El 16 de septiembre de 1976 estudiantes secundarios del Normal 3 de La Plata eran secuestrados por efectivos a la órdenes del entonces jefe de la Policía bonaerense, el coronel Ramón Camps, en el marco de un operativo de represión ilegal que se conocería como la Noche de los Lápices.
Las víctimas eran militantes que habían participado en la movilización que un año antes había conseguido la implementación del Boleto Estudiantil Secundario (BES), un beneficio que fue suspendido en agosto de 1976, por la dictadura militar para poder identificar a los referentes del movimiento estudiantil que habían encabezado este reclamo.
Esa macabra maniobra consta en un documento de inteligencia que, años más tarde, fue hallado en dependencias de la la Policía bonaerense, y en el cual el comisario mayor Alfredo Fernández describe las acciones que se debían emprender contra estos jóvenes, “integrantes de un potencial semillero subversivo”.
La noche del 16 de septiembre se inició un operativo conjunto de efectivos policiales y del Batallón 601 de Ejército para capturar a nueve jóvenes de entre 16 y 18 años.
Claudio De Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro eran arrancados de sus domicilios en la primera jornada de esa acción criminal.
El 17 de septiembre, los represores apresaban a Emilce Moler y Patricia Miranda, que estudiaba en el Colegio de Bellas Artes de La Plata.
Cuatro días después era detenido Pablo Díaz, quien formaba parte de las Juventud Guevarista, un grupo vinculado al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), aunque la mayoría de ellos integraba la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), una agrupación de superficie que estaba ligada a Montoneros.
Todos fueron conducidos al centro clandestino de detención conocido como Arana, donde se los torturó durante semanas, y luego se los trasladó al Pozo de Banfield.
Moler y Díaz recuperaron la libertad tras permanecer dos años, entre cautivos y detenidos. Miranda también salió con vida de Arana, la trasladaron al Pozo de Quilmes y finalmente quedó alojada en la cárcel de Villa Devoto, a disposición del Poder Ejecutivo hasta marzo de 1978.
Por su parte, Gustavo Calotti, que había terminado el secundario un año antes, cayó en cautiverio el 8 de septiembre, y se lo considera un sobreviviente de estos hechos, ya que padeció la tortura junto a estos jóvenes.
El resto de estos estudiantes secundarios permanecen desaparecidos e integran la nómina de 232 de adolescentes secuestrados durante la última dictadura militar.
En 1985, Díaz testimonió en el “Juicio a la Juntas” donde dio cuenta de sus padecimientos, que dieron origen a una causa judicial, pero la sanción en 1987 de la Ley de Obediencia Debida impidió que el comisario Miguel Etchecolatz, autor material de estos secuestros y desapariciones, enfrentara la acción de la Justicia.
Tras derogarse en 2003 las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y los indultos dictados por el expresidente Carlos Saúl Menem, se iniciaron los juicios de lesa humanidad y Etchecolatz recibió sentencias por varios crímenes.
Al expolicía se lo halló culpable junto a otros 15 represores en el juicio por los delitos cometidos en el Circuito Camps, un proceso en el que se investigó el caso de La Noche de los Lápices, además de otros crímenes perpetrados en los centros clandestinos de detención de La Plata y zonas cercanas.
Pese al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), los cuerpos de las víctimas aún no pudieron ser identificados.
El excabo de la policía Roberto Grillo, que participó en el secuestro de los estudiantes, le confió hace años a la familia Ungaro que debió “quemar los cuerpos de los chicos”, pero que él no los mató.
En reconocimiento a la lucha de este grupo de jóvenes militantes desparecidos se conmemora cada 16 de septiembre, el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios.