El Juicio Brigadas, como se conoce al proceso que comenzó en octubre de 2020 y juzga a represores por delitos de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos emplazados en la zona sur del Conurbano, se encuentra detenido por el cuarto intermedio dictado en la última audiencia, pero son varios los puntos salientes que vale la pena recordar: reclamo por la identificación de cuerpos, pedido de reanudar las investigaciones en el cementerio de Avellaneda, la identificación de una víctima que no estaba en los registros y los viajes para el traslado de detenidos uruguayos al vecino país.
El juicio, que sigue el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, pasó a un cuarto intermedio hasta el 9 de agosto, con motivo de la feria judicial. En las últimas audiencias, se aumentó el número de testigos (pasó de tres a cinco) y se realizaron siete semipresenciales; es decir, algunos testimonios se escucharon en la sede judicial, mientras que otros continuaron de forma virtual.
Es desgarrador el relato de los sobrevivientes, que dan cuenta de torturas psicológicas y físicas (picana eléctrica, submarino y golpes), pero también conmocionan los relatos sobre abuso sexuales y partos que se realizaron en el Pozo de Banfield, sin las mínimas condiciones de higiene. También aparecen, entre las tantas voces que pasaron por la sala, historias de dolor porque los niños eran arrancados de los brazos de las madres.
En la audiencia 36, Patricia Congett, hija de Jorge Congett, reclamó que se investigue un sector del cementerio de Avellaneda. “Ni siquiera nos dan la tranquilidad de saber dónde están los restos de nuestro padre“, advirtió la mujer, al tiempo que volvió a pedir la identificación de restos en los cementerios de Villegas y Avellaneda. Cree que los restos de su padre pueden estar en el predio donde se construyó un mausoleo de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
La audiencia 55 pasó a un cuarto intermedio pero no sin antes solicitar que se librara un oficio de forma “urgente” a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad para que notifique sobre la posibilidad de un nuevo caso de una mujer embarazada detenida, mencionado por Fernando García, sobreviviente del Pozo de Quilmes. La solicitud fue de Emanuel Lovelli, abogado que representa a Abuelas de Plaza de Mayo. Se trata de Beatriz Alicia Lenain, quien fue vista en el Pozo de Quilmes por el testigo. Hasta el momento se desconocía que pasó por ese centro clandestino de detención y la posibilidad del embarazo.
En la audiencia 61, Alicia Galeano y Nancy Rizzo, hijas de Héctor Galeano y José Rizzo, hicieron foco en la no identificación de dos cuerpos hallados en una excavación en el cementerio de Isidro Casanova. Fue allí donde estaba enterrado como NN José y Alicia cree que su padre puede ser uno de ellos. “La Justicia tiene que decirme si lo identificaron o no. Queremos sus restos, que vuelva a la tierra. No podemos seguir así, 46 años esperamos y sentimos nuevamente que está negado”, aseguró. Tras este testimonio, Ricardo Basilico señaló que “se va a disponer por parte de la Fiscalía que se efectúen las averiguaciones y actuaciones correspondientes si hay causa en curso y si no la hay, que tome las medidas pertinentes en función del Artículo 120 de la Constitución (que dice que el Ministerio Público Fiscal es un órgano independiente con autonomía funcional y autárquica financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad)”.
En la audiencia 68, en tanto, Soledad Dossetti, hija de desaparecidos uruguayos (Edmundo Sabino Dossetti Techeira e Ileana Sara M. García Ramos) y la nieta María de las Mercedes Carmen Gallo Sanz, hizo una breve descripción del “cuarto vuelo” y mencionó que de acuerdo a testimonios, los uruguayos detenidos eran interrogados por represores uruguayos y trasladados en lanchas al vecino país, pero no llegaban con vida. Una de las querellas (Abuelas de Plaza de Mayo) solicitó que se pida información respecto de los vuelos y de viajes en barcos para el traslado de desaparecidos.
El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata -que está integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 16 represores por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores en perjuicio de casi 500 víctimas alojadas en tres centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar. Es transmitido por La Retaguardia, la Justicia y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
Son juzgados, por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el ex médico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale. También son juzgados Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti. Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en “El Infierno” también están imputados Berges y Smart.
Miguel Ángel Ferreyro y Miguel Etchecolaz estaban imputados por los delitos cometidos en la Brigada de Lanús (el primero) y por crímenes en el Pozo de Banfield, Quilmes y el Infierno de Avellaneda (el segundo). Ferreyro falleció en octubre de 2021 y Etchecolatz murió el 2 de julio de 2022.
