El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata escuchó este martes el testimonio de dos sobrevivientes y la hermana de un detenido-desaparecido, en el marco del juicio unificado por los delitos de lesa humanidad cometidos en el Pozo de Banfield, el de Quilmes y El Infierno de Avellaneda. Se trata de Leonardo Blanco, Liliana Canga y Marcos Alegría. En los últimos dos casos, el secuestro estuvo vinculado a luchas gremiales que se desataban dentro de fábricas de Quilmes y La Plata.
Lonardo Blanco, uno de los sobrevivientes al genocidio, explicó ante el Tribunal que fue secuestrado el 7 de noviembre de 1975 en su casa ubicada en la calle Las Piedras 3.221 de Lanús Este. El ingreso a la vivienda fue durante la madrugada, personal policial entró por el fondo de la casa “con pistola en mano” cuando el hombre y su familia (mujer, hijo de 2 años, madre, padre y hermano) estaba durmiendo. Si bien sólo entró la Policía, el Ejército estaba en la calle.
“A mi hermano y a mí nos trasladaron a la comisaría segunda de Lanús, estuvimos unas horas y nos vendaron. Después, nos subieron a unos vehículos, fue el primer traslado que sufrimos, que aparentemente fue a Banfield. Fue el lugar de torturas más que nada, había mucha gente en el piso. Permanentemente se escuchaban los gritos de las personas y un maltrato de acuerdo a la persona”, recordó. “Todo el tiempo vendados y con las manos atadas atrás, no sabíamos si era de día o de noche. Nos orientábamos por sonidos de pájaros, aviones o por movimientos dentro de ese lugar de detención. Después de unos días, no se cuántos, nos empezaron a dar de comer y el trato cambió, era menos violento”, apuntó.
Tras la estadía en Banfield, fueron llevados al Pozo de Quilmes. “Estábamos en celdas individuales, siempre con la tela adhesiva en los ojos y en mi caso, atado con una corbata. Permanentemente se escuchaban gritos de tortura pero a mi grupo ya no lo torturaron más. La comida era más seguida, mezcla de verduras con agua, y nos daban de comer en la boca. No sacábamos las manos de atrás”, detalló.
Precisó que “se hizo como un simulacro de traslado” pero siguieron en el mismo lugar. “Nos permitieron bañarnos, afeitarnos, ir al baño cuando queríamos. Después nos sacaron las vendas”, recordó. Luego ocurrió el traslado a Devoto y días después, a Resistencia (Chaco). “Yo estuve seis años preso”, detalló.
Más tarde declaró Liliana Canga, hermana del desaparecido Ernesto Enrique Canga. El secuestro ocurrió el 25 de septiembre de 1976 en una vivienda ubicada en 25 y 453 de City Bell. Él tenía 20 años y trabajaba en Hilanderías Olmos, de La Plata. Era delegado gremial.
Recordó que “destrozaron la puerta, rompieron toda la casa, robaron dinero y mercadería del almacén familiar, y les cortaron el teléfono”. “A mi mamá y a mi nos taparon la cabeza con una frazada, venían directamente a buscarlo a él. Nos colocaron contra la pared y le empezaron a pegar, lo vendaron lo maniataron y se lo llevaron”, señaló la mujer, quien por ese entonces tenía 14 años.
Ahí comenzó la búsqueda. Explicó que su madre fue a hacer la denuncia a la comisaría de City Bell, pero “no le dieron bola”. “Fue ir pasando los años y enterarse que uno no era el único, aparecieron distintos testimonios de distintas personas, mi mamá pudo acercarse al grupo de Madres y fuimos a algunas marchas, estuvimos cuando estuvo la comisión de la OEA”, relató.
La búsqueda encontró algunas respuesta con la publicación del libro “La Noche de los Lápices”, según dijo. “En el 86 recién, cuando presentaron el libro, me enteré que había estado con el grupo de los chicos de La Plata en el Pozo de Banfield“, explicó. En 2010 se acercaron al Equipo de Antropología Forense y entregaron la muestra. Un año después, la llamaron para decirle que los restos de su hermano habían sido hallados en una tumba N.N. del cementerio de La Plata. “Como él tenia una placa de titanio en una de las piernas, por un accidente de tránsito, se lo pudo reconocer. En noviembre de 2011 yo pude darle una sepultura como corresponde”, destacó.
