En el marco del Juicio Brigadas, declararon Martín Ogando, nieto de una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo Delia Giovanola, y la sobreviviente de La Noche de los Lápices Emilce Moler. El reclamo de justicia y cárcel común para los represores se repitió en ambos testimonios, signados por las heridas que dejó la dictadura.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata -integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 18 represores por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores en perjuicio de casi 500 víctimas alojadas en tres centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar: el Pozo de Banfield, el de Quilmes y El Infierno de Avellaneda.
Son juzgados, por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el ex médico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale. También son juzgados Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti.
Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en “El Infierno” también están imputados Etchecolatz, Berges y Smart y el ex policía Miguel Angel Ferreyro.
Diego Martín Ogando es hijo de Jorge Ogando y Stella Montesano, quienes permanecen en la condición de desaparecidos, y relató cómo fue la reconstrucción de su identidad y el dolor de las heridas que provocó la dictadura en cuatro generaciones. Él nació en El Pozo de Banfield, estuvo dos días con su madre y luego fue vendido. Sus padres de crianza, como los llama, lo compraron y lo retiraron en una clínica de Wilde.
“Mis padres de crianza me contaron cómo fueron los hechos, que habían pagado por mi. Pasan los años y sentía más inquietudes, hablaba de las circunstancias y el año en que nací. No los sabíamos, ellos no lo sabían y yo tampoco”, recordó, y admitió que eligió no hacerse ninguna prueba para determinar si era hijo de desaparecidos para que ellos “no tuvieran ningún problema con la Justicia”. A partir de la muerte de la pareja, en 2015, emprende el camino de la búsqueda de la verdad. “Ese año me presento en la sede de Abuelas Plaza de Mayo”, precisó.
Su partida de nacimiento, como el caso de otros nietos recuperados, llevaba la firma de la partera Juana Elena Arias de Franicevich (falleció en 1995). Al poco tiempo, Estela de Carloto lo llamó para contarle la verdad. “Te cambiaron la historia, te vendieron”, recordó que le dijo, luego de recibir la información sobre su verdadera familia, entre los que se encontraba su hermana Virginia, su tía Liliana (melliza de su madre) y su abuela Delia, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo.
Contó que el 17 de diciembre de 1976, los “padres de crianza” lo sacaron de la clínica de Wilde, de la cual no pudo dar más precisiones pero según testimonios de otras personas se encontraba en la calle Mariano Moreno al 6.180. “Siempre celebré mi cumpleaños en esa fecha aunque sabía que ese no era exactamente el día en el que yo había nacido”, explicó. “Por testigos, supe que nací un 5 de diciembre”, apuntó.
Remarcó la muerte de su hermana Virginia, en 2011, a quien no pudo conocer. Ella se suicidó arrojándose del vigésimo piso de un edificio de Mar del Plata. “Se quitó la vida, no pude conocerla”, lamentó. Es que recién en 2015 conoció su verdadera identidad. “Fue un antes y un después”, aseguró. “Es una historia de mucho dolor, mucha muerte, y al margen de todo este dolor, conocer la verdad de uno reconforta”, consideró.
Al cerrar su testimonio, reclamó cárcel común para los represores. “Estos genocidas arruinaron cuatro generaciones, la de mi abuela, mis padres, la mía y a nuestros hijos”, aseguró Ogando. “Nos arruinaron la vida”, planteó luego de insistió en que “nada de domiciliaria” para los genocidas.
Emilce Moler, sobreviviente de La Noche de los Lápices, relató el episodio donde fue secuestrada junto a otros estudiantes secundarios, en septiembre de 1976, y reclamó que el Poder Judicial “haga lo suyo para construir una Argentina sin impunidad”. “Éramos jóvenes, creíamos en la política, nos oponíamos a la dictadura, creíamos en otro país que podíamos construir con mayor libertad“, graficó Moler en alusión a los estudiantes secundarios que fueron secuestrados aquella noche, seis de los cuales permanecen desaparecidos.
“Tengo cierta tranquilidad de que hicimos mucho para lograr condenas sociales para los genocidas y condenas ejemplares, pero faltan algunas cuestiones. Los genocidas hicieron una cosa bien, que fue callar y aún no sabemos dónde están los cuerpos de los desaparecidos, de los chicos de la Noche de los Lápices, dónde están los nietos apropiados”, dijo.
En su relato, remarcó que “hace 36 años que doy testimonio” de lo ocurrido en septiembre de 1976 y su paso por varios centros clandestinos de detención, entre ellos el Pozo de Quilmes, hasta recuperar su libertad en mayo de 1979.
