En el pasado, la mayoría de las personas lograban ser propietarios, pero ahora, debido a la dificultad en el acceso a créditos hipotecarios, la cantidad de inquilinos ha crecido de manera alarmante. En los ‘90, sólo el 10% de los porteños alquilaba, mientras que ahora esta cifra se elevó a más de 40% y está en continuo crecimiento.
De acuerdo con un informe del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, en la actualidad hay 488.000 hogares de inquilinos sólo en los distintos barrios porteños.
Los expertos señalan que el fracaso de la política de créditos hipotecarios, que buscaba solucionar la cuestión habitacional, es una de las razones fundamentales detrás de este fenómeno.
Según el relevamiento, los millones de metros cuadrados construidos recientemente solo han sido accesibles para un máximo del 5% de la población con ingresos y capacidad de ahorro suficientes para adquirir nuevas viviendas.
A pesar de la construcción de más de 10 millones de metros cuadrados entre 2011 y 2021, alrededor de 400.000 personas viven en barrios populares y 1 de cada 6 habitantes enfrenta déficit habitacional.
La dificultad para acceder a la propiedad llevó a gran parte de la población a incrementar la densidad demográfica en zonas más alejadas o alquilar.
“Se duplicó la cantidad de viviendas construidas, de 8.500.000 a 17.700.000, mientras que la población sólo creció un 50%, de 30.800.000 a 46 millones. Pero a pesar del aumento en la cantidad de viviendas, debido a la imposibilidad de que la mayoría de la población acceda a la propiedad, el porcentaje de inquilinos en las ciudades aumentó”, indicaron desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad.
El problema se agrava con la falta de oferta de viviendas en alquiler, los altos costos iniciales y los métodos de ajuste atados a la inflación, razones que están llevando a las personas a alejarse de las áreas centrales en busca de opciones más asequibles, sacrificando proximidad a lugares de trabajo y acceso a servicios.
Actualmente, la Ley de Alquileres está en el centro del debate en el Congreso. A pesar de que Diputados dio media sanción para reformar los artículos más polémicos, en el Senado el tratamiento se trabó y no hay fecha precisa para su debate.
Los especialistas sostienen que a medida que cientos de familias no logran acceder al alquiler, crece la informalidad. Esto se traduce en ocupaciones de terrenos en villas de emergencia, alquiler de viviendas precarias o directamente vivir en situación de calle.
Asimismo, señalan que el problema de los alquileres no se limita a la ley sancionada en 2020, que sigue vigente, y mencionó temas como la creciente dolarización del mercado, la inflación y la falta de regulación de plataformas de alquiler temporal.
“Debemos avanzar en la implementación del Programa Nacional de Alquiler Social y en políticas de desconcentración de la tierra y las viviendas urbanas. La vivienda debe considerarse un derecho humano y el acceso a la misma como un servicio público. Las responsabilidades recaen tanto en el Estado nacional, la Ciudad y el sector inmobiliario”, señala el informe.
Del relevamiento se desprende que la concentración de inmuebles en pocas manos también conlleva a fijar precios especulativos.
Otro problema radica en la falta de control estatal a nivel local, nacional y provincial, en la registración de los contratos de alquiler tradicional (obligatorio según la normativa de AFIP). Asimismo, debería destinarse parte de los impuestos recaudados para programas de compra y construcción de unidades habitacionales destinadas a alquiler, administradas por los Estados, con el propósito de abaratar precios y facilitar el acceso a la vivienda para familias inquilinas (práctica común en principales ciudades de naciones desarrolladas).
Por otra parte, la falta de intervención estatal para promover incentivos fiscales a los propietarios que alquilan (exenciones totales o parciales de impuestos a inmuebles y locaciones por períodos amplios, con la condición de destinarlos a alquiler habitacional) , sumado a la falta de un impuesto a la renta ociosa (aplicado a viviendas desocupadas por largo tiempo, similar al existente en muchas ciudades del sistema capitalista) atentan contra la posibilidad de garantizar el acceso a alquileres asequibles para la mayoría.
