El Municipio de Esteban Echeverría está llevando adelante el desalojo del Club Hípico Monte Grande (CHMG) porque no “cuenta con permiso alguno de uso del predio en cuestión”, entre otras irregularidades que argumentan desde la comuna aunque las autoridades del club las rechazan u aseguran que hay otros intereses en juego.
Tras la clausura de las instalaciones del CHMG ubicadas en Boulevard Buenos Aires al 800 a causa -según informaron- “se verifica el funcionamiento clandestino e ilegal de diferentes actividades comerciales dentro del inmueble sin autorización, como así también instalaciones y obras en ejecución sin permisos ni planos aprobados”, indicó a este diario una fuente del Ejecutivo comunal.
Además, desde la comuna alegan que el Hípico está flojo de papeles en cuanto a registración dominial. Eso se desprende del hecho de que las dos hectáreas que usufructua le fueron cedidas en comodato al final de la dictadura militar y por un lapso de 20 años por lo cual lleva 20 años vencido.
Por otro lado, precisaron que “el inmueble de la referencia constituye un bien del dominio público Municipal”.
Finalmente en el comunicado al que tuvo acceso Info Región, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, decretó que “procedan a la inmediata recuperación del predio y desocupación administrativa de los ocupantes, subocupantes, instalaciones y bienes que se encuentren en el mismo”.
EL ORIGEN DEL PROBLEMA DEL HÍPICO
Un grupo de socios de la entidad sostiene que gran parte de la crisis que atraviesa el Hípico tiene su origen en la falta de institucionalidad y de transparencia de las últimas gestiones de su comisión directiva encabezada por Carlos Torales y su esposa María Eugenia Pouso y que motivaron que un grupo de socios enviaran una nota El director de Personas Jurídicas bonaerense, Ariel Gimenez.
En la nota, a la que tuvo acceso InfoRegión, solicitaban la intervención del organismo y detallaban una serie de “incumplimientos al estatuto social” entre los que se destacaban el “desarrollo de actividades de instrucción de equitación por personal no idóneo ni profesional habilitado”; la “baja de socios de manera unilateral” y la “expulsión de socios violentando los procedimientos estipulados por el estatuto”.
También reclamaban por la falta de reuniones de Comisión Directiva convocadas y realizadas en tiempo y forma; faltas “en las tareas administrativas” y en la falta de “rendición mensual de cuentas y rendición de los estados contables y patrimoniales“, entre otras irregularidades.
Además expresaban su preocupación por “el alcance de los compromisos contractuales” asumidos con privados, “involucrando diversas instalaciones del club, como ser salón restaurante, piscina de natación (colonia de vacaciones), bufete, gimnasio y talabartería cuyos documentos y términos han sido resueltos en total confidencialidad sin haber sido informados formal ni informalmente con los socios”.
