En el marco de la audiencia 64 del Juicio Brigadas, en el que se juzga a represores por delitos de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos de detención y exterminio de la zona sur del Conurbano, declaró María José Lavalle Lemos, hija de Mónica Lemos y Gustavo Lavalle. Ella nació en el Pozo de Banfield y fue apropiada. Recuperó su identidad en 1987. También prestaron testimonio su hermana, María, quien también pasó por un CCDyE porque fue llevada junto a sus padres, y la sobreviviente Liliana Zambrano.
La primera en declarar fue María José Lavalle Lemos, hija de Mónica María Lemos y Gustavo Antonio Lavalle. El 21 de julio de 1977 fueron secuestrados en la localidad de José C. Paz, ella estaba embarazada de ocho meses. Junto con ellos fue secuestrada la pequeña María (1 año y cinco meses) quien permaneció varios días desaparecida hasta que fue entregada a unos vecinos y luego se reencontró con sus abuelos.
Pudo saberse que Mónica, Gustavo y la pequeña María permanecieron detenidos en la Brigada de Investigaciones de San Justo. Luego, la pareja fue llevada al Pozo de Banfield. Allí nació María José, su segunda hija, a principios de septiembre de 1977, y fue entregada a una pareja e inscripta como hija propia. La Justicia, ordenó en 1986, una pericia genética y el 30 de octubre de 1987 se obtuvieron los resultados que confirmaron que era hija de Mónica y Gustavo. María José fue restituida a su familia y vivió desde entonces con su hermana y su abuela materna.
“Fueron llevados a la Brigada de Investigaciones de San Justo, con mi hermana. Después de un tiempo fueron al Pozo de Banfield. Mi hermana es dejada en la casa de vecinos de mi abuelos, al tiempo nací yo. El parto fue ahí, según la que fuera mi apropiadora (Teresa González, que era sargento) y ella presenció el parto. Ni bien nazco, se queda conmigo y mi mamá fue trasladada en un vuelo. Me quedé a vivir con ella, no sabía toda la historia, y en el 85 las Abuelas empiezan a recibir denuncias y avanza la causa de apropiación. Es ahí cuando me localizan”, relató. Tenía 10 años cuando recuperó su identidad. “Después de un tiempo, tuve la sensación que siempre había estado con ellos, con mi familia”, apuntó.
Contó como su apropiadora intentó esconderla para que no le pudieran hacer el análisis que confirmaría su identidad. “Nos mudábamos mucho”, precisó la mujer, al tiempo que comentó que incluso fue escondida en una quinta de un amigo de la sargenta, que era policía.
Ella estima que su nacimiento fue el 2 de septiembre de 1977, pero no tiene la certeza. “Nos robaron el derecho a que nuestros padres nos críen, nos formen, nos eduquen, nos den su impronta del mundo. Fue adrede. Sacarnos eso era parte de su plan político, es una de las tantas consecuencias que dejó el terrorismo de Estado, por eso me parece que la Justicia tiene que dar una condena severa porque son cosas que no cesan. Nos va a acompañar siempre y lo heredamos a nuestros hijos. Tienen que tener su condena y el ejemplo de que esas cosas no se pueden volver a hacer”, pidió.
Liliana Zambrano, sobreviviente, prestó testimonio de forma presencial (es la tercera audiencia semipresencial desde el inicio del juicio). Fue secuestrada el 30 de agosto en su casa de La Plata y fue liberada el 29 de octubre. “Estando con un compañero de estudio (Jorge Gilbert), ingresa a mi domicilio un grupo de personas vestidas de civil, con armas largas, y nos hacen poner contra la pared. Inmediatamente nos vendan los ojos e ingresa un compañero de la carrera al edificio (Zacarías Moutokias) y se lo llevan también”, contó. Los tres fueron llevados, en distintos vehículos, a la Brigada de Investigaciones de La Plata.
A ella le preguntaron por su prima y su esposo, y le advirtieron: “Mañana, con la máquina, vas a hablar”. A la mañana siguiente los trasladan a los tres juntos al Pozo de Arana, donde fue torturada con picana. A ella la interrogaron por su prima y su compañero, y en la segunda sesión (por la mañana y la tarde) les dijo que estaban en Suecia. Al no poder dar con ellos, le pidieron datos de “compañeros de militancia” de la facultad. Luego, volvió al primer destino de detención ilegal y finalmente fue trasladada al Pozo de Banfield.
Contó que supo por Gustavo Lavalle, esposo de Mónica Lemos, y otra chica que ella había tenido un bebé en el centro clandestino de detención. “Estuve un mes y 20 días en el Pozo de Banfield”, señaló.
La siguiente testigo fue Mónica Quiñonez, quien declaró por Mónica Lemos y Gustavo Lavalle. “Frente a la casa de ellos vivían unos amigos de su familia y les dijeron que se los habían llevado. Entramos a la casa, estaban las puertas rotas (adelante y atrás) estaba todo tirado, la cunita de la nena, habían levantado todo el piso y lo que había quedado, estaba todo roto”, contó. Los abuelos siguieron yendo a ver la casita. “A María, después de un tiempo, la devolvieron con los abuelos”, recordó.
La última en prestar declaración fue María Lavalle Lemos, la pequeña que fue secuestrada junto a sus padres. “Vivíamos en José C. Paz, en el barrio San Fernando, mis padres se mudaron en 1975 cuando dejan de tener participación activa en una organización política. Por diferentes relatos, se que la idea de ellos era formar su familia ahí. Comenzaron a tener una participación barrial, había pocas familias y tenían una relación muy fuerte con los vecinos, de realizar tareas solidarias”, contó al dar inicio al testimonio.
Luego, habló del “operativo muy violento” de la noche del secuestro (entre el 20 y el 21 de julio). “Somos llevados los tres a la Brigada de Investigaciones de San Justo, permanecemos los tres ahí hasta el 26 de julio, cuando yo soy devuelta y ellos son trasladados al Pozo de Banfield”, mencionó. Los represores llamaron a la casa de los abuelos y les dieron una dirección de encuentro para entregarla. “Me dejan en la casa de un vecino”, apuntó. Con el paso del tiempo, ella se acercó a hablar con este hombre y le contó cómo fueron las circunstancias pero teía, aún, “mucho miedo”.
El relato familiar indica que cuando llegó a la casa de los abuelos, estaba “ida, con la mirada perdida” y en “muy mal estado”. Con el tiempo, pudo “ir volviendo”.
Sobre el final, advirtió que tanto ella como María José se presentaron en 2015 como querellantes y la demora generó que “sea muy injusto”. Cuestionó que el caso tuvo “una instrucción larguísima y malísima”. “Una forma de que sea más justo es que esté cada vez más abierta la posibilidad de que éste vuelva a ser un juicio oral y público, se que se está yendo hacia eso pero me parece que tiene que acelerarse este proceso”, planteó.
También hizo foco en la cantidad de audiencias, en sintonía con los reclamos realizados previa a la feria judicial de enero. “Teniendo en cuenta el tiempo ya transcurrido, una audiencia por semana es que sea más injusto. Va a ser un juicio larguísimo”, reflexionó, al tiempo que remarcó que “hay un montón de casos que no entraron y se va a tener que volver a juzgar”.
El Tribunal aceptó el reclamo y explicó que recién se terminó de formar en agosto de 2019 y el proceso comenzó algunos meses después.
El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata -que está integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 17 represores, entre ellos a Miguel Etchecolatz y el ex médico policial Jorge Antonio Berges por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores en perjuicio de casi 500 víctimas alojadas en tres centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar. Es transmitido por La Retaguardia, la Justicia y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
Son juzgados, por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el ex médico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale. También son juzgados Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti. Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en “El Infierno” también están imputados Etchecolatz, Berges y Smart. Miguel Ángel Ferreyro falleció en el transcurso del juicio, estaba imputado por los delitos cometidos en la Brigada de Lanús.
El juicio se reanudará el martes 10 de mayo, a las 8.30, en lo que será la cuarta semipresencial. Los cuatro testimonio serán en la sala. También se informó que la idea es ir sumando más testigos por audiencia.
EL JUICIO
El juicio comenzó el 27 de octubre de 2020. El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata -integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 18 represores, entre ellos Etchecolatz, Juan Miguel Wolk y el médico policial Jorge Berges, por cerca de 500 delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de tortura, detención y extermino conocidos como el Pozo de Banfield, el de Quilmes y El Infierno de Avellaneda.
En la segunda audiencia, el represor Miguel Etchecolatz se negó a ser indagado por un tribunal civil. “Necesito que me interroguen los jueces que estaban en ejercicio de sus funciones en ese momento; es decir la justicia militar”, sostuvo. “Sigue sosteniendo la teoría de los dos demonios”, advirtieron desde HIJOS Lomas de Zamora.
En la tercera, se transmitió el testimonio grabado de Adriana Calvo y Cristina Gioglio, sobrevivientes de la dictadura que también fallecieron; en la cuarta se escuchó el desgarrador relato de Nilda Eloy.
El 24 de noviembre, en el marco de la quinta jornada, el represor Ricardo Fernández -imputado del secuestro de 350 personas, cuatro homicidios, dos abusos sexuales y la sustracción de seis menores- se negó a ser indagado por la Justicia federal de La Plata. “No tengo nada que declarar”, dijo Fernández vestido con un pijama azul, ya que cumple prisión domiciliaria.
En la audiencia del 1 de diciembre, especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense revelaron que hay más de un centenar de cuerpos enterrados como NN que no se pudo identificar, por lo que pidieron a personas que buscan familiares desaparecidos de esa época que concurran a extraerse muestras de sangre.
Más tarde, María Isabel Chorobik de Mariani, conocida como “Chicha” y fallecida en el 2018 sin haber podido reencontrarse con su nieta Clara Anahí, apropiada en 1976, volvió a dar testimonio de su lucha a través de un video.
En el marco de la octava audiencia, se escuchó la declaración testimonial de contexto de la historiadora e investigadora del Conicet Victoria Basualdo, sobre la participación empresarial durante la última dictadura cívico-militar. “Hay casos concretos donde las empresas acompañaron y fueron co-responsables de los procesos represivos”, advirtió.
El periodista Horacio Verbitsky dio detalles, el siguiente martes, sobre la responsabilidad empresaria en los secuestros de trabajadores de la fábrica de calefones Saiar, de Quilmes, durante la última dictadura cívico militar. Habló sobre la responsabilidad de la patronal en el secuestro de trabajadores. Esta información fue investigada por el periodista, que escribió una nota al respecto hace 29 años y luego incluyó esa información en un libro, titulado “Cuentas Pendientes”, que aborda el tema de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado.
En la décima jornada se escucharon las declaraciones de contexto de María Sondereguer y Alejandra Paolini, sobre violencia de género en el Terrorismo de Estado.
En la audiencia siguiente, en tanto, se expusieron las pericias realizadas en El Infierno de Avellaneda.
En la duodécima audiencia, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata escuchó el testimonio de Laura Franchi, sobreviviente, y sus hijas María Laura y Silvina Stirnemann. Ella estuvo detenida en el Pozo de Banfield durante los años de plomo pero luego fue trasladada a un penal. “Un médico me tomaba el pulso y decía lo que había que hacer y lo que no había que hacer (durante las torturas)”, recordó. Su pareja fue asesinada y permaneció en condición de desaparecido hasta 1994, cuando sus restos fueron hallados en el cementerio de Lomas de Zamora.
En la reanudación del juicio, el 2 de febrero, fue Stella Segado quien expuso sobre el funcionamiento y la estructura de la inteligencia de la última dictadura y detalló las particularidades de ese entramado en territorio bonaerense, donde funcionaron los tres centros clandestinos de detención y exterminio de Lomas de Zamora, Quilmes y Avellaneda.
La audiencia 14 contó con la palabra de Stella Caloni, quien brindó un testimonio de contexto sobre el entramado represivo latinoamericano del Plan Cóndor.
El 23 de febrero declaró Jorge Nadal, sobreviviente de centros clandestinos de detención y a quien le llevó 30 años recuperar a su hijo apropiado. “El plan sistemático de los genocidas no se conformó con nosotros y fueron por nuestros hijos; a mi hijo Pedro Luis lo busqué 30 años y mi otro hijo, Carlos Alberto, tuvo secuelas en su salud, todo este desquicio derivó en un trastorno psiquiátrico”, relató Nadal.
En la siguiente jornada fue Lidia Biscarte la sobreviviente que declaró y reclamó a la Justicia que sean encarcelados los responsables de tortura, violación y homicidio. “Esto que relato no es una novela, es un dolor muy grande y mis compañeros (de cautiverio) no están para defenderse, por favor, usted está ahí para hacer justicia”, le dijo al titular del Tribunal.
En la audiencia 17 expuso Miguel Angel Prince, caso por la Brigada de Lanús con asiento en Avellaneda durante los días finales de agosto de 1976, pero también los jueces escucharon otro testimonio que no se hizo público.
También declararon el sobreviviente Alejandro Reinhold, María Esther Alonso y los familiares de desaparecidos Eduardo Nachman y Alejandrina Barry.
En la audiencia 19 declararon Nicolás Barrionuevo, delegado gremial de la fábrica Saiar; Oscar Pellejero, miembro del sindicato no docente de la Universidad Nacional de Luján, ambos sobrevivientes de secuestro y torturas; y Sixto García, hermano de Silvano García, delegado gremial de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales (FATRE), que está desaparecido.
En la siguiente jornada se escucharon los testimonios de dos víctimas: María Ester Alonso Morales, hija de Jacinto Alonso Saborido y de Delfina Morales, nacida en cautiverio, y Raúl Marciano (ex detenido desaparecido que pasó por el Pozo de Banfield).
En la audiencia 21, en tanto, declararon Stella Maris Soria, hija de Miguel Ángel Soria; Norma Soria, hermana del delegado asesinado y la esposa de éste, María Esther Duet. “El 6 de junio de 1976 estaba mirando en televisión La Pantera Rosa, cuando entraron a la casa de mis abuelos buscando a mi papá, que había llegado de trabajar pero había logrado salir por el fondo”, contó Stella Maris.
En la jornada 22 declararon los sobrevivientes Patricia Pozzo, Juan Carlos Stremi y Mario Colonna, quienes que permanecieron en el Pozo de Quilmes durante agosto de 1976. Ella relató cómo fue su secuestro en La Plata, su paso por Arana, el Pozo de Quilmes y El Infierno. Logró salir del país, luego de estar detenida de forma legal en Olmos y Devoto.
En la siguiente jornada continuó el testimonio de Colonna. Se sumaron las declaraciones de los sobrevivientes Virgilio Cesar Medina y Néstor Busso, pero también declaró Eva Romina Benvenuto, hija de detenidos desaparecidos. El intento de suicidio de Medina fue, quizá el momento más dramático de la audiencia.
En la audiencia 24 declararon Leonardo Blanco, sobreviviente; Liliana Canga (hermana de Ernesto Enrique Canga, quien fue asesinado durante la dictadura) y destacó el trabajo del Equipo de Antropología Forense (los restos de su hermano fueron recuperados de una tumba N.N. de La Plata). También declaró Marcos Alegría, sobreviviente, quien contó su escape de Chile por la represión y el secuestro por luchar por mejoras laborales en la industria Saiar de Quilmes.
El siguiente martes fue el turno de Pablo Díaz, quien hizo foco en la violencia sexual a la que eran sometidas las mujeres y el tratamiento como mercancía de las embarazadas. Él fue secuestrado durante los operativos enmarcados en La Noche de los Lápices y relató los tormentos sufridos: picana eléctrica, tenazas y golpes. Pidió que los represores no sean beneficiados con la prisión domiciliaria y bregó porque la Justicia no se demore otros 37 años.
La audiencia 26 contó con los testimonios de Nora y Marta Úngaro, la primera estuvo secuestrada durante los años de plomo y ambas son hermanas de Horacio, quien continúa desaparecido. También se escuchó la primera parte del testimonio de Walter Docters. “Uno se ahogaba en sus propios gritos”, aseguró Nora, recordando las sesiones de tortura, que no impedían que los represores abusaran de las mujeres. “Me llegaba la sangre a los tobillos y aún así te venía a manosear”, precisó. “Su condición de mujer era un bien de uso para los asesinos”, apuntó Docters.
La siguiente jornada continuó con la declaración Docters. También prestó declaración Delia Giovanola, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, quien buscó durante 39 años a su nieto. Su hijo Jorge Ogando y su nuera Stella Montesano fueron secuestrados el 16 de octubre de 1976 en La Plata, tuvo que hacerse cargo de la crianza de la hija de ambos y emprendió la búsqueda de ellos y del segundo hijo, cuando supo que su nieto había nacido en el Pozo de Banfield. “Martín volvió a su familia cuando tuvo 39 años”, señaló.
