El bloque del Frente de Todos del Senado presentó esta tarde un proyecto de ley para crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, que será constituido por “quienes tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados ante el fisco” quienes deberán, si se aprueba la iniciativa, realizar “un aporte especial de emergencia”.
Esta idea había sido alentada en diciembre pasado por la vicepresidenta Cristina Kirchner y ahora aparece en forma de proyecto, días después de que quedara sellado el entendimiento con el organismo internacional.
“Este aporte no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que sólo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavando dinero. Los alcanzados por este aporte deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares”, se indica en los fundamentos de la iniciativa.
El proyecto prevé que en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá del 20 al 35 por ciento y, además, recuerda que quienes no se allanen al pago de este aporte corren el riesgo de tener una pena en prisión, tal como lo estipula la ley vigente.
La obligación de realizar este “aporte especial” también alcanzará a quienes hayan cambiado su residencia fiscal a otro país siempre y cuando “el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina.”
Recompensas para las denuncias
Los senadores enrolados en el cristinismo también apuntan a usar la figura del colaborador, que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados y que podrán ser tanto personas físicas como entidades bancarias a las que se las eximirá de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor.
Para hacer redituable la delación, proponen que quienes ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30 por ciento de lo que se obtenga por la información aportada.
“Para poner en vigencia esta figura, se presentará otro proyecto de ley que modifique las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal. Las principales naciones del mundo crearon legislación en este sentido desde principios de este siglo para tener un mayor y mejor control de las operaciones comerciales o financieras. Se propone también que el fiscal no tenga que esperar la autorización de un juez para acceder a esta información y así acelerar los procesos investigativos”, destacan.
Los senadores del Frente de Todos plantean que “así como una justicia que llega tarde no es hacer justicia, un Estado que recibe información financiera o fiscal, en forma tardía, es un estado bobo que no resguarda los bienes jurídicos o los intereses de los argentinos que debe proteger”.
El proyecto señala qué fondos estimados podrían ser alcanzados por este proyecto: “al 31 de diciembre de 2021, según las estadísticas oficiales, hay 417.507 millones de dólares de argentinos en el exterior y/o fuera del sistema financiero institucionalizado de nuestro país. De ellos se encuentran declarados ante la AFIP sólo 69.000 millones de dólares, según se desprende del impuesto sobre los bienes personales del año 2020.”
Los porqués del aporte
“Quienes se beneficiaron con los recursos del FMI, fugaron divisas de la Argentina y no las declararon – acto profundamente lesivo para los contribuyentes de nuestra nación – son los que deben hacer el mayor esfuerzo contributivo y a quienes en definitiva apunta este proyecto de ley para amortizar la deuda con el FMI. Es un acto de estricta justicia distributiva, tributaria e histórica”, sostienen desde el bloque oficialista.
A su vez, ponen de relieve que: “Como es de público conocimiento el acuerdo stand by de 2018 con el Fondo Monetario Internacional, significó el ingreso de 44.500 millones de dólares, los que en gran parte tuvieron como destino el financiamiento de la salida de divisas de nuestro país, en un claro proceso de fuga de capitales”.
“Existen unos 400.000 millones de dólares en el exterior de residentes argentinos y menos de una tercera parte están declarados ante la AFIP. Así lo demuestran los Panamá, Paradise y Pandora Papers entre otros informes de organismos públicos y privados”, concluyen.
