El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata condenó ayer a penas de hasta 9 años de prisión a una organización integrada por seis policías bonaerenses de la comisaría de Llavallol, seccional 4 de Lomas de Zamora, y siete civiles, dedicada a la explotación sexual de mujeres cis y trans en el Camino de Cintura.
El Ministerio Público Fiscal acreditó que la organización explotó económicamente al menos a 19 víctimas entre febrero de 2015 y el 10 de marzo de 2017 en la zona de la Ruta Provincial 4 -Camino de Cintura-, entre la rotonda de Llavallol y la calle Seguí de esa misma localidad. La fiscalía señaló que la organización se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de mujeres cis y trans, a raíz de su necesidad económica apremiante.
Las acciones de los condenadas consistieron en cobrar a las víctimas diariamente una suma a cambio de realizar el ejercicio de la prostitución en el lugar, concurrieran o no, y de localizarlas en los sitios que les eran indicados. Las sumas abonadas por víctima por día oscilaron entre 250 y 400 pesos y llegaron hasta 500 pesos.
La Fiscalía General, encabezada por el fiscal general Hernán Schapiro con la asistencia de la auxiliar fiscal Sara Cachione y del auxiliar fiscal Horacio Galdós, contó con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General.
Los policías condenados
El personal policial condenado prestaba servicios en la Comisaría de Llavallol y los jefes de la seccional en distintos períodos -abarcados por el tramo investigado y probado en los hechos- Héctor Mario Coquean, Félix Nicolás Breglia y Javier Alejandro Caffarena y sus jefes de Gabinete Claudia Yamila Ferrando y César Ricardo Pérez, fueron condenados como coautores del delito de explotación sexual agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad y por haber sido cometido en su carácter de funcionario policial.
Coquean recibió 9 años de prisión; Breglia y Ferrando, 8 años, mientras que Caffarena y Pérez, recibieron cinco años de prisión. Además, se hicieron acreedores de una pena de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por diez años y a la obligación de realizar un curso sobre capacitación y sensibilización en género y violencia.
“La explotación funcionó bajo el dominio de ese personal con capacidad de mando de la dependencia, quienes con la cobertura e impunidad que se derivaba de sus cargos, se beneficiaron económicamente a través del canon diario que se exigía a cada una de las personas en situación de prostitución en el lugar, concurrieran o no”, sostuvo la fiscalía en su alegato.
En el juicio se probó que los condenados tenían un sistema de cobro diario a las víctimas a cambio de permitirles el ejercicio de la prostitución en el lugar, concurrieran o no, en los lugares donde uno de los policías las ubicaba. Las sumas abonadas por víctima por día oscilaron entre 250 y 400 pesos y llegaron hasta 500 pesos.
Los otros policías condenados fueron Jorge Abel Virreira y Patricio Miguel Kearney, a 8 y 6 años de prisión, respectivamente, y a una pena de inhabilitación de 10 años para el ejercicio de cargos públicos. Virreira fue encontrado responsable del mismo delito agravado por el que recibieron pena sus superiores y también fue condenado a realizar un curso de capacitación y sensibilización en género.
Los representantes del MPF apuntaron que Virreira “fue el instrumento, con plena conciencia y dolo, utilizado por las máximas autoridades de la Comisaría 4ta. de Lomas de Zamora para hacer efectiva la explotación”, pues “conforme ha sido mencionado por las víctimas era quien organizaba el lugar, asignaba lugares y también cobraba el canon diario o mandaba a otros cobradores”.
El séptimo efectivo acusado, Kearney, fue condenado solo por el delito de tenencia simple de armas de fuego de uso civil y de guerra sin la debida autorización. El tribunal le fijó además una multa de diez mil pesos.
Al respecto, la Fiscalía informó que en otro tramo de la causa todavía no elevado a juicio, a Kearney se le imputa el delito de trata de personas.
Los civiles condenados
En tanto, los civiles condenados a penas de prisión fueron Mauro Hernán Santoro, Sebastián Alejandro Pérez y Manuel Antonio Marín Trujillo, quienes recibieron penas de 8, 7 y 6 años de prisión, y Javier Omar Santoro, José Mario Ponce, Damián Ariel Romero y Carlos Eliseo Amaya, a quienes el tribunal impuso tres años de prisión en suspenso. De acuerdo con la sentencia, todos ellos también tienen la obligación de realizar un curso de capacitación y sensibilización en género y violencia.
En el caso de Pérez el tribunal unificó una condena recibida con anterioridad por otro delito y lo impuso la pena única de 9 años de prisión.
En este contexto, Mauro Santoro fue condenado como partícipe necesario del delito de explotación sexual agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad en concurso real con tenencia simple de arma de guerra sin la debida autorización legal.
De acuerdo a la acusación, Ponce, Pérez y Marín Trujillo “mantenían un contacto y control directo sobre las víctimas, a quienes les cobraban un monto de dinero”, mientras que Amaya y luego Mauro Santoro “intermediaron con el personal policial de la Comisaría Lomas de Zamora 4ta. y tomaron a su cargo el cobro del canon diario que cada una de las víctimas debía abonar para poder ejercer la prostitución en el lugar”.
La realización del debate, iniciado el 10 de septiembre de 2021, demandó más de un año y medio y el proceso llegó a su fin con el veredicto dictado por José Antonio Michilini, Andrés Fabián Basso y María Claudia Morgese, integrantes subrogantes del TOF 1 de La Plata.
Morgese había iniciado el debate como cuarta jueza, pero se incorporó a la toma de decisiones tras la jubilación durante el transcurso del juicio del también subrogante Daniel Cisneros.
En su decisión, el tribunal dispuso el decomiso del dinero en efectivo y de divisas secuestrados oportunamente a los ahora condenados, como también de los teléfonos celulares que utilizaban, de una veintena de armas de diferente calibre y potencia halladas en poder de algunos integrantes de la organización, y de vehículos automotores.
En función del pedido del fiscal Schapiro, estos bienes registrables fueron puestos a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado para su venta y el dinero -tanto el secuestrado como el producto de la venta- remitido al Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, destinado a la reparación de las víctimas.