El martes 25 de mayo no hubo audiencia, pero en la siguiente declararon el nieto restituido Martín Ogando y la sobreviviente de La Noche de los Lápices Emilce Moler. “Te duelen las ausencias, que en mi caso son muchas. Tengo la tranquilidad de haber hecho todo lo posible para la condena social de lo ocurrido, pero te quedan heridas abiertas de nuestros compañeros desaparecidos, por eso seguimos hablando”, aseguró Moler. También prestó testimonio Martín García, hermano de Silvano García, delegado gremial que permanece desaparecido.
La jornada 29 contó con la declaración de dos sobrevivientes, cuyos secuestros tuvieron que ver con su participación gremial. Se trata de Juan Antonio Neme y Jorge Varela, secuestrado junto a otros compañeros en Saiar. “La tortura psicológica más me ha marcado en este tiempo”, admitió Neme, quien presenció la tortura de dos compañeros y “los vuelos de la muerte”.
Melania Servin Benítez, hermana de Santiago Servin; Ricardo López Martín, hermano de Ángela López Martín; y Valeria Gutiérrez Acuña, hija de Liliana Isabel Acuña y Oscar Rómulo Gutiérrez, fueron los tres testigos de la audiencia 30. El pedido de una ley que prohíba el negacionismo, en palabras de la nieta restituida, fue el cierre de la audiencia. “Es doloroso cuando se niega, descalifica… fueron personas con sentimientos, proyectos, ganas de tener una sociedad más justa”, aseguró.
“No tener información certera, te carcome pero la única forma de poder sobrellevar esto es seguir buscando”, aseguró Miguel Santucho, quien busca a un hermano o hermana nacido durante el cautiverio de su madre Cristina Silvia Navajas. También fueron parte de la audiencia 31 María Marta Coley, hija de Manuel Coley Robles, y Clara Fund, hermana de Juan Carlos Fund.
En la audiencia 32 declararon Fabio Acuña, quien era miembro de la Prefectura Naval Argentina cuando fue secuestrados, y Filemón Acuña, quien se desempeñaba en Peugeot al momento de su detención. Ambos dieron cuenta de su paso pos distintos centros clandestinos de detención del sur del Conurbano, entre otros, y su estadía en distintos penales, ya como presos políticos.
En la jornada 33 se escucharon los testimonios del nieto restituido Esteban Badell Acosta, quien dió detalles del secuestro de sus padres (María Eliana Acosta Velasco y Esteban Benito Badell) y la entrega (junto a su hermana) a un tío político, y el sovreviviente Miguel Hernández.
El juicio pasó a un cuarto intermedio por la feria judicial de invierno y se reanudó el 3 de agosto, con la declaración de Mariana Busetto, hija de Osvaldo Busetto; Ramiro Poce, hijo de Ricardo y sobrino de Julio Gerardo Poce; y María Ofelia Santucho, sobreviviente al genocidio y sobrina de Roberto Santucho. El reclamo de los restos mortales de los militantes fue el común denominador. El “qué hubiera pasado/sido”, también fue central en la declaración de las mujeres.
En la audiencia 35 declararon Haydeé Lampugnani, quien estuvo detenida en El Infierno, entre otros centros clandestinos, y su hijo Gervasio Díaz. “Somos una familia diezmada por la represión”, advirtió ella. El tercer testimonio fue el de Hugo Pujol, ex detenido y hermano de Graciela Gladis Pujol, secuestrada con cuatro meses de embarazo. Aún espera poder conocer a su sobrino o sobrina, que debió nacer en febrero o marzo de 1977.
El siguiente martes prestaron testimonio Jorge Barry, hermano del desapareicdo Enrique Barry, y Claudia Congett y Patricia, hijas de Jorge Congett. “Ni siquiera nos dan la tranquilidad de saber dónde están los restos de nuestro padre”, admitió Patricia, quien reclamó que se inestiguen los restos hallados en un sector del cemenerio de Avellaneda.