Tal como indicaron otros testigos durante el juicio, otro grupo de tareas fue a buscar a su hermano un mes después del secuestro. De acuerdo a lo que pudo reconstruir, a Ernesto lo desaparecieron por la lucha gremial dentro de la fábrica. “El dueño tenía problemas con todos los delegados gremiales y denunciaba. Se jactaba de ser gran colaborador de las fuerzas de seguridad para ocuparse de todo ese grupo de activistas que estaban en su fábrica”, señaló.
“Recuperar sus restos fue muchísimo, mi mamá (Sara María Barragán) cerró su círculo y sabe dónde está. Yo pienso en las miles de familias que no han podido lograrlo y es una deuda muy grande. El trabajo que hace el Equipo de Antropología es maravilloso. Es poder recuperar algo de lo que fue: fue una persona, un ser humano”, destacó. Precisó, por otro lado, que el certificado de defunción que le entregaron en aquella época decía que su hermano tenía un orificio de bala en la cabeza, pero la autopsia del EAAF indica que tenía orificios en los brazos, piernas y tórax. “Evidentemente fue acribillado, fue una masacre”, definió. También marcó la diferencia de la fecha, ya que el papel indica que murió el 23 de diciembre pero una conocida asegura haber estado con él, en el Pozo de Banfield, hasta el 29.
Marcos Alegría fue el tercer y último testigo de la jornada. Es otro de los sobrevivientes del genocidio y también fue secuestrado por motivos gremiales. Es oriundo de Chile y escapó en 1973 de la represión en ese país, ya que había sido representante estudiantil. “Por cuestiones de seguridad y escapar a la represión, tuve la posibilidad en agosto de 1974 de viajar a la Argentina, tenía un familiar indirecto que vivía en Quilmes, en el Barrio Cervecero, y estudiaba Medicina”, recordó.
“A los dos meses conseguí una estadía legal en Argentina. Logré conseguir un DNI, que facilitó el hecho de que encontrara trabajo y en octubre fui contratado en la industria Saiar. Ahí es donde comienza mi experiencia en Argentina”, explicó. Destacó que se integró con sus pares y mostró compromiso con la lucha trabajadora. “En el año 74 estaban en pleno desarrollo de luchas sindicales por obtener el respeto de normas de seguridad, reivindicaciones en cuanto a mejoras de salario. La producción era bastante importante y muchas veces nos exigían trabajar horas extras sin recibir ningún tipo de gratificación”, recordó.
Fue secuestrado el 13 de abril de 1976. Aclaró que “no era delegado gremial pero sí era bastante activo apoyando a los compañeros en la comisión interna“. “Ese martes, la industria fue ocupada por una unidad del Ejército fuertemente armado, con camiones y vehículos ligeros, que rodearon toda la periferia de la industria”, señaló, al tiempo que precisó que hubo un allanamiento en el interior y todos, unos 340 trabajadores, debieron salir al playón donde se cagaban los productos. En ese momento, el jefe de personal sacó una lista y mencionó a seis; entre ellos, él. “Nos trasladaron en un camión a la comisaría primera de Quilmes”, manifestó.
“Empecé a pasar por diferentes sectores de detención y secuestro”, recordó. Estuvo en el Pozo de Banfield, luego Devoto. “Ahí supimos que estábamos puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”, admitió. “A fin de septiembre fuimos trasladados a la 9 de La Plata, a mediados de noviembre de 1976 me trasladaron a Coordinación Federal, estuve un día, y me llevaron a la Alcaldía de Capital Federal. En diciembre me hicieron firmar una renuncia a la empresa Saiar y el 16 de febrero de 1977, fui expulsado a Francia. Me liberan en el avión de Air France, los militares me sacaron las esposas”, explicó.
El TOF 1 de La Plata -integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 18 represores por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores en perjuicio de casi 500 víctimas alojadas en tres centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar.
Son juzgados, por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; al ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el ex médico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale. También son juzgados Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti. Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en “El Infierno” también están imputados Etchecolatz, Berges y Smart y el ex policía Miguel Angel Ferreyro.
