El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy al líder del Polo Obrero, el browniano Eduardo Belliboni, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y amenazas coactivas por el desvío de fondos del Plan Potenciar Trabajo para financiar actividades político-partidarias, utilizando facturas falsas y una empresa fantasma llamada Rumbos.
El magistrado sostuvo que el dirigente social y sus colaboradores desviaron estos fondos de manera planificada y con una finalidad específica.
Según la investigación, Belliboni utilizó facturas falsas y una empresa fantasma llamada Rumbos, que en teoría era proveedora de la Asociación Polo Obrero, pero que en la práctica no tenía actividad real y no era más que una “caja partidaria” usada para “dibujar” gastos y canalizar fondos.
Además, Casanello advirtió que, incluso, se depositaron en la cuenta de Rumbos recaudaciones de “cápitas”, aportes obligatorios que debían hacer beneficiarios de los planes para no perder la ayuda estatal.
El juez también investigó “amenazas coactivas” como el otro delito en este expediente. Casanello consideró probado que la Asociación Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor, vinculada a ella, obligaban a los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo a participar en marchas como requisito para no perder el plan. Por eso, además del desvío de fondos, el juez encontró un “aprovechamiento de la posición de poder” por parte de los dirigentes del Polo Obrero.
“El desvío de los fondos no fue inocente, ni accidental, sino planificado y dirigido hacia una finalidad en particular: financiar la actividad político-partidaria de la agrupación”, escribió Casanello en alusión al Polo Obrero.
El juez sostuvo que la mecánica ingeniada por los directivos de la asociación “les permitió aplicar de manera oculta los fondos asignados en el marco del Programa Potenciar Trabajo para solventar actividades de prensa, militancia y campaña electoral”.
El fallo sobre Belliboni incluye también el procesamiento de otras 17 personas. Algunas están acusadas de defraudación con diferentes responsabilidades, y otras de “amenazas coactivas”.
A Belliboni, procesado por el primero de estos delitos (que prevé una pena de entre dos y seis años de prisión), se le embargó por $390.000.000, suma equivalente al monto de la facturación presuntamente ilegal.
Según el líder del Polo Obrero, este fallo “sigue una línea de persecución política” de la que, según él, es víctima el movimiento piquetero y adelantó que lo apelarán ante la Cámara Federal.
