El diputado del PRO Gerardo Milman presentó miércoles en la un proyecto de ley que propone declarar como “esencial” al transporte público. La iniciativa cuenta con el apoyo del titular del bloque amarillo, Cristian Ritondo, la exgobernadora María Eugenia Vidal, el exvicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, y otros once legisladores de ese espacio.
El proyecto busca limitar las huelgas y garantizar guardias mínimas en trenes, colectivos y ómnibus, en un contexto en el que la conflictividad laboral y llega días después de que el Gobierno decretase al sector aerocomercial como “servicio esencial” para frenar huelgas de los gremios aeroportuarios.
En su primer artículo propone declarar “al transporte público de pasajeros como un recurso esencial para el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana de la población”.
El segundo artículo del proyecto indica que “en caso de convocatoria a paro o medida de fuerza por parte de trabajadores del transporte público, deberá garantizarse la prestación mínima del servicio, de acuerdo a lo establecido en la presente ley y las normativas complementarias que al efecto se dicten”.
El porcentaje del servicio a establecer como presentación mínima quedará a criterio de la autoridad competente. Su determinación se realizará “teniendo en cuenta las necesidades de la población y asegurando la cobertura de los principales corredores y áreas de mayor demanda”.
El alcance de la medida afectaría al servicio ferroviario, a los colectivos interjurisdiccionales y a los ómnibus de larga distancia.
En tanto, las empresas prestadoras del servicio de transporte público “estarán obligadas a mantener una dotación mínima de personal y vehículos durante los días de paro” para que “se garantice la continuidad del servicio en los términos establecidos por esta ley”. En caso de incumplimiento por parte de las empresas, se impondrán sanciones.
En caso de que se repita el incumplimiento por parte de las asociaciones gremiales y empresas, advierte que “se procederá a la aplicación de sanciones” que podrán ir “desde medidas de carácter pecuniario”, es decir, monetarias, hasta “la quita de la personería jurídica de la asociación sindical responsable”.