EL JUICIO
El juicio comenzó el 27 de octubre pasado y se extenderá por varios meses. El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata -integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 18 represores, entre ellos Etchecolatz , Juan Miguel Wolk y el médico policial Jorge Berges, por cerca de 500 delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de tortura, detención y extermino conocidos como el Pozo de Banfield, el de Quilmes y El Infierno de Avellaneda.
En la segunda audiencia, el represor Miguel Etchecolatz se negó a ser indagado por un tribunal civil. “Necesito que me interroguen los jueces que estaban en ejercicio de sus funciones en ese momento; es decir la justicia militar”, sostuvo. “Sigue sosteniendo la teoría de los dos demonios”, advirtieron desde HIJOS Lomas de Zamora.
En tercera, se transmitió el testimonio grabado de Adriana Calvo y Cristina Gioglio, sobrevivientes de la dictadura que también fallecieron; en la cuarta se escuchó el desgarrador relato de Nilda Eloy.
El 24 de noviembre, en el marco de la quinta audiencia, el represor Ricardo Fernández -imputado del secuestro de 350 personas, cuatro homicidios, dos abusos sexuales y la sustracción de seis menores- se negó a ser indagado por la Justicia federal de La Plata. “No tengo nada que declarar”, dijo Fernández vestido con un pijama azul, ya que cumple prisión domiciliaria.
En la audiencia del 1 de diciembre, especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense revelaron que hay más de un centenar de cuerpos enterrados como NN que no se pudo identificar, por lo que pidieron a personas que buscan familiares desaparecidos de esa época que concurran a extraerse muestras de sangre.
Más tarde, María Isabel Chorobik de Mariani, conocida como “Chicha” y fallecida en el 2018 sin haber podido reencontrarse con su nieta Clara Anahí, apropiada en 1976, volvió a dar testimonio de su lucha a través de un video.
En el marco de la octava audiencia, se escuchó la declaración testimonial de contexto de la historiadora e investigadora del Conicet Victoria Basualdo, sobre la participación empresarial durante la última dictadura cívico-militar. “Hay casos concretos donde las empresas acompañaron y fueron co-responsables de los procesos represivos”, advirtió.
El periodista Horacio Verbitsky dio detalles, en la audiencia siguiente, sobre la responsabilidad empresaria en los secuestros de trabajadores de la fábrica de calefones Saiar, de Quilmes, durante la última dictadura cívico militar. Dio detalles sobre la responsabilidad de la patronal en el secuestro de trabajadores. Esta información fue investigada por el periodista, que escribió una nota al respecto hace 29 años y luego incluyó esa información en un libro, titulado “Cuentas Pendientes”, que aborda el tema de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado.
En la décima jornada se escucharon las declaraciones de contexto de María Sondereguer y Alejandra Paolini, sobre violencia de género en el Terrorismo de Estado.
En la jornada siguiente, en tanto, se expusieron las pericias realizadas en El Infierno de Avellaneda.
La duodécima audiencia, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata escuchó el testimonio de Laura Franchi, sobreviviente, y sus hijas María Laura y Silvina Stirnemann. Ella estuvo detenida en el Pozo de Banfield durante los años de plomo pero luego fue trasladada a un penal. “Un médico me tomaba el pulso y decía lo que había que hacer y lo que no había que hacer (durante las torturas)”, recordó. Su pareja fue asesinada y permaneció en condición de desaparecido hasta 1994, cuando sus restos fueron hallados en el cementerio de Lomas de Zamora.
En la reanudación del juicio, el 2 de febrero, fue Stella Segado quien expuso sobre el funcionamiento y la estructura de la inteligencia de la última dictadura y detalló las particularidades de ese entramado en territorio bonaerense, donde funcionaron los tres centros clandestinos de detención y exterminio de Lomas de Zamora, Quilmes y Avellaneda.
La audiencia 14 contó con la palabra de Stella Caloni, quien brindó un testimonio de contexto sobre el entramado represivo latinoamericano del Plan Cóndor.
El 23 de febrero declaró Jorge Nadal, sobreviviente de centros clandestinos de detención y a quien le llevó 30 años recuperar a su hijo apropiado. “El plan sistemático de los genocidas no se conformó con nosotros y fueron por nuestros hijos; a mi hijo Pedro Luis lo busqué 30 años y mi otro hijo, Carlos Alberto, tuvo secuelas en su salud, todo este desquicio derivó en un trastorno psiquiátrico”, relató Nadal.
