienda digna y a un alquiler justo.
Otros de los pedidos son la creación de organismos de aplicación y control, la incorporación del valor del alquiler en la canasta básica del INDEC, políticas de relevamiento de datos, tarifa de inquilinos para servicios públicos, un efectivo rol del Estado en la vivienda ociosa, una limitación del valor de los alquileres, la implementación de mesas de trabajo sobre vivienda y urbanismo, reglamentar el programa Alquiler Social y una regulación estatal de la valorización del suelo y tributación progresiva.
“La realidad es que hay una situación muy preocupante en todo el territorio nacional, hay millones de inquilinos afectados por problemas socioeconómicos a raíz de la pandemia, que han perdido sus trabajos, que han disminuido sus ingresos y están endeudados en niveles insostenibles”, detalló la mujer. “De hecho el panorama actual arroja que tenemos un millón y medio de hogares con deuda. En promedio las deudas arrancan en 150 mil pesos y llegan a 250 mil”, señala, al tiempo que precisa que el 70 por ciento de esos hogares tienen deudas en servicios esenciales.
Si bien desde las distintas agrupaciones destacan la importancia de las medidas adoptadas por el Gobierno y lo “beneficiosas” que han sido para el sector, aseguran que el cumplimiento “no ha sido total”.
Al mismo tiempo que reconocen la necesidad de elaborar políticas públicas que resuelvan el problema “de fondo”. “Desde un conjunto de organizaciones de inquilinos e inquilinas venimos solicitando sin éxito audiencia con Ferraresi para poder compartir estas preocupaciones y propuestas de trabajo. Esperamos tener una pronta respuesta ya que la situación de millones de personas se agrava día a día y exige urgentes respuestas”, concluye el escrito.