En la audiencia 37 declararon la hija y la entonces pareja de Ricardo Chidichimo, desaparecido, y el sobreviviente Rubén Ares, quien era policía cuando fue secuestrado y torturado. “Cárcel común y efectiva”, fue el pedido de Cristina del Río, mientras que su hija contó el camino de búsqueda que emprendieron tras su desaparición. “Si el duelo es difícil, no se imaginan un duelo sin cuerpo”, expresó Florencia.
Lautaro y Laura Lafleur, hijos del desaparecido Gustavo Lafleur, y la sobreviviente Patricia Eva Rinderknechet prestaron testimonio en el marco de la audiencia 38 del Juicio Brigadas. “Es muy difícil explicar que alguien desaparece de golpe y no se sabe nada más”, advirtió la hija de Gustavo, quien hizo hincapié en “la ausencia” y la necesidad de saber qué pasó con su papá, cuyos restos no fueron encontrados aún.
En la siguiende audiencia declararon María Cristina Jurado, hermana de una detenida-desaparecida; David Nillni, quien declaró por su pareja Inés María Pedemonte; y un tercer testigo que no fue transmitido. “Cuando una persona es desaparecida forzozamente, es deportada, es trasladada, es igual que lo que hicieron los nazis. Y eso se llama terrorismo de Estado”, advirtió el hombre, quien aclaró que “pasaron 45 años de este hecho, pero la herida no está cerrada”.
En la audiencia 40 declararon Oscar Ernesto Solís, sobreviviente al genocidio, y Luis Fernando Peredes, testigo por Jorge Mendoza Calderón. “Yo me he sentido culpable de que me liberaron cuando otros compañeros se quedaron en el camino”, admitió Solís, quien estuvo detenido junto a su hermano, Alberto Mario, en la Brigada de Lanús.
Silvia y Claudia Gorban declararon en la siguiente jornada, ambas estuvieron secuestradas en El Infierno de Avellaneda, y relataron su paso por el centro clandestino de detención. “De la misma manera que mi padre me dijo a los 15 años que no me olvide que por ser judía mis bisabuelos fueron cremados en los campos de concentración nazis, hoy les pido a mis hijos y sobrinos que no se olviden que estuvieron los campos nazis y que tuvimos los campos en Argentina”, expresó Claudia al solicitar el certificado al tribunal.
En la audiencia 42 declararon Silvia Caveccia, por la desaparición de Miguel Ángel Calvo; Yamil Robert y Norberto Borzi, hermanos de desaparecidos. “Camps, Etchecolatz y Bergés fueron a la casa, se querían llevar a los chicos”, recordó el hermano de Oscar Isidro Borzi. El cuerpo de Norma Robert fue hallado, con un tiro en la cabeza, en una fosa común del cementerio de San Martín.
Luego fue el turno de los hermanos Juan Domingo Díaz, Juan Antonio, Bonifacia del Carmen y Víctor Hugo, quien era miembros de Montoneros, escapó del Regimiento de La Tablada y sobrevivió a un enfrentamiento con militares. “La resistencia se vivió en dos planos, los que estábamos organizados en una agrupación política y la resistencia familiar”, expresó.
La jornada 44 contó con el testimonio de dos hermanos de detenidos desaparecidos. Luis Ángel Pérez, hermano de Héctor Pérez, cuyos restos fueron identificados en 2009, advirtió: “No hay palabras para decir que a uno le roban a su hermano o a su hijo”. Martín Carriquiriborde, hermano de Gabriela, quien fue secuestrada el 30 de septiembre de 1976 junto a su pareja Jorge Orlando Repetur, señaló que siguen buscando al niño o niña que debió nacer en diciembre de ese año. “Estamos siempre expectantes de poder encontrarlo”, precisó.
En las dos siguientes audiencias declaró Ernesto Borzi, hijo de Oscar Isidro Borzi. En la primera, relató el momento en que los represores Jorge Antonio Berges, Ramón Camps y Miguel Etchecolatz discutían porque querían llevarse a los tres hermanitos. Él tenía 7 años; Luis Alejandro, 6 y Juan Manuel, 3. El mismo testimonio brindó su tío Norberto Borzi tres audiencias atrás. En la segunda, reclamó que se realicen más audiencias por semana para que los represores no mueran impunes, luego de que se conociera la muerte de Ferreyro.
