Tres testigos declararon en la audiencia 30 del Juicio Brigadas, en el que son juzgados 18 represores por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores en perjuicio de casi 500 víctimas alojadas en tres centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar: el Pozo de Banfield, el de Quilmes y El Infierno de Avellaneda. La nieta restituida Valeria Gutiérrez Acuña bregó por una ley que no permita el negacionismo. “Es doloroso cuando se niega, descalifica… (los desaparecidos) fueron personas con sentimientos, proyectos y ganas de tener una sociedad más justa”, aseguró.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, que está integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico, escuchó a Melania Servin Benítez, hermana de Santiago Servin; Ricardo López Martín, hermano de Ángela López Martín; y Valeria Gutiérrez Acuña, hija de Liliana Isabel Acuña y Oscar Rómulo Gutiérrez.
Son juzgados, por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el ex médico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale. También son juzgados Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti. Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en “El Infierno” también están imputados Etchecolatz, Berges y Smart y el ex policía Miguel Angel Ferreyro.
El primer testimonio fue el de Melania Servin Benítez, hermana de Santiago Servin, quien fue secuestrado durante la madrugada del 7 de septiembre de 1976 en San Francisco Solano de Quilmes. Era promotor de ventas en Giol y director de “La Voz de Solano”, un periódico local que se difundía cada 15 días, y militante comunista. Sus restos aún no fueron encontrados.
“Se llevaron a mi hermano y a mi sobrino (Atilio Portillo Servin), que estaba ahí, pero a las mujeres no. Estuvieron dos horas revolviendo todo, buscando armas, pero no encontraron nada y se llevaron el sueldo, ropa y los escritos que tenía mi hermano sobre su mesa de trabajo. Había un borrador de una novela que estaba escribiendo”, recordó la mujer, al tiempo que precisó que le pusieron “como una media en la cabeza para que no vea nada” (capucha). “Esa fue la última vez que lo vimos”, lamentó.
A su sobrino, quien estuvo unos 20 días secuestrado, lo liberaron en el parque Pereyra Iraola. “No supo donde estuvo porque tenía los ojos vendados todo el tiempo. Lo torturaban y la pasaba muy mal”, señaló ante el TOF 1 de La Plata y las partes que intervienen en el juicio, en el marco de la audiencia virtual. En la búsqueda, peregrinó por la comisaría de Solano, varias de La Plata y un regimiento militar de City Bell. Iba con su bebé y una vecina. “Nadie pudo decirme dónde estaba y qué pasó”, aseguró. De todos modos, logró reconstruir que estuvieron detenidos en el Pozo de Quilmes.
Mencionó que Gustavo Calotti, sobreviviente de La Noche de los Lápices, estuvo detenido con su hermano en una celda y lo describió como “un hombre bueno, solidario, de no perder la calme y alentar a los que están a su lado”. La mujer destacó, dentro de lo que le contaron, que siempre apoyaba a los más jóvenes cuando los tiraban en el calabozo tras una sesión de tortura. “Le decían ´abuelo´”, recordó. Tenía 50 años y para otros detenidos, algunos adolescentes, era un hombre mayor.
Ricardo López Martín, hermano de Ángela López Martín (desaparecida el 25 de septiembre de 1976 en La Plata), fue el siguiente testimonio de la audiencia. “Tenía 30 años y era profesora de Geografía del Colegio Nacional (Rafael Hernández)”, explicó el hombre, quien relató el momento del secuestro, que ocurrió durante la madrugada y con armas “bastante importantes”. “Dijeron que su nombre de guerra era Andrea y se la llevan. Le vendan los ojos, le atan las manos atrás y se la llevan arrastrándola de los pelos”, recordó.
Precisó que “se llevaron unos papeles de la habitación” y uno de los represores le dijo: “A vos no te salva ni Videla”. De acuerdo a la reconstrucción, a partir de compañeros que compartieron centros clandestinos, ella estuvo en Arana, el Pozo de Quilmes y el de Banfield. “Al poco tiempo, mi mamá desarrolló un cáncer y murió. La casa quedó desarmada y ya no fue lo mismo”, apuntó ante la consulta de una de las querellas sobre el después de la desaparición.
Valeria Gutiérrez Acuña, nieta restituida, fue la tercera en prestar declaración. Ella es hija de Liliana Isabel Acuña y Oscar Rómulo Gutiérrez. Nació en cautiverio. “Me enteré a los 33 años, por una prima, que mis papás no eran mis papás. Les pregunté y me dijeron que no era hija biológica de ellos y mi hermano más grande tampoco”, comentó.
Explicó que, de acuerdo a lo que le comentaron, por un amigo que trabajaba en la Policía de la Provincia hicieron las gestiones para criar al hijo de una empleada doméstica que no podía mantenerlo. El relato indica que ella fue abandonada en la Ruta 2 de Florencio Varela. Valeria fue inscripta como nacida el 31 de diciembre, el día después del llamado del policía que se desempeñaba en la comisaría de Banfield para concretar la entrega de la beba.
“Cuando me entero que mis padres no eran mis padres, empecé a hacer terapia para poder buscar la verdad, estar apoyada y contenida. Me hizo bien para acomodar. Luego, llego a Abuelas (de Plaza de Mayo) y me entero de todo:, quiénes eran mis padres, qué estudiaban, qué hacían”, contó. Tras los análisis realizados, tanto ella como su hermano se realizaron la prueba, le confirmaron que ella sí era hija de desaparecidos, no así su hermano.
La búsqueda de su familia verdadera. “Había una abuela (Vilma Sesarego de Gutiérrez) que me estuvo buscando desde el primer momento (falleció antes de que supiera su verdadera identidad). Fue muy doloroso porque hizo mucho por buscarme y me dio mucho dolor no poder encontrarme con ella. Quise hacer todo rápido por si había una familia que me estaba buscando. Tenía mucha necesidad de encontrar algo”, comentó. Finalmente, pudo encontrarse con tíos y primos.
“Me duele cuando hay un gobierno o una sociedad que no apoya y niega a los desaparecidos. Es algo que pasó y son historias dolorosísimas de todas las familias que tenemos a alguien desaparecido. Me gustaría que en algún momento se pueda hacer una ley que sea de no negar que esto pasó y que hay que aceptarlo”, pidió. “Es doloroso cuando se niega, descalifica… fueron personas con sentimientos, proyectos, ganas de tener una sociedad más justa”, sostuvo para cerrar su intervención en el proceso.
Las audiencias comenzarán a las 9 a partir del 22 de junio, anticipó el presidente del Tribunal al pasar al cuarto intermedio hasta la semana próxima.
EL JUICIO
El juicio comenzó el 27 de octubre del año pasado. El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata -integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 18 represores, entre ellos Etchecolatz, Juan Miguel Wolk y el médico policial Jorge Berges, por cerca de 500 delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de tortura, detención y extermino conocidos como el Pozo de Banfield, el de Quilmes y El Infierno de Avellaneda.
En la segunda audiencia, el represor Miguel Etchecolatz se negó a ser indagado por un tribunal civil. “Necesito que me interroguen los jueces que estaban en ejercicio de sus funciones en ese momento; es decir la justicia militar”, sostuvo. “Sigue sosteniendo la teoría de los dos demonios”, advirtieron desde HIJOS Lomas de Zamora.
En la tercera, se transmitió el testimonio grabado de Adriana Calvo y Cristina Gioglio, sobrevivientes de la dictadura que también fallecieron; en la cuarta se escuchó el desgarrador relato de Nilda Eloy.
El 24 de noviembre, en el marco de la quinta jornada, el represor Ricardo Fernández -imputado del secuestro de 350 personas, cuatro homicidios, dos abusos sexuales y la sustracción de seis menores- se negó a ser indagado por la Justicia federal de La Plata. “No tengo nada que declarar”, dijo Fernández vestido con un pijama azul, ya que cumple prisión domiciliaria.
En la audiencia del 1 de diciembre, especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense revelaron que hay más de un centenar de cuerpos enterrados como NN que no se pudo identificar, por lo que pidieron a personas que buscan familiares desaparecidos de esa época que concurran a extraerse muestras de sangre.
Más tarde, María Isabel Chorobik de Mariani, conocida como “Chicha” y fallecida en el 2018 sin haber podido reencontrarse con su nieta Clara Anahí, apropiada en 1976, volvió a dar testimonio de su lucha a través de un video.
En el marco de la octava audiencia, se escuchó la declaración testimonial de contexto de la historiadora e investigadora del Conicet Victoria Basualdo, sobre la participación empresarial durante la última dictadura cívico-militar. “Hay casos concretos donde las empresas acompañaron y fueron co-responsables de los procesos represivos”, advirtió.