En la siguiente audiencia fue Lidia Biscarte la sobreviviente que declaró y reclamó a la Justicia que sean encarcelados los responsables de tortura, violación y homicidio. “Esto que relato no es una novela, es un dolor muy grande y mis compañeros (de cautiverio) no están para defenderse, por favor, usted está ahí para hacer justicia”, le dijo al titular del Tribunal.
En la audiencia 17 expuso Miguel Angel Prince, caso por la Brigada de Lanús con asiento en Avellaneda durante los días finales de agosto de 1976, pero también los jueces escucharon otro testimonio que no se hizo público.
En la siguiente audiencia declaró el sobreviviente Alejandro Reinhold, María Esther Alonso y los familiares de desaparecidos Eduardo Nachman y Alejandrina Barry.
En la audiencia 19 fue el turno de Nicolás Barrionuevo, delegado gremial de la fábrica Saiar; Oscar Pellejero, miembro del sindicato no docente de la Universidad Nacional de Luján, ambos sobrevivientes de secuestro y torturas; y Sixto García, hermano de Silvano García, delegado gremial de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales (FATRE), que está desaparecido.
En la siguiente audiencia se escucharon los testimonios de dos víctimas. Se trata de María Ester Alonso Morales, hija de Jacinto Alonso Saborido y de Delfina Morales, nacida en cautiverio, y Raúl Marciano (ex detenido desaparecido que pasó por el Pozo de Banfield).
En la jornada 21, en tanto, declararon Stella Maris Soria, hija de Miguel Ángel Soria; Norma Soria, hermana del delegado asesinado y la esposa de éste, María Esther Duet. “El 6 de junio de 1976 estaba mirando en televisión La Pantera Rosa, cuando entraron a la casa de mis abuelos buscando a mi papá, que había llegado de trabajar pero había logrado salir por el fondo”, contó Stella Maris.
En la audiencia 22 declararon los sobrevivientes Patricia Pozzo, Juan Carlos Stremi y Mario Colonna, quienes que permanecieron en el Pozo de Quilmes durante agosto de 1976. Ella relató cómo fue su secuestro en La Plata, su paso por el Pozo de Arana, el de Quilmes y El Infierno. Logró salir del país, luego de estar detenida de forma legal en Olmos y Devoto.
En la siguiente jornada continuó el testimonio de Colonna. Se sumaron las declaraciones de los sobrevivientes Virgilio Cesar Medina y Néstor Busso, pero también declaró Eva Romina Benvenuto, hija de detenidos desaparecidos. El intento de suicidio de Medina fue, quizá el momento más dramática de la audiencia.
En la audiencia 24 declararon Leonardo Blanco, sobreviviente; Liliana Canga (hermana de Ernesto Enrique Canga, quien fue asesinado durante la dictadura) y destacó el trabajo del Equipo de Antropología Forense (los restos de su hermano fueron recuperados de una tumba N.N. de La Plata). También declaró Marcos Alegría, sobreviviente, quien contó su escape de Chile por la represión y el secuestro por luchar por mejoras laborales en una industria Saiar de Quilmes.
LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN Y EXTERMINIO
El Pozo de Banfield funcionó bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de Banfield en las calles Siciliano y Vernet de Lomas de Zamora, desde 1974 hasta al menos octubre de 1978, según testimonios de los sobrevivientes. De las 253 personas que fueron allí torturadas, 97 permanecen desaparecidas y al menos 16 son mujeres que dieron a luz en la maternidad clandestina.
El Pozo de Quilmes funcionó en la Brigada de Investigaciones de Quilmes, y en él a los detenidos se los sometía a torturas con picana eléctrica, submarino seco y a simulacros de fusilamiento y también eran víctimas de violencia sexual. Pasaron por allí 183 víctimas.
El Infierno de Avellaneda fue un centro de detención que funcionó en el lugar que por entonces era la Brigada de Investigaciones de Lanús, dependiente de la Dirección General de Investigaciones que dirigía el genocida Miguel Etchecolatz y funcionaba bajo la órbita del entonces jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps.
