El Senado de la Nación aprobó hoy por amplia mayoría el proyecto de ley de actualización previsional, una iniciativa que dispone un aumento del 8,1 por ciento en las jubilaciones y vincula su corrección mensual a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La aprobación, tanto en general como en particular, se logró con dos tercios de los votos, lo que implica un fuerte respaldo a la medida.
La votación en general resultó en 61 votos a favor, ocho en contra y ninguna abstención. En la votación particular, la oposición evitó realizar cambios en los artículos más sensibles para el Gobierno nacional, asegurando que el proyecto avanzara sin modificaciones significativas. Este respaldo de dos tercios tanto en el Senado como previamente en la Cámara de Diputados deja al presidente Javier Milei con serias dificultades para vetar la norma, a pesar de haber manifestado su intención de hacerlo.
Detalles de la ley aprobada
La nueva ley establece que, además del aumento inmediato del 8,1 por ciento, las jubilaciones se actualizarán mensualmente de acuerdo con la evolución del IPC. Esta medida busca proteger el poder adquisitivo de los jubilados frente a la inflación. Además, la ley contempla un incremento anual adicional: en marzo de cada año se aplicará un aumento del 50 por ciento de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del IPC del año anterior.
Otro aspecto destacado de la ley es la garantía de un ingreso mínimo para los jubilados. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) deberá asegurar que aquellos que perciban un solo beneficio reciban un suplemento dinerario de carácter alimentario, de manera que los ingresos totales no sean inferiores al valor de la canasta básica total por adulto multiplicado por 1,09. Esta disposición busca asegurar un nivel mínimo de ingresos que permita a los jubilados cubrir sus necesidades básicas.
La ley también incluye una disposición que instruye a la ANSES a cancelar, dentro de los seis meses posteriores a la promulgación de la ley, todas las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional, así como con los beneficiarios que cuenten con sentencia firme.
El costo de implementación de esta ley representará un gasto del 0,43 por ciento, según un estudio realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). A pesar de este impacto financiero, el amplio respaldo en ambas cámaras legislativas indica un consenso significativo sobre la necesidad de esta medida.
Reacción del presidente
Ante la aprobación de la ley en la Cámara baja, el presidente Javier Milei había expresado su descontento y calificó a los diputados que apoyaron el proyecto como “degenerados fiscales”. Milei había anunciado previamente su intención de vetar la norma, pero la magnitud del respaldo legislativo le dificulta ejercer su facultad de veto en esta ocasión.
Este proyecto marca un nuevo punto de tensión en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que en las últimas horas provocó sucesivos reveses para el Presidente.