“Era estudiante del quinto año del (Bachillerato) Bellas Artes de La Plata y militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y ese día irrumpió el Ejército Argentino buscando a una estudiante de Bellas Artes. Les dije que era yo, y me taparon la cabeza y me subieron a un coche”, recordó Emilce. En el camino, vio que las fuerzas represivas subían al vehículo a otros estudiante secundarios.
“Llegamos a un descampado, que con el tiempo supe era el Pozo de Arana, un lugar donde una perdía la identidad, donde uno dejaba de ser persona y te convertías en una cosa a merced de otros”, sostuvo y pidió al Tribunal omitir el detalle de las torturas sufridas allí y que ya relató en anteriores juicios. “En esta virtualidad me da pudor contar”, reclamó y el Tribunal la eximió de revivir esas torturas.
La mujer sí aportó los nombres de sus compañeros y compañeras con las que compartió cautiverio hasta el 23 de septiembre de 1976, cuando fue trasladada al Pozo de Quilmes.
“¿Van a traer a un jardín de infantes?”, recordó haberle oído preguntar a un policía a otro, al notar la contextura menuda que tenía Emilce, a quien la delgadez hacía que “me ponían las esposas y se me salían”. Recordó que en ese centro clandestino “era todo muy aleatorio, el trato dependía de la guardia”. “Uno nunca sabía por qué un día nos dejaban vendados, y otro días nos permitían sacar las vendas; un día podíamos hablar, otro día no. No te dejaban bañarte y la comida era insuficiente y desagradable”, explicó.
Estando allí, una madrugada, le permitieron a su padre visitarla, y el hombre la vio en las condiciones inhumanas en las que se encontraba y le contó que estaba haciendo todo lo posible por sacarla de allí pero le dijo que su “vida dependía de (Miguel) Etchecolatz”. En diciembre de ese año pasó a estar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y precisó que “con 17 años entré a la cárcel de Devoto, primero me dejaron en una celda sola, luego me pasaron a un pabellón del piso 4 de Devoto”.
Recordó que al ser liberada “no podías ir a un psicólogo, no podías decir nada, no te creían y eso hizo que me aferrara a los afectos, a la familia y en mi caso al estudio”. “Nunca más me dediqué al arte. Cuando siento el olor de los óleos pienso en los chicos de Bellas Artes diezmados, Claudia Falcone, Francisco López Muntaner… Era natural la participación y a esa naturalidad se nos contestó con la brutalidad de la dictadura”, reflexionó.
“Te duelen las ausencias, que en mi caso son muchas. Tengo la tranquilidad de haber hecho todo lo posible para la condena social de lo ocurrido, pero te quedan heridas abiertas de nuestros compañeros desaparecidos, por eso seguimos hablando”, admitió la sobreviviente al genocidio, y elevó su reclamo a la Justicia: “Ya hicimos mucho, le pido a la Justicia que hagan lo suyo por construir una Argentina sin impunidad que nos permita olvidar un poco”, sostuvo.
El tercer testigo fue Martín García, hermano de Silvano García, quien era delegado gremial de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales (FATRE), trabajaba y vivía en la granja San Sebastián. Silvano fue secuestrado el 26 de marzo de 1976 y sigue desaparecido. Fue visto en el Pozo de Banfield.
“Buscamos testigos pero sólo uno dio testimonio, los demás no quisieron comprometerse. El miedo todavía sigue“, advirtió. Fue el portero (quien falleció hace algunos años) quien le contó que militares ingresaron a la granja y se llevaron a su hermano. Precisó que la familia quedó “destruida”, su hermano tenía tres hijos y su esposa estaba embarazada. Su mujer lo buscó, según recordó, con “curanderos”, “adivinos” y hasta por Open Door, porque les habían comentado que allí tiraban cuerpos.
EL JUICIO
El juicio comenzó el 27 de octubre del año pasado. El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata -integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 18 represores, entre ellos Etchecolatz, Juan Miguel Wolk y el médico policial Jorge Berges, por cerca de 500 delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de tortura, detención y extermino conocidos como el Pozo de Banfield, el de Quilmes y El Infierno de Avellaneda.
En la segunda audiencia, el represor Miguel Etchecolatz se negó a ser indagado por un tribunal civil. “Necesito que me interroguen los jueces que estaban en ejercicio de sus funciones en ese momento; es decir la justicia militar”, sostuvo. “Sigue sosteniendo la teoría de los dos demonios”, advirtieron desde HIJOS Lomas de Zamora.
En la tercera, se transmitió el testimonio grabado de Adriana Calvo y Cristina Gioglio, sobrevivientes de la dictadura que también fallecieron; en la cuarta se escuchó el desgarrador relato de Nilda Eloy.
