Familiares , transportistas, prestadores de servicios de salud, rehabilitación en integración escolar de personas con discapacidad volvieron a concentrarse esta tarde frente a la Casa Rosada por tercer día consecutivo, en reclamo por la falta de pago desde marzo de los servicios y tratamientos brindados.
Está previsto un acampe que podría extenderse hasta el viernes.
“Las obras sociales no pagan las prestaciones y sin prestaciones no hay derechos para nuestros hijos”, reclamó una mamá presente en la protesta cuya consigna es “No al ajuste en discapacidad” contra un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que, según denuncian, busca recortar 10 mil millones de pesos en las partidas del área.
Los manifestantes denuncian que la Superintendencia de Servicios de Salud estaría “reteniendo los fondos para cubrir los pagos adeudados” y desde el lunes se concentran en Balcarce 50 para pedir la regularización de los pagos y denunciar el “ajuste” en estas prestaciones que lleva adelante el ministro de Economía, Sergio Massa.
Una madre del grupo de Padres Autoconvocados de Ituzaingó, explicó: “Muchos tenemos que pagar terapias en forma particular porque los prestadores no quieren trabajar con las obras sociales y eso hace que todos los derechos de nuestros hijos estén vulnerados. Las terapias son costosas y el sueldo no alcanza para que podamos cubrir el tratamiento que necesitan para mejorar su calidad de vida”.
En esa línea, agregó: “Necesitan las terapias para poder aprender y avanzar. Cuando no las tienen, pueden tener retrocesos”.
Por su parte, desde la Asociación Civil Derechos de las Personas con Discapacidad Zulema Forcat, sostuvo: “Según la patología, sin el trabajo de los terapeutas el retroceso de los chicos es tremendo y difícilmente se puede volver a retomar con las condiciones que lo hacían a este momento. Se necesitan un cambio de estrategias y eso significa mucho más esfuerzo que la simple cobertura de las prestaciones“.
Forcat señaló que a las personas con discapacidad “no se los visibiliza, se los trata con indiferencia y rechazo”. “Desde siempre tenemos la lucha presente porque lamentablemente los derechos se vulneran a cada instante”, se quejó.
Respecto del acampe, confirmó que permanecerán hasta el viernes en caso de que el Gobierno no los reciba e indicó: “Contamos con asesoramiento de una abogada que nos orienta en todo lo que podemos hacer nosotros para acompañar a los padres. Ahora tenemos que analizar qué acciones se pueden tomar si se aprueba el DNU”.
“Queremos que se hable de ellos, que se muestre lo que pueden. Todas las acciones que van en contra de las personas con discapacidad se basan en el ‘no puede’ y todo el mundo desconoce cuánto pueden. La realidad es que pueden mucho, pero de distinta manera”, concluyó Forcat.
Niegan el ajuste y eluden la responsabilidad
Ayer, el Ministerio de Economía descartó que los recortes presupuestarios en salud involucren áreas de discapacidad y responsabilizó a las jurisdicciones por la falta y retraso en los pagos que reclaman los prestadores.
“Ante versiones respecto a que decisiones de este Ministerio involucran recortes en áreas de discapacidad, es nuestro deber informar que las modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores no afectan a dichas áreas”, señaló el comunicado que finaliza: “Este Ministerio no es responsable de la falta y atrasos de pagos que aducen algunos prestadores y será responsabilidad de las jurisdicciones correspondientes dar las explicaciones del caso”.
Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga, aclaró que el atraso que se generó en los pagos de las prestaciones financiadas por Superintendencia de Servicios de Salud y obras sociales se debieron a “inconvenientes administrativos” que “ya fueron solucionados”.
“El atraso que se produjo en los pagos a las obras sociales por las prestaciones en discapacidad se están regularizando desde hoy”, sostuvo Galarraga quien resaltó que dispusieron que los directores de la institución atiendan las “gestiones más urgentes de los prestadores”.
Diputados piden informes al Ejecutivo
Por su parte los diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, Ricardo Buryaile y Soledad Carrizo, solicitaron al Poder Ejecutivo que informe al Congreso sobre el ajuste en las prestaciones por servicios de salud para personas con discapacidad.
Desde Juntos por el Cambio, piden saber sobre la demora en los pagos de los servicios y su causa, como también explicaciones sobre si existen reclamos en trámite ante la Superintendencia de Servicios de Salud u otras autoridades.
Además, solicitan que se informe el plazo en el que se estima regularizar la situación de los pagos a junio 2022. “Según la Ley 24.901 las personas con discapacidad tienen derecho a recibir prestaciones para garantizar su bienestar y su inclusión. Las obras sociales y prepagas deben cubrir esas prestaciones”, explicaron.
