La polémica en torno al puerto de Dock Sud y el destino de uno de los muelles de la terminal llegó ahora hasta el Concejo Deliberante de Avellaneda donde el bloque de ediles de la Unión Cívica Radical pide al Ejecutivo comunal a cargo de Jorge Ferraresi que informe acerca de las condiciones pautadas para el proyecto que afectará a ese distrito.
La polémica surgió cuando el Consorcio de Gestión de la terminal portuaria, en el que el municipio de Avellaneda tiene un asiento, publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires un aviso de proyecto privado para la mejora del muelle 1 que busca sumar infraestructura con vistas para recibir buques de hasta 366 metros de eslora y 52 de manga que hoy recalan en Uruguay y Brasil.
La controversia emerge de las condiciones establecidas para la obra que, según denuncian actores del sector portuario parecen a la medida de Exolgan, la actual operadora del puerto de Dock Sud y que es propiedad de los grupos PSA (Puertos de Singapur) y MSC (Mediterranean Shiping Company).
Entre ellas que las acciones se realizarán en terrenos que son propiedad de la misma Exolgan por lo cual todo intento de reforma debería negociarse con la actual administradora.
Por otra parte, los plazos fijados para la presentación de solicitudes de obra son de 45 días corridos desde la publicación oficial del 4 de enero con lo cual es muy complejo llegar con toda la documentación a esa fecha fijada.
En Avellaneda quieren saber
En ese sentido, los concejales radicales Fernando Landaburu, Silvia Diana y Rubén Sanazi que integran el bloque de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de pedido de informes para que desde la gestión de Ferraresi les confirme si la Municipalidad tiene un director en el Consorcio de Administración del puerto de Dock Sud.
También preguntan por qué en este llamado no consta de un pliegos de bases y condiciones, cómo podría usar un tercero los terrenos de la actual operadora, si el plazo de diez años en la gestión es prorrogable y por qué no hubo intervención de organismo como el Ministerio de Transporte, de la Subsecretaria de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, o la Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado.
Además, aparece una pregunta que siempre resuena cada vez que se habla de Dock Sud: ¿Por qué no se cumple el requisito de solicitar la declaración de impacto ambiental en la convocatoria de la obra?
“Está obra no tiene pliego de bases y condiciones, generando que aquellos que se quieran presentar no tengan las condiciones mínimas de transparencia y de reglas de juego frente a una inversión de más de 100 millones de dólares, el plazo para las ofertas es irregularmente muy corto (45 días) y no se piden el estudio de impacto ambiental, generando un riesgo importante para los vecinos. Esta suma de factores nos hace pensar si no está direccionada“, resume Landaburu a InfoRegión
Los ediles radicales también presentaron un recurso frente a la administración de la terminal portuaria para que les remitan la información tal como explica Landaburu: “Frente a las graves irregularidades de la convocatoria, que implican riesgos ambientales, falta de transparencia y reglas que garanticen igualdad a aquellos que quieran participar, hicimos una presentación administrativa frente al Consorcio de Administración del Puerto de Dock Sud, cómo paso previo a concurrir a la justicia si no se revisa la convocatoria”, adelanta.
También hay diputados que piden informes
En igual dirección, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Héctor Stefani, pidió informes al Ministerio de Transporte de la Nación y el consorcio de gestión del puerto acerca de cómo se generaron los pliegos para la obra y de qué forma se delimitó la superficie que afectará.
Lo mismo hizo en el ámbito de la provincia con la ministro de Ambiente, Daniela Vilar, y la presidente del consorcio portuario de Dock Sur, Carla Monrabal.
También pide que informen si las actuaciones están a libre disposición de los interesados para su consulta y cuál es el criterio para determinar el plazo de 45 días para la presentación de propuestas.