El 24 de noviembre, en el marco de la quinta jornada, el represor Ricardo Fernández -imputado del secuestro de 350 personas, cuatro homicidios, dos abusos sexuales y la sustracción de seis menores- se negó a ser indagado por la Justicia federal de La Plata. “No tengo nada que declarar”, dijo Fernández vestido con un pijama azul, ya que cumple prisión domiciliaria.
En la audiencia del 1 de diciembre, especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense revelaron que hay más de un centenar de cuerpos enterrados como NN que no se pudo identificar, por lo que pidieron a personas que buscan familiares desaparecidos de esa época que concurran a extraerse muestras de sangre.
Más tarde, María Isabel Chorobik de Mariani, conocida como “Chicha” y fallecida en el 2018 sin haber podido reencontrarse con su nieta Clara Anahí, apropiada en 1976, volvió a dar testimonio de su lucha a través de un video.
En el marco de la octava audiencia, se escuchó la declaración testimonial de contexto de la historiadora e investigadora del Conicet Victoria Basualdo, sobre la participación empresarial durante la última dictadura cívico-militar. “Hay casos concretos donde las empresas acompañaron y fueron co-responsables de los procesos represivos”, advirtió.
El periodista Horacio Verbitsky dio detalles, el siguiente martes, sobre la responsabilidad empresaria en los secuestros de trabajadores de la fábrica de calefones Saiar, de Quilmes, durante la última dictadura cívico militar. Habló sobre la responsabilidad de la patronal en el secuestro de trabajadores. Esta información fue investigada por el periodista, que escribió una nota al respecto hace 29 años y luego incluyó esa información en un libro, titulado “Cuentas Pendientes”, que aborda el tema de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado.
En la décima jornada se escucharon las declaraciones de contexto de María Sondereguer y Alejandra Paolini, sobre violencia de género en el Terrorismo de Estado.
En la audiencia siguiente, en tanto, se expusieron las pericias realizadas en El Infierno de Avellaneda.
En la duodécima audiencia, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata escuchó el testimonio de Laura Franchi, sobreviviente, y sus hijas María Laura y Silvina Stirnemann. Ella estuvo detenida en el Pozo de Banfield durante los años de plomo pero luego fue trasladada a un penal. “Un médico me tomaba el pulso y decía lo que había que hacer y lo que no había que hacer (durante las torturas)”, recordó. Su pareja fue asesinada y permaneció en condición de desaparecido hasta 1994, cuando sus restos fueron hallados en el cementerio de Lomas de Zamora.
En la reanudación del juicio, el 2 de febrero, fue Stella Segado quien expuso sobre el funcionamiento y la estructura de la inteligencia de la última dictadura y detalló las particularidades de ese entramado en territorio bonaerense, donde funcionaron los tres centros clandestinos de detención y exterminio de Lomas de Zamora, Quilmes y Avellaneda.
La audiencia 14 contó con la palabra de Stella Caloni, quien brindó un testimonio de contexto sobre el entramado represivo latinoamericano del Plan Cóndor.
El 23 de febrero declaró Jorge Nadal, sobreviviente de centros clandestinos de detención y a quien le llevó 30 años recuperar a su hijo apropiado. “El plan sistemático de los genocidas no se conformó con nosotros y fueron por nuestros hijos; a mi hijo Pedro Luis lo busqué 30 años y mi otro hijo, Carlos Alberto, tuvo secuelas en su salud, todo este desquicio derivó en un trastorno psiquiátrico”, relató Nadal.
En la siguiente jornada fue Lidia Biscarte la sobreviviente que declaró y reclamó a la Justicia que sean encarcelados los responsables de tortura, violación y homicidio. “Esto que relato no es una novela, es un dolor muy grande y mis compañeros (de cautiverio) no están para defenderse, por favor, usted está ahí para hacer justicia”, le dijo al titular del Tribunal.
En la audiencia 17 expuso Miguel Angel Prince, caso por la Brigada de Lanús con asiento en Avellaneda durante los días finales de agosto de 1976, pero también los jueces escucharon otro testimonio que no se hizo público.
También declararon el sobreviviente Alejandro Reinhold, María Esther Alonso y los familiares de desaparecidos Eduardo Nachman y Alejandrina Barry.
En la audiencia 19 declararon Nicolás Barrionuevo, delegado gremial de la fábrica Saiar; Oscar Pellejero, miembro del sindicato no docente de la Universidad Nacional de Luján, ambos sobrevivientes de secuestro y torturas; y Sixto García, hermano de Silvano García, delegado gremial de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales (FATRE), que está desaparecido.
En la siguiente jornada se escucharon los testimonios de dos víctimas: María Ester Alonso Morales, hija de Jacinto Alonso Saborido y de Delfina Morales, nacida en cautiverio, y Raúl Marciano (ex detenido desaparecido que pasó por el Pozo de Banfield).
