Un matrimonio acusado de montar un servicio clandestino para pagar servicios públicos a menor costo para sus vecinos apelando a tarjetas de crédito robadas fue detenido en la localidad de Villa Centenario en Lomas de Zamora.
El matrimonio, conformado por un hombre de 40 años y una mujer de 34, cobraba a vecinos de la zona un servicio, por pagarles sus facturas de los servicios de electricidad, agua y gas con tarjetas que había sido robadas a otras personas.
La detención de la pareja ocurrió en una casa de Andrés Bello al 700 en la localidad de Villa Centenario, a la que vecinos del barrio concurrían para pagar sus impuestos y le daban la mitad del total de la factura al matrimonio y quienes pagaban con las tarjetas robadas.
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Cómo descubrieron la maniobra
La maniobra fue desarticulada tras unas semanas de investigación realizada por efectivos del destacamento de Banfield Oeste desde el 30 de junio pasado cuando mientras efectuaban tareas encubiertas, observaron una fila de personas con papeles en la mano que esperaba para ingresar a un domicilio particular.
Sorprendidos, uno de los policías se acercó y preguntó por qué había tanta gente esperando a lo que le respondieron que estaban allí para pagar los servicios. Eso los puso tras la pista.
Una vez que contaron con pruebas suficientes para pedir una orden judicial, el fiscal Javier Martínez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 8 de Lomas de Zamora, solicitó el allanamiento y detención de la pareja.
Durante el operativo realizado en la vivienda se pudieron constatar al menos once operaciones ilegales con tarjetas de crédito, por un valor total de $500.000, y se secuestraron además más de $7.000.000, celulares, tablets, memorias y chips de celulares, así como instrucciones para el pago electrónico y la utilización de códigos de tarjetas de crédito.
El fiscal ordenó que las dos personas, identificados como Daniel Montegrande, alias El Contador, y Marisa Ehester, queden detenidas y fueron indagadas, pero se negaron a declarar y quedaron imputadas por el delito de estafa. Martínez ordenó también diversas medidas para determinar la magnitud del acto delictivo.