El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata escuchó ayer el testimonio de tres sobrevivientes al genocidio. Se trata de Patricia Pozzo, Juan Carlos Stremi y Mario Colonna, quienes que permanecieron en el Pozo de Quilmes durante agosto de 1976.
Los testimonios se enmarcan en el juicio unificado por los delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención y exterminio conocidos como El Pozo de Banfield, el de Quilmes y El Infierno de Avellaneda.
Patricia Pozzo relató cómo fue su paso desde el Pozo de Arana al de Quilmes y la sede de la Brigada de Investigaciones de Lanús. Luego de ser chupada, fue legalizada como detenida y logró salir del país: fue escoltada por militares al aeropuerto y abordó un avión. Una vez cruzada la frontera, el comandante del vuelo le dio un sobre con su pasaporte y le dijo “bienvenida al territorio libre”.
Patricia tenía 18 cuando fue secuestrada en La Plata. Entraron a su casa, ubicada sobre la calle 9 entre 41 y 42, con armas largas. “Me pusieron un trapo en la cabeza”, recordó la mujer, quien precisó que ella salió con su cuñado, pero luego supo que se habían llevado también a su hermana y a Fabián Asla, un amigo suyo.
“Nos llevaron a un descampado y nos metieron en un lugar donde había mucha gente porque nos hacían pasar por arriba de gente sentada. Nos tuvieron en una gran sala y es ahí donde empiezo a escuchar los nombres de mi hermana, Fabián, supe que estaba Alfredo Fernández y Juan Carlos Stremi. Después empezó la tortura”, contó en la audiencia. El lugar que describe es el Pozo de Arana.
Una vez en Arana, fue trasladada a un calabozo, donde estuvo junto a su hermana, “atada en una especie de cama de cemento”. “Sacaban el colchón regularmente para las sesiones de tortura”, apuntó. En este lugar estuvo, según puede estimar, entre 14 y 20 días.
“Una noche nos sacan, me separan de mi hermana. Nos subieron primero como a una especie de casa rodante, donde nos tomaban datos, y después nos metían en un camión. Éramos varios. Había alguien que relataba el camino, se levantó las vendas, y dijo ´llegamos al centro de La Plata, nos liberan´ y después no”, explicó. Habían llegado al Pozo de Quilmes.
“Teníamos la impresión de que nos íbamos a morir de sed o de hambre”, recordó Pozzo, al tiempo que precisó que supo que era Quilmes porque pasó un avión que hacía publicidad de unas pizzas. “Había maltrato psicológico. Me dieron basura y tenía que darle de comer a mis compañeros. Me dieron cáscaras de naranja, pan sucio, huesos”, dijo. En el momento de darle la “comida” a los detenidos-desaparecidos, ella se sacó la venda y pudo ver que “todos estaban super flacos, en mal estado, desnudos”.
Había maltrato psicológico. Me dieron basura y tenía que darle de comer a mis compañeros. Me dieron cáscaras de naranja, pan sucio y huesos
Patricia Pozzo, sobreviviente
Su paso por Quilmes duró dos semanas y luego fue trasladada a la Brigada de Lanús (El Infierno de Avellaneda). “Nos dijeron que estábamos en depósito y hasta que no tuviera órdenes de militares, no nos desataban, pero si en 24 horas no recibían órdenes, nos iban a dar de comer y nos sacaban las vendas”, recordó.
“Nos metieron en un calabozo, nos separaron entre mujeres y varones, y fueron los presos comunes los que nos pedían que digamos quienes éramos para avisarle a las familias si alguno salía. Uno salio y fue a avisar a uno o dos padres, la madre de Alfredo Fernández fue a ver a mis padres”, explicó Patricia ante el TOF.
Después, fue a la cárcel de Olmos, donde estuvo 10 días en las celdas de castigo porque “ya no había presas políticas en Olmos, las habían llevado a Devoto”. “Pasamos las Fiestas ahí y de ahí, entre el 5 y 10 de enero, fui a Devoto”, apuntó.
Cuando su familia consiguió el permiso para que se fuera del país, fue esposada hasta el aeropuerto y así recorrió la pista. “Me dejaron ver a mis padres en una visita de 10 minutos cuando estaba caminando (rumbo al vuelo) uno me dijo ´decile adiós a tus padres porque es la última vez que los ves´”, relató. El comandante ordenó que le sacaran las esposas y una vez cruzada la frontera argentina, le dijo: “Bienvenida al territorio libre”, y le entregó un sobre con su pasaporte.