El periodista Horacio Verbitsky dio detalles, el siguiente martes, sobre la responsabilidad empresaria en los secuestros de trabajadores de la fábrica de calefones Saiar, de Quilmes, durante la última dictadura cívico militar. Habló sobre la responsabilidad de la patronal en el secuestro de trabajadores. Esta información fue investigada por el periodista, que escribió una nota al respecto hace 29 años y luego incluyó esa información en un libro, titulado “Cuentas Pendientes”, que aborda el tema de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado.
En la décima jornada se escucharon las declaraciones de contexto de María Sondereguer y Alejandra Paolini, sobre violencia de género en el Terrorismo de Estado.
En la audiencia siguiente, en tanto, se expusieron las pericias realizadas en El Infierno de Avellaneda.
En la duodécima audiencia, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata escuchó el testimonio de Laura Franchi, sobreviviente, y sus hijas María Laura y Silvina Stirnemann. Ella estuvo detenida en el Pozo de Banfield durante los años de plomo pero luego fue trasladada a un penal. “Un médico me tomaba el pulso y decía lo que había que hacer y lo que no había que hacer (durante las torturas)”, recordó. Su pareja fue asesinada y permaneció en condición de desaparecido hasta 1994, cuando sus restos fueron hallados en el cementerio de Lomas de Zamora.
En la reanudación del juicio, el 2 de febrero, fue Stella Segado quien expuso sobre el funcionamiento y la estructura de la inteligencia de la última dictadura y detalló las particularidades de ese entramado en territorio bonaerense, donde funcionaron los tres centros clandestinos de detención y exterminio de Lomas de Zamora, Quilmes y Avellaneda.
La audiencia 14 contó con la palabra de Stella Caloni, quien brindó un testimonio de contexto sobre el entramado represivo latinoamericano del Plan Cóndor.
El 23 de febrero declaró Jorge Nadal, sobreviviente de centros clandestinos de detención y a quien le llevó 30 años recuperar a su hijo apropiado. “El plan sistemático de los genocidas no se conformó con nosotros y fueron por nuestros hijos; a mi hijo Pedro Luis lo busqué 30 años y mi otro hijo, Carlos Alberto, tuvo secuelas en su salud, todo este desquicio derivó en un trastorno psiquiátrico”, relató Nadal.
En la siguiente jornada fue Lidia Biscarte la sobreviviente que declaró y reclamó a la Justicia que sean encarcelados los responsables de tortura, violación y homicidio. “Esto que relato no es una novela, es un dolor muy grande y mis compañeros (de cautiverio) no están para defenderse, por favor, usted está ahí para hacer justicia”, le dijo al titular del Tribunal.
En la audiencia 17 expuso Miguel Angel Prince, caso por la Brigada de Lanús con asiento en Avellaneda durante los días finales de agosto de 1976, pero también los jueces escucharon otro testimonio que no se hizo público.
También declararon el sobreviviente Alejandro Reinhold, María Esther Alonso y los familiares de desaparecidos Eduardo Nachman y Alejandrina Barry.
En la audiencia 19 declararon Nicolás Barrionuevo, delegado gremial de la fábrica Saiar; Oscar Pellejero, miembro del sindicato no docente de la Universidad Nacional de Luján, ambos sobrevivientes de secuestro y torturas; y Sixto García, hermano de Silvano García, delegado gremial de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales (FATRE), que está desaparecido.
En la siguiente jornada se escucharon los testimonios de dos víctimas: María Ester Alonso Morales, hija de Jacinto Alonso Saborido y de Delfina Morales, nacida en cautiverio, y Raúl Marciano (ex detenido desaparecido que pasó por el Pozo de Banfield).
En la audiencia 21, en tanto, declararon Stella Maris Soria, hija de Miguel Ángel Soria; Norma Soria, hermana del delegado asesinado y la esposa de éste, María Esther Duet. “El 6 de junio de 1976 estaba mirando en televisión La Pantera Rosa, cuando entraron a la casa de mis abuelos buscando a mi papá, que había llegado de trabajar pero había logrado salir por el fondo”, contó Stella Maris.
En la jornada 22 declararon los sobrevivientes Patricia Pozzo, Juan Carlos Stremi y Mario Colonna, quienes que permanecieron en el Pozo de Quilmes durante agosto de 1976. Ella relató cómo fue su secuestro en La Plata, su paso por Arana, el Pozo de Quilmes y El Infierno. Logró salir del país, luego de estar detenida de forma legal en Olmos y Devoto.
En la siguiente jornada continuó el testimonio de Colonna. Se sumaron las declaraciones de los sobrevivientes Virgilio Cesar Medina y Néstor Busso, pero también declaró Eva Romina Benvenuto, hija de detenidos desaparecidos. El intento de suicidio de Medina fue, quizá el momento más dramático de la audiencia.
