Un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad consignó que a 46 años del último golpe de Estado ocurrido en Argentina hay 1.058 personas condenadas como resultado de 273 sentencias emitidas en los procesos por delitos de lesa humanidad cometidos durante los años del terrorismo de Estado. Sólo el 21% de las personas investigadas están presas y el 43% de las causas ya cuenta con sentencia.
El relevamiento fue difundido horas antes de la conmoración del Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia por el sitio Fiscales, que depende de la Procuración General de la Nación, y da cuenta de las decisiones que tomó la Justicia en relación a los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos desde que se reiniciaron, en 2006.
De acuerdo al relevamiento, 1.058 personas fueron condenadas y 165 fueron absueltas. En tanto, unas 542 personas están actualmente procesadas; 142 con falta de mérito y 573 imputadas por el Ministerio Público Fiscal sin que hayan sido convocadas a prestar declaración indagatoria en las investigaciones que se siguen en su contra. Asimismo, el estudio detalla que “hay 34 personas indagadas que aguardan la resolución de su situación procesal y otras 96 resultaron sobreseídas durante la primera parte de los procesos”.
En la actualidad, 22 personas se encuentran prófugas de la justicia y sus paraderos son desconocidos, detalla el relevamiento. Fallecieron antes de obtener sentencia 964 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad. Son 764 las personas detenidas, apenas el 21 por ciento, mientras que 1.532 permanecen en libertad, el 43%.
En tanto, el arresto domiciliario “se ha consolidado como la forma preeminente” en que las personas privadas de su libertad por este tipo de delitos transitan estos procesos judiciales. La Procuraduría informó también que “579 personas se encuentran en prisión domiciliaria; 118 permanecen en establecimientos penitenciarios y 67 lo hacen en otras dependencias, como la Unidad Penal N°34, donde funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo”. “Por sus características y el rol del Ejército en su administración, ese lugar no es considerado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad como una unidad penitenciaria”, remarcaron desde el Ministerio Público.
En relación con el estado procesal de las causas por crímenes de lesa humanidad, el análisis detalla que “el 44 % (es decir, 275 investigaciones) se encuentran en etapa de instrucción, mientras que el 43 % (273) tuvieron sentencia. En tanto, un 10 % (65) aguardan por el inicio del debate y un 3 % (20) están actualmente en juicio”.
En la mayoría de los juicios orales por crímenes de lesa humanidad analizan “las responsabilidades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad por los secuestros, desapariciones forzadas, ejecuciones y torturas”. En algunos de ellos, además, “aparecen otras temáticas que evidencian las nuevas agendas de los juicios” con son “la violencia sexual, los delitos por motivación económica y las complicidades civiles”.
En la semana en la cual se conmemorará el Día de la Verdad, la Memoria y la Justicia continúan 19 juicios de lesa humanidad en todo el país, uno de ellos es el denominado Brigadas, que juzga a 17 represores (uno falleció) por los delitos cometidos durante los años de plomo en los centros clandestinos de detención y exterminio de la zona sur del Conurbano conocidos por el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y el Infierno de Avellaneda.