Viajó a Suecia y luego a Brasil. “A mi padre nunca lo volví a ver, murió muy rápido; a mi mamá la vi, con la democracia en el 83 pude estar con ella unos meses, murió de cáncer”, lamentó.
El TOF 1 de La Plata -integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 18 represores por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores en perjuicio de casi 500 víctimas alojadas en tres centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar.
Son juzgados, por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; al ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el ex médico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale. También son juzgados Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti. Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en “El Infierno” también están imputados Etchecolatz, Berges y Smart y el ex policía Miguel Angel Ferreyro.
EL JUICIO
El juicio comenzó el 27 de octubre pasado y se extenderá por varios meses. El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata -integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 18 represores, entre ellos Etchecolatz , Juan Miguel Wolk y el médico policial Jorge Berges, por cerca de 500 delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de tortura, detención y extermino conocidos como el Pozo de Banfield, el de Quilmes y El Infierno de Avellaneda.
En la segunda audiencia, el represor Miguel Etchecolatz se negó a ser indagado por un tribunal civil. “Necesito que me interroguen los jueces que estaban en ejercicio de sus funciones en ese momento; es decir la justicia militar”, sostuvo. “Sigue sosteniendo la teoría de los dos demonios”, advirtieron desde HIJOS Lomas de Zamora.
En tercera, se transmitió el testimonio grabado de Adriana Calvo y Cristina Gioglio, sobrevivientes de la dictadura que también fallecieron; en la cuarta se escuchó el desgarrador relato de Nilda Eloy.
El 24 de noviembre, en el marco de la quinta audiencia, el represor Ricardo Fernández -imputado del secuestro de 350 personas, cuatro homicidios, dos abusos sexuales y la sustracción de seis menores- se negó a ser indagado por la Justicia federal de La Plata. “No tengo nada que declarar”, dijo Fernández vestido con un pijama azul, ya que cumple prisión domiciliaria.
En la audiencia del 1 de diciembre, especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense revelaron que hay más de un centenar de cuerpos enterrados como NN que no se pudo identificar, por lo que pidieron a personas que buscan familiares desaparecidos de esa época que concurran a extraerse muestras de sangre.
Más tarde, María Isabel Chorobik de Mariani, conocida como “Chicha” y fallecida en el 2018 sin haber podido reencontrarse con su nieta Clara Anahí, apropiada en 1976, volvió a dar testimonio de su lucha a través de un video.
En el marco de la octava audiencia, se escuchó la declaración testimonial de contexto de la historiadora e investigadora del Conicet Victoria Basualdo, sobre la participación empresarial durante la última dictadura cívico-militar. “Hay casos concretos donde las empresas acompañaron y fueron co-responsables de los procesos represivos”, advirtió.
El periodista Horacio Verbitsky dio detalles, en la audiencia siguiente, sobre la responsabilidad empresaria en los secuestros de trabajadores de la fábrica de calefones Saiar, de Quilmes, durante la última dictadura cívico militar. Dio detalles sobre la responsabilidad de la patronal en el secuestro de trabajadores. Esta información fue investigada por el periodista, que escribió una nota al respecto hace 29 años y luego incluyó esa información en un libro, titulado “Cuentas Pendientes”, que aborda el tema de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado.
En la décima jornada se escucharon las declaraciones de contexto de María Sondereguer y Alejandra Paolini, sobre violencia de género en el Terrorismo de Estado. En la jornada siguiente, en tanto, se expusieron las pericias realizadas en El Infierno de Avellaneda.
La duodécima audiencia, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata escuchó el testimonio de Laura Franchi, sobreviviente, y sus hijas María Laura y Silvina Stirnemann. Ella estuvo detenida en el Pozo de Banfield durante los años de plomo pero luego fue trasladada a un penal. “Un médico me tomaba el pulso y decía lo que había que hacer y lo que no había que hacer (durante las torturas)”, recordó. Su pareja fue asesinada y permaneció en condición de desaparecido hasta 1994, cuando sus restos fueron hallados en el cementerio de Lomas de Zamora.
En la reanudación del juicio, el 2 de febrero, fue Stella Segado quien expuso sobre el funcionamiento y la estructura de la inteligencia de la última dictadura y detalló las particularidades de ese entramado en territorio bonaerense, donde funcionaron los tres centros clandestinos de detención y exterminio de Lomas de Zamora, Quilmes y Avellaneda.
La audiencia 14 contó con la palabra de Stella Caloni, quien brindó un testimonio de contexto sobre el entramado represivo latinoamericano del Plan Cóndor.
El 23 de febrero declaró Jorge Nadal, sobreviviente de centros clandestinos de detención y a quien le llevó 30 años recuperar a su hijo apropiado. “El plan sistemático de los genocidas no se conformó con nosotros y fueron por nuestros hijos; a mi hijo Pedro Luis lo busqué 30 años y mi otro hijo, Carlos Alberto, tuvo secuelas en su salud, todo este desquicio derivó en un trastorno psiquiátrico”, relató Nadal.
En la siguiente audiencia fue Lidia Biscarte la sobreviviente que declaró y reclamó a la Justicia que sean encarcelados los responsables de tortura, violación y homicidio. “Esto que relato no es una novela, es un dolor muy grande y mis compañeros (de cautiverio) no están para defenderse, por favor, usted está ahí para hacer justicia”, le dijo al titular del Tribunal.
En la audiencia 17 expuso Miguel Angel Prince, caso por la Brigada de Lanús con asiento en Avellaneda durante los días finales de agosto de 1976, pero también los jueces escucharon otro testimonio que no se hizo público. En la siguiente audiencia declaró el sobreviviente Alejandro Reinhold, María Esther Alonso y los familiares de desaparecidos Eduardo Nachman y Alejandrina Barry.
En la audiencia 19 fue el turno de Nicolás Barrionuevo, delegado gremial de la fábrica Saiar; Oscar Pellejero, miembro del sindicato no docente de la Universidad Nacional de Luján, ambos sobrevivientes de secuestro y torturas; y Sixto García, hermano de Silvano García, delegado gremial de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales (FATRE), que está desaparecido.
En la siguiente audiencia se escucharon los testimonios de dos víctimas. Se trata de María Ester Alonso Morales, hija de Jacinto Alonso Saborido y de Delfina Morales, nacida en cautiverio, y Raúl Marciano (ex detenido desaparecido que pasó por el Pozo de Banfield).
En la jornada 21, en tanto, declararon Stella Maris Soria, hija de Miguel Ángel Soria; Norma Soria, hermana del delegado asesinado y la esposa de éste, María Esther Duet. “El 6 de junio de 1976 estaba mirando en televisión La Pantera Rosa, cuando entraron a la casa de mis abuelos buscando a mi papá, que había llegado de trabajar pero había logrado salir por el fondo”, contó Stella Maris.
En la audiencia 22 declararon los sobrevivientes Patricia Pozzo, Juan Carlos Stremi y Mario Colonna, quienes que permanecieron en el Pozo de Quilmes durante agosto de 1976. Ella relató cómo fue su secuestro en La Plata, su paso por el Pozo de Arana, el de Quilmes y El Infierno. Logró salir del país, luego de estar detenida de forma legal en Olmos y Devoto.
LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN Y EXTERMINIO
El Pozo de Banfield funcionó bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de Banfield en las calles Siciliano y Vernet de Lomas de Zamora, desde 1974 hasta al menos octubre de 1978, según testimonios de los sobrevivientes. De las 253 personas que fueron allí torturadas, 97 permanecen desaparecidas y al menos 16 son mujeres que dieron a luz en la maternidad clandestina.
El Pozo de Quilmes funcionó en la Brigada de Investigaciones de Quilmes, y en él a los detenidos se los sometía a torturas con picana eléctrica, submarino seco y a simulacros de fusilamiento y también eran víctimas de violencia sexual. Pasaron por allí 183 víctimas.
El Infierno de Avellaneda fue un centro de detención que funcionó en el lugar que por entonces era la Brigada de Investigaciones de Lanús, dependiente de la Dirección General de Investigaciones que dirigía el genocida Miguel Etchecolatz y funcionaba bajo la órbita del entonces jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps.
