El Gobierno avanzó con la reestructuración del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) tras una serie de recortes y achique en el presupuesto.
Lo oficialización tuvo lugar hoy a través de la publicación del Decreto 662/2024 en el Boletín Oficial.
De esta forma, se aprobó la nueva reglamentación de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional (Ley 17.741).
Desde el Poder Ejecutivo destacaron la reducción de los recursos y argumentaron el recorte en el personal al plantear que en el año 2000 la planta era de 90 personas, mientras que llegaba a fin de 2023.
“El aumento desproporcionado de la planta llevó a que, en el ejercicio anterior, el 42% de los ingresos se destinaran a sueldos, lo que perjudica el fomento de la actividad cinematográfica”, puntualizaron.
En la misma línea, informaron: “A lo largo de los años se le delegaron al mencionado Instituto tareas que ninguna relación tienen con sus misiones y funciones”.
Esto devino en aportes extraordinarios del Tesoro Nacional por $1.900.000.000 para afrontar gastos operativos, incluyendo la realización del “Festival Internacional de Cine de Mar del Plata” y “Ventana Sur”.
Adicionalmente, el INCAA se endeudó con proveedores por la suma de $700.000.000, deuda que fue transferida al ejercicio 2024”.
Por su parte, aclararon que “el déficit de ejecución del ejercicio 2023 del mencionado Instituto fue de $2.600.000.000, lo que implica una afectación directa al presupuesto 2024”.
Subsidios del INCAA
En el Gobierno consideran que el sistema de entrega de subsidios “ha demostrado ser obsoleto y alejado de los modelos exitosos existentes en otros países” por lo que debe ser “modificado, modernizado y dotado de eficiencia”.
De esta forma, entienden que debe priorizarse el fomento a la industria en base a la calidad y posibilidades de exhibición, audiencia y recuperación de los fondos otorgados, “por sobre preferencias ideológicas”.
Los miembros de la Asamblea Federal y del Consejo Asesor desempeñarán sus cargos “ad honorem”, y según detallaron, las entidades representativas deberán contar con personería jurídica o gremial con al menos la quinta parte de los profesionales y que hayan tenido actividad en los dos años anteriores.
Por último, se fijará la cuota de pantalla para películas nacionales de largometraje y cortometraje en base a las características de las salas.
