Se cumple hoy el cuarto día consecutivo, en el que los colectivos relacionados con la discapacidad están en una carpa blanca en la Plaza de Mayo y frente a Casa Rosada, rodeados de pasacalles que le reclaman que la Secretaria General de la Presidencia, a cargo de Julio Vitobello, ponga fin al “ajuste en discapacidad”.
Este colectivo de discapacidad no sólo reúne a familiares, sino que se suman acompañantes terapéuticos, prestadores y transportistas que acampan en Plaza de Mayo en estado de paro y movilización hasta el viernes, a la espera de una nueva definición que se dirimirá en asamblea.
Los reclamos son varios e involucran a más de una entidad aunque la exigencia en el pago a las obras sociales para que estas puedan depositar los sueldos a los prestadores es uno de los pedidos centrales.
También piden garantías para facilitar el acceso a equipamientos en tiempo y forma; la normalización de la provisión de medicamentos; un aumento salarial acorde a la inflación, el pago a mes vencido, mejores condiciones laborales para los acompañantes y que los tratamientos se aprueben en 15 días.
Desde Economía negaron recortes en el área, y el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Ross, se encargó de explicar en conferencia de prensa post que los pagos están hechos.
“Ante versiones respecto a que decisiones de este Ministerio involucran recortes en áreas de discapacidad, es nuestro deber informar que las modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores no afectan a dichas áreas“, explicaron desde el ministerio conducido por Sergio Massa al tiempo que se desligaron de las demoras en los pagos por parte de las obras sociales.
En ese sentido, desde el Gobierno aclararon que el circuito de pago es extenso y nuclea a varios actores. Los acompañantes y entidades reciben por sus servicios pagos de las obras sociales. Si la persona no cuenta con obra social, el pago viene de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, vía el programa Incluir Salud.
Es a través de un Fondo Solidario de Redistribución, compuesto por el 9 por ciento de los aportes y contribuciones (tres puntos aportados por los trabajadores registrados y seis por las empresas) y de multas de la Superintendencia de Salud, el Estado administra los recursos para que las obras sociales puedan depositar el salario de los prestadores.
A su parte, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que depende del Ministerio de Salud de la Nación, se encarga del depósito de las 300 obras sociales sindicales y requieren, a su vez, del desembolso de AFIP.
Es decir, los prestadores rinden su facturas a las obras sociales, que a su vez lo presentan en la SSS para una auditoria y posterior elevación del pedido a AFIP para garantizar el giro de plata que surge del Fondo en cuestión.
Los tiempos en los depósitos y pueden demorarse hasta noventa días en los pagos lo que en tiempos de inflación complican la situación de los prestadores que permanecen en protesta.
Además, los manifestantes, en su mayoría mujeres, tomaron postura en contra de un proyecto de decreto que, según denuncian, busca crear un nuevo Fondo Nacional para la Cobertura de las Prestaciones Básicas de Atención Integral, a cargo de ANDIS, en reemplazo del ya existente, y deja por fuera a un sector de las discapacidades de la cobertura de las obras sociales.
“Frente a versiones extraoficiales, desde la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo dependiente del a Secretaría General de la Presidencia de la Nación, se informa que actualmente se encuentran en análisis medidas que apuntan a sanear el financiamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Discapacidad, y a su vez garantizar que las obras sociales sigan cumpliendo con las responsabilidades que les atribuye la Ley 24.90″, explicó el titular de ANDIS, Fernando Galarraga.
En la misma línea, añadió: “Constantemente se están analizando distintas alternativas con el fin de sanear y fortalecer este sistema de prestaciones de discapacidad y eso incluye a todos los financiadores del sistema. No excluye a ninguno y menos a las Obras Sociales, con quienes las personas con discapacidad y sus familias tienen un largo y exitoso camino recorrido”.
El lunes, los manifestantes fueron recibidos por el subsecretario de Gestión Institucional, Julián Massolo, en Casa Rosada, en una reunión que duró más de tres horas, en la que desde el área se comprometieron a avanzar en los pedidos y establecieron el compromiso de descartar el proyecto de DNU.