En la audiencia 24 declararon Leonardo Blanco, sobreviviente; Liliana Canga (hermana de Ernesto Enrique Canga, quien fue asesinado durante la dictadura) y destacó el trabajo del Equipo de Antropología Forense (los restos de su hermano fueron recuperados de una tumba N.N. de La Plata). También declaró Marcos Alegría, sobreviviente, quien contó su escape de Chile por la represión y el secuestro por luchar por mejoras laborales en la industria Saiar de Quilmes.
El siguiente martes fue el turno de Pablo Díaz, quien hizo foco en la violencia sexual a la que eran sometidas las mujeres y el tratamiento como mercancía de las embarazadas. Él fue secuestrado durante los operativos enmarcados en La Noche de los Lápices y relató los tormentos sufridos: picana eléctrica, tenazas y golpes. Pidió que los represores no sean beneficiados con la prisión domiciliaria y bregó porque la Justicia no se demore otros 37 años.
La audiencia 26 contó con los testimonios de Nora y Marta Úngaro, la primera estuvo secuestrada durante los años de plomo y ambas son hermanas de Horacio, quien continúa desaparecido. También se escuchó la primera parte del testimonio de Walter Docters. “Uno se ahogaba en sus propios gritos”, aseguró Nora, recordando las sesiones de tortura, que no impedían que los represores abusaran de las mujeres. “Me llegaba la sangre a los tobillos y aún así te venía a manosear”, precisó. “Su condición de mujer era un bien de uso para los asesinos”, apuntó Docters.
La siguiente jornada continuó con la declaración Docters. También prestó declaración Delia Giovanola, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, quien buscó durante 39 años a su nieto. Su hijo Jorge Ogando y su nuera Stella Montesano fueron secuestrados el 16 de octubre de 1976 en La Plata, tuvo que hacerse cargo de la crianza de la hija de ambos y emprendió la búsqueda de ellos y del segundo hijo, cuando supo que su nieto había nacido en el Pozo de Banfield. “Martín volvió a su familia cuando tuvo 39 años”, señaló.
El martes 25 de mayo no hubo audiencia, pero en la siguiente declararon el nieto restituido Martín Ogando y la sobreviviente de La Noche de los Lápices Emilce Moler. “Te duelen las ausencias, que en mi caso son muchas. Tengo la tranquilidad de haber hecho todo lo posible para la condena social de lo ocurrido, pero te quedan heridas abiertas de nuestros compañeros desaparecidos, por eso seguimos hablando”, aseguró Moler. También prestó testimonio Martín García, hermano de Silvano García, delegado gremial que permanece desaparecido.
La jornada 29 contó con la declaración de dos sobrevivientes, cuyos secuestros tuvieron que ver con su participación gremial. Se trata de Juan Antonio Neme y Jorge Varela, secuestrado junto a otros compañeros en Saiar. “La tortura psicológica más me ha marcado en este tiempo”, admitió Neme, quien presenció la tortura de dos compañeros y “los vuelos de la muerte”.
Melania Servin Benítez, hermana de Santiago Servin; Ricardo López Martín, hermano de Ángela López Martín; y Valeria Gutiérrez Acuña, hija de Liliana Isabel Acuña y Oscar Rómulo Gutiérrez, fueron los tres testigos de la audiencia 30. El pedido de una ley que prohíba el negacionismo, en palabras de la nieta restituida, fue el cierre de la audiencia. “Es doloroso cuando se niega, descalifica… fueron personas con sentimientos, proyectos, ganas de tener una sociedad más justa”, aseguró.
LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN Y EXTERMINIO
El Pozo de Banfield funcionó bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de Banfield en las calles Siciliano y Vernet de Lomas de Zamora, desde 1974 hasta al menos octubre de 1978, según testimonios de los sobrevivientes. De las 253 personas que fueron allí torturadas, 97 permanecen desaparecidas y al menos 16 son mujeres que dieron a luz en la maternidad clandestina.
El Pozo de Quilmes funcionó en la Brigada de Investigaciones de Quilmes. Pasaron por allí 183 víctimas.
El Infierno de Avellaneda fue un centro de detención que funcionó en el lugar que por entonces era la Brigada de Investigaciones de Lanús, dependiente de la Dirección General de Investigaciones que dirigía el genocida Miguel Etchecolatz y funcionaba bajo la órbita del entonces jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps.