La audiencia 47 fue unificada con el Juicio Garachico y declararon Víctor López Muntaner, hermano de uno de los detenidos en La Noche de los Lápices, y Walter Docters, quien ya había prestado testimonio en este juicio. En la jornada 48, en tanto, expusieron los otros dos hijos de Oscar Borzi, Juan Manuel y Luis.
En la jornada siguiente declararon Horacio Matoso y Hugo Marini, ambos sobrevivientes. Matoso estuvo en El Infierno y recordó las torturas sufridas por otros detenidos, como quemaduras con soplete y clavos en las uñas de los pies. Marini declaró por Liliana Ross, quien estaba embarazada de cuatro meses cuando fue chupada y estuvo detenida en El Pozo de Banfield. Su embarazo no llegó a término porque fue asesinada.
La audiencia 50 contó con testimonios de familiares de Juan Carlos Abachian, conocido como El Armenio. Mercedes Loyarte era su pareja al momento de la detención, tuvo que huir del país junto a su beba y advirtió que “el exilio es un desarraigo enorme”. Rosario tenía 8 meses cuando su papá fue desaparecido y agradeció que “se esté haciendo justicia”, mientras que la hermana de Juan Carlos, Marta Susana, advirtió que aún hoy no saben qué pasó con él.
En la audiencia siguiente declararon Alfredo, Renato y Guillermo Forti, hijos de Nélida Azucena Sosa de Forti, quien se encuentra desaparecida. Ella y sus cinco hijos fueron secuestrados cuando estaban en un avión a punto de despegar con destino a Venezuela. Estuvieron seis días detenidos en el Pozo de Quilmes y fueron liberados, pero su madre fue trasladada a otro centro clandestino de detención, en Tucumán. Alfredo reclamó que se juzguen a los civiles que tienen responsabilidades.
Dos destigos declararon en la audiencia 52 del Juicio Brigadas. Se trata de Fabián Muñoz, quien contó el secuestro de toda su familia y la búsqueda de Silvia (una de sus hermanas que estaba embarazada) y su sobrino o sobrina que debió nacer en el Pozo de Banfield; y Ana Laura Mercader, hija de Anahí Silvia Fernández y Mario Mercader, ambos secuestrados y asesinados. Los restos de ambos fuero identificados en 2009. “Los hijos e hijas hemos pasado nuestra vida intentando completar, completar nuestra identidad, nuestra historia, proyectos familiares, nuestras descendencias”, admitió.
La audiencia 53 contó con el testimonio de Ana María Caracoche, quien fue secuestrada y sus hijos fueron apropiados, y de los hermanos Eduardo, Ricardo y Gerardo D´Ambra, hermanos de Alicia D´Ambra, quien continúa desaparecida. “Los chicos fueron botín de guerra”, lamentó Ana María, quien contó el camino para poder reencontrarse con los nenes. Las querellas, en esta ocasión, solicitaron más audiencias por semana en la continuidad del juicio (2022) y que sean semipresenciales.
Tras la feria judicial de verano, se realizó una inspección ocular en El Infierno de Avellaneda. En la audiencia siguiente declaró Pedro Cerviño, sobreviviente del genocidio, quien compartió cautiverio Nélida Azucena Sosa de Forti en la jefatura de Policíua de la capital tucumana.
La audiencia 55 del Juicio Brigadas contó con el testimonio de Fernando García, sobreviviente del Pozo de Quilmes; y Diego Genoud Santucho, hijo de Manuela Santucho, quien permanece desaparecida. “Es una guía permanente pese a la ausencia”, admitió Diego. El testimonio de García aportó el dato de una mujer embarazada detenida en Quilmes, de quien no se tenía dato alguno hasta el momento; de hecho, no aparece como víctima en este juicio.
En la siguiente jornada declararon Roberto Redoldi, por la desaparición de Alfredo Patiño, y Sergio Maly, hijo del sobreviviente Alberto Maly. Ambos detenidos estuvieron en el Pozo de Quilmes. Sergio, además, contó su detención en Campo de Mayo. “Esto que hago hoy (declarar) no lo hago por venganza ni por odio, lo hago por justicia”, aseguró.
Gustavo Calloti y José María Noviello fueron los sobrevivientes que prestaron declaración en la audiencia 57, que fue semipresencial. Ambos estuvieron secuestrados en el Pozo de Quilmes y pasaron por la comisaría de Valentín Alsina antes de ser legalizados.