En la audiencia 21, en tanto, declararon Stella Maris Soria, hija de Miguel Ángel Soria; Norma Soria, hermana del delegado asesinado y la esposa de éste, María Esther Duet. “El 6 de junio de 1976 estaba mirando en televisión La Pantera Rosa, cuando entraron a la casa de mis abuelos buscando a mi papá, que había llegado de trabajar pero había logrado salir por el fondo”, contó Stella Maris.
En la jornada 22 declararon los sobrevivientes Patricia Pozzo, Juan Carlos Stremi y Mario Colonna, quienes que permanecieron en el Pozo de Quilmes durante agosto de 1976. Ella relató cómo fue su secuestro en La Plata, su paso por Arana, el Pozo de Quilmes y El Infierno. Logró salir del país, luego de estar detenida de forma legal en Olmos y Devoto.
En la siguiente jornada continuó el testimonio de Colonna. Se sumaron las declaraciones de los sobrevivientes Virgilio Cesar Medina y Néstor Busso, pero también declaró Eva Romina Benvenuto, hija de detenidos desaparecidos. El intento de suicidio de Medina fue, quizá el momento más dramático de la audiencia.
En la audiencia 24 declararon Leonardo Blanco, sobreviviente; Liliana Canga (hermana de Ernesto Enrique Canga, quien fue asesinado durante la dictadura) y destacó el trabajo del Equipo de Antropología Forense (los restos de su hermano fueron recuperados de una tumba N.N. de La Plata). También declaró Marcos Alegría, sobreviviente, quien contó su escape de Chile por la represión y el secuestro por luchar por mejoras laborales en la industria Saiar de Quilmes.
El siguiente martes fue el turno de Pablo Díaz, quien hizo foco en la violencia sexual a la que eran sometidas las mujeres y el tratamiento como mercancía de las embarazas. Él fue secuestrado durante los operativos enmarcados en La Noche de los Lápices y relató los tormentos sufridos: picana eléctrica, tenazas y golpes. Pidió que los represores no sean beneficiados con la prisión domiciliaria y bregó porque la Justicia no se demore otros 37 años.
La audiencia 26 contó con los testimonios de Nora y Marta Úngaro, la primera estuvo secuestrada durante los años de plomo y ambas son hermanas de Horacio, quien continúa desaparecido. También se escuchó la primera parte del testimonio de Walter Docters. “Uno se ahogaba en sus propios gritos”, aseguró Nora, recordando las sesiones de tortura, que no impedían que los represores abusaran de las mujeres. “Me llegaba la sangre a los tobillos y aún así te venía a manosear”, precisó. “Su condición de mujer era un bien de uso para los asesinos”, apuntó Docters.
La siguiente jornada continuó con la declaración Docters. También prestó declaración Delia Giovanola, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, quien buscó durante 39 años a su nieto. Su hijo Jorge Ogando y su nuera Stella Montesano fueron secuestrados el 16 de octubre de 1976 en La Plata, tuvo que hacerse cargo de la crianza de la hija de ambos y emprendió la búsqueda de ellos y del segundo hijo, cuando supo que su nieto había nacido en el Pozo de Banfield. “Martín volvió a su familia cuando tuvo 39 años”, señaló.
El martes 25 de mayo no hubo audiencia, pero en la de este martes declararon el nieto restituido Martín Ogando y la sobreviviente de La Noche de los Lápices Emilce Moler. Te duelen las ausencias, que en mi caso son muchas. Tengo la tranquilidad de haber hecho todo lo posible para la condena social de lo ocurrido, pero te quedan heridas abiertas de nuestros compañeros desaparecidos, por eso seguimos hablando”, aseguró Moler. También prestó testimonio Martín García, hermano de Silvano García, delegado gremial que permanece desaparecido.
LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN Y EXTERMINIO
El Pozo de Banfield funcionó bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de Banfield en las calles Siciliano y Vernet de Lomas de Zamora, desde 1974 hasta al menos octubre de 1978, según testimonios de los sobrevivientes. De las 253 personas que fueron allí torturadas, 97 permanecen desaparecidas y al menos 16 son mujeres que dieron a luz en la maternidad clandestina.
El Pozo de Quilmes funcionó en la Brigada de Investigaciones de Quilmes. Pasaron por allí 183 víctimas.
El Infierno de Avellaneda fue un centro de detención que funcionó en el lugar que por entonces era la Brigada de Investigaciones de Lanús, dependiente de la Dirección General de Investigaciones que dirigía el genocida Miguel Etchecolatz y funcionaba bajo la órbita del entonces jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps.
