Desde la seccional del hospital neuropsiquiátrico Dr. José A. Esteves de Cicop advierten que no son necesarios cambios sino que es fundamental implementar la Ley de Salud Mental con un 10 por ciento del presupuesto de Salud, ante las expresiones que habla de una modificación de la normativa, a partir de dos casos públicos como el de Santiago Moreno Charpentier, conocido como Chano, y Felipe Pettinato.
A raíz de los últimos acontecimientos mediáticos en relación a la necesidad de modificar la Ley de Salud Mental Nº 26.657, los integrantes de la Comisión Directiva de CICOP Esteves dejaron en claro que “la Ley representa un avance y marca un hito en la lucha por la desmanicomialización, en tanto sustituye el enfoque tutelar por un enfoque de derechos, en concordancia con los marcos normativos nacionales e internacionales (código civil y comercial de la nación, declaración de los derechos de las personas con discapacidad, etc.)”.
“La Ley es un instrumento para poder modificar un sistema de salud mental a todas luces deficiente, donde los servicios de salud están aún organizados en función de un modelo de atención expulsivo y decadente, ineficiente para abordar la complejidad que la problemática implica y para preservar la salud y el bienestar de las personas con padecimiento mental“, señala el comunicado.
En ese marco, advierten que “los sectores que piden la modificación o anulación de artículos de la Ley claramente proponen un retroceso en materia de derechos de las personas con padecimiento mental, utilizando y exponiendo públicamente situaciones personales, penosas y que debieran permanecer en el ámbito de lo íntimo, para utilizarlas como argumento para hacer decir a la Ley, algo que la Ley de ninguna manera dice y que esos sectores adrede y sin escrúpulos sostienen: que no se puede internar a una persona que no da su consentimiento, que no se puede internar si la persona no está de acuerdo”. “Omiten, intencionadamente, hablar de la responsabilidad que los equipos de salud tenemos: evaluar la necesidad o no de una internación en función de un diagnóstico interdisciplinario y situado. Omiten también el hecho de que una internación pueda ser voluntaria o involuntaria”.
De esta forma, aluden a los dos casos que tomaron estado público que tiene como protagonistas a Santiago “Chano” Moreno Charpentier, cuya madre impulsa la demanda de cambios, y a Felipe Pettinato, quien sufrió un incendio en su departamentos que derivó en la muerte de un allegado. Fue su hermana, Tamara, quien advirtió sobre la impotencia de familiares ante estos casos en función de la Ley.
“La Ley es el marco sobre el cual debieran sustentarse las políticas de salud mental actuales y futuras; es por esto que manifestamos que no es necesario modificarla sino que es urgente implementarla con su presupuesto del 10% de salud, con el fortalecimiento de los equipos de trabajo en el primer y segundo nivel de atención, con el abordaje intersectorial de la problemática (trabajo, vivienda, justicia, educación), con la creación de dispositivos intermedios y alternativos a la internación, y con el acceso al trabajo y vivienda. Como trabajadores de Salud Mental nos pronunciamos en defensa de una salud pública gratuita, universal y de calidad; adherimos a la Ley de Salud mental 26.657 y exigimos su plena implementación”, cierra el comunicado.
El Esteves cuenta hoy con un bar que es atendido por pacientes y mujeres externadas de la institución, además fue pionero en implementar el PREA (Programa de Rehabilitación y Externación Asistida), que permite a las pacientes integrarse a la vida social, compartiendo una vivienda y con una ayuda económica que les permite transitar el día a día hasta lograr la autonomía. El monovalente también impulsó el programa Residencia para la Externación, un dispositivo interno que apunta a la reinserción de las pacientes que ya están listas para dejar atrás los pasillos de la institución. Es una suerte de limbo entre el adentro y el afuera.