En la audiencia 58 declararon Martín Horacio Cañas y Mónica Huchansky, fue por sus hermanos Santiago y Patricia, respectivamente. Ambos estuvieron en el Pozo de Banfield. En el final del testimonio, Mónica renovó el reclamo de cárcel común y efectiva para los represores.
En la siguiente jornada declararon tres familiares de detenidos-desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar que estuvieron cautivos en el Pozo de Banfield. Se trata de Alejandra Mobili, hermana Ana María, quien permanece desaparecida, y los hijos de ella con José Roberto Bonetto, Martín y Ana Julia. “De Roberto encontramos los restos pero de mi hermana no se nada. Me gustaría encontrar los restos para que estos chicos cierren la historia de sus padres”, mencionó Alejandra, quien crió a Martín, mientras que Ana Julia creció en la casa de la tía paterna.
En la audiencia 60, el TOF 1 de La Plata escuchó el testimonio de los tres hijos de Adriana Calvo, quien estuvo detenida en el Pozo de Banfield junto a su beba -nacida en el traslado al CCDyE-. Martina, Santiago y Teresa dieron cuenta del miedo que vivieron durante toda su vida, que cobró fuerza con la desaparición de Julio López en 2006. “Nací desaparecida y torturada”, fue la presentación de la menor de los hermanos, la beba que pasó de celda en celda en el predio también conocido como “la maternidad de la dictadura”.
En la jornada 61 declararon Rosaria Isabella Valenzi, hermana de Silvia Mabel Isabella Valenzi, y manifestó que sigue activa la búsqueda de su subrina, quien nación el 2 de abril de 1977 en el hospital Iriarte de Quilmes. Alicia Galeano y Nancy Rizzo, hijas de Héctor Galeano y José Rizzo, hicieron foco en la no identificación -a 46 años del golpe cívico-militar- de dos cuerpos hallados en una excavación en el cementerio de Isidro Casanova. Fue allí donde estaba enterrado como NN José y Alicia cree que su padre puede ser uno de ellos.
En la continuidad del juicio se escucharon cuatro testimonios. Se trata de la sobreviviente Lidia Papaleo, los familiares de desaparecidos Sara Agüero y Rafael María Perrota, y el médico Justo Horacio Blanco, quien atendió el parto de una joven desaparecida (Silvia Valenzi) en un hospital de Quilmes, cuya beba nunca fue entregada a la familia y aún es buscada.
En la audiencia 63 se escuchó el testimonio de Ana Soledad Rodríguez Futulis, hija de Laura Inés Futulis y Miguel Eduardo Rodríguez. Relató cómo fue crecer sin sus padres, en un hogar en el que la violencia era moneda corriente. “La dictadura rompió absolutamente todo”, planteó. La segunda testigo fue Marta Ríos de Patiño, quien por su compañero desaparecido Alfredo Patiño, quien era trabajador de Siat y Molinos Río de La Plata.
En el marco de la audiencia 64 del Juicio Brigadas declaró María José Lavalle Lemos, hija de Mónica Lemos y Gustavo Lavalle. Ella nació en el Pozo de Banfield y fue apropiada. Recuperó su identidad en 1987. También prestaron testimonio su hermana, María, quien también pasó por el CCDyE porque fue llevada junto a sus padres, y la sobreviviente Liliana Zambrano.
LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN Y EXTERMINIO
El Pozo de Banfield funcionó bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de Banfield en las calles Siciliano y Vernet de Lomas de Zamora, desde 1974 hasta al menos octubre de 1978, según testimonios de los sobrevivientes. De las 253 personas que fueron allí torturadas, 97 permanecen desaparecidas y al menos 16 son mujeres que dieron a luz en la maternidad clandestina.
El Pozo de Quilmes funcionó en la Brigada de Investigaciones de Quilmes. Pasaron por allí 183 víctimas.
El Infierno de Avellaneda fue un centro de detención que funcionó en el lugar que por entonces era la Brigada de Investigaciones de Lanús, dependiente de la Dirección General de Investigaciones que dirigía el genocida Miguel Etchecolatz y funcionaba bajo la órbita del entonces jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps. Se ubica en 12 de Octubre 234.
