Presos de alto perfil que se encuentran alojados en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza iniciaron una huelga de hambre y denunciaron que el nuevo sistema de detención aplicado a los presos considerados más peligrosos sería “inhumano” y violaría los derechos humanos.
Por su parte, la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, desoyó el reclamo y sentenció que es parte del plan de quita de poder y privilegios a los narcoterroristas.
“Los que asesinaron, torturaron y dominaron Rosario durante años, ahora piden ‘abrazar a sus seres queridos’”, ironizó Bullrich quien defendió el sistema que se implementó como método de controlar y restringir el accionar de los conocidos jefes narcos quienes pese a que se encuentran alojados en prisiones federales con condenas relacionadas al narcotráfico, pero esto no les había impedido continuar al frente de las asociaciones ilícitas.
Desde Seguridad alegaron que esto motivó la creación del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, una herramienta que busca aislar a los reclusos más peligrosos de la población carcelaria común y eliminar los beneficios a los que accedían en las cárceles
“Los narcoterroristas ya no tienen poder ni privilegios. Ni dentro ni fuera del penal”, celebró la funcionaria en una publicación en la red social X y que funcionó como respuesta al abogado Fabio Galante, quien está a cargo de la defensa de varios reclusos que se sumaron a la medida de fuerza.
Entre los detenidos que son representados por Galante se encuentran perfiles como el de Alionzo Ruth Ruti Ramos Mariños, vinculado a una causa de narcotráfico en el Barrio 31 bis; Mario Segovia, apodado El Rey de la efedrina; y de Ignacio Ojito Actis Caporale, un piloto de carreras detenido por presuntamente haber enviado ocho kilos de cocaína a la ciudad española de Salamanca.
Luego de que Galante presentara un habeas corpus ante el Juzgado Federal de turno en Lomas de Zamora, explicó que la queja inició hace dos semanas porque “pueden hablar con sus abogados una sola vez al día y con sus familiares directos un solo día en la semana”.
“Los tienen encerrados 20 horas por día y los menores de edad y las mujeres embarazadas tienen que ser a sus padres y maridos detrás de un vidrio y hablarles por el teléfono que está en ese sector”, indicó Galante en referencia a que no pueden pasar por el scanner utilizado en la requisa previa al ingreso en el penal.
Asimismo, apuntó: “La situación es inconstitucional desde donde la miremos, se están violando todos los derechos humanos de estas personas, pero hasta el momento la Justicia no ha dicho nada al respecto”.
Por otro lado, el abogado mencionó que “otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que no los dejan tener contacto con la Iglesia Católica ni con la Evangélica”, al agregar que “no pueden tener una Biblia, no pueden buscar la fe”.
Incluso, reclamó sobre el régimen de terapia psicológica al que son sometidos, debido a que indicó que “donde está la profesional que los atiende hay un agente encapuchado que está escuchando todo”.
Si bien la implementación del sistema penitenciario para los detenidos de alto perfil había suscitado hechos de violencia en Rosario a mediados de marzo, desde el Ministerio de Seguridad mantienen los estrictos protocolos a los que son sometidos un alrededor de 150 detenidos distribuidos entre el penal de Ezeiza, el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz y la Unidad 6 de Rawson.
De hecho, durante el acto oficial en el que la ministro Bullrich presentó el nuevo régimen carcelario remarcó: “Asumí el compromiso de ir detrás de las mafias. Los argentinos necesitamos paz”. Además, interpretó que la medida contribuía a “dar vuelta el status quo y poner el orden como premisa”. No obstante, aún no se conocieron estadísticas oficiales que permitieran evaluar los efectos del programa tanto en la sociedad, como en los reclusos.
