En medio de un creciente conflicto con el gobierno nacional, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) y el gremio de nodocentes de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (APULZ) ratificaron una medida de fuerza para este jueves 26 de septiembre. La acción consistirá en un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo, bajo la consigna “¡No al veto de la Ley de Financiamiento!“. Esta medida, según comunicaron las organizaciones, será el preludio de una nueva marcha federal, programada para el 2 de octubre, en defensa de la universidad pública.
El conflicto entre el Frente Sindical Universitario y el gobierno de Javier Milei se intensificó a principios de año, cuando, tras la prórroga del Presupuesto Nacional 2023 a 2024, se anunció que no habría recomposición salarial para el sector universitario. Esta situación, sumada al deterioro económico generalizado, provocó un descontento que culminó en una masiva marcha el pasado 23 de abril, donde trabajadores y estudiantes de todo el país exigieron una solución a la crisis presupuestaria que afecta a las universidades nacionales.
Según datos oficiales, los salarios de los trabajadores nodocentes y docentes universitarios sufrieron una pérdida del poder adquisitivo que oscila entre el 37% y el 58% en los últimos ocho meses. Más del 70% de los trabajadores de la educación superior perciben sueldos por debajo de la línea de pobreza, y miles de ellos no recibieron incrementos salariales desde comienzos de año.
Frente a este panorama, el secretario general de APULZ, Leandro Esposito, afirmó: “Debemos recuperar lo que hemos perdido con este gobierno, que se estima en un 55%. La percepción social, alimentada por el blindaje mediático y el ejército de Community Managers de Adorni, hace creer que en la universidad se ganan los mejores salarios. Sin embargo, la realidad es totalmente distinta”.
El Veto Presidencial como Desencadenante del Conflicto
Uno de los puntos más críticos del conflicto actual es el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada el pasado 12 de septiembre. La legislación, aprobada por la Cámara Alta, declaraba la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional y establecía un mecanismo de actualización del presupuesto en función de la inflación, con retroactividad al 1° de diciembre del año anterior.
El presidente Javier Milei, sin embargo, aseguró que vetará la ley con el objetivo de mantener el “equilibrio fiscal“. Este veto se suma al que previamente cayó sobre la nueva ley de movilidad jubilatoria, también sancionada por ambas cámaras legislativas.
Rubén Ortiz, secretario de Prensa de APULZ y representante de FATUN en la región, se refirió a la medida como un ataque directo a los trabajadores universitarios y a la educación pública: “El 90% de los sueldos permanecen congelados por un capricho aleccionador. Nos toca defender la universidad pública frente al vaciamiento del estado que está llevando a cabo este gobierno, y por ende, defender nuestros salarios y nuestros puestos de trabajo”.
Repercusiones en el Presupuesto 2025
El conflicto se agravó con la presentación del Presupuesto 2025, que incluye recortes significativos para las universidades públicas. Tres artículos en particular fueron señalados como los más perjudiciales por los sindicatos y gremios universitarios: la reducción de más de la mitad de las partidas presupuestarias solicitadas por las universidades, la potestad del Ejecutivo para interrumpir transferencias de fondos si las instituciones no entregan información al gobierno, y la suspensión de la Ley Nacional de Educación que garantiza una inversión mínima del 6% del PBI en educación pública.
Ante este escenario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con los gremios docentes y nodocentes, convocó a una marcha federal el próximo 2 de octubre. El objetivo de la manifestación es reclamar la defensa del sistema universitario público argentino, que, según indicaron, se encuentra en una situación crítica debido a la desjerarquización y el desfinanciamiento que sufre desde el inicio del gobierno de Milei.
Preocupación por el Futuro de la Universidad Pública
El impacto de las medidas económicas del gobierno sobre las universidades nacionales generó alarma no solo en el ámbito gremial, sino también en la comunidad académica y científica. Investigadores, docentes y estudiantes advirtieron sobre las consecuencias a largo plazo del desfinanciamiento, que no solo afecta los salarios y el funcionamiento diario de las instituciones, sino que también pone en riesgo proyectos clave en áreas de innovación, ciencia y tecnología.
“La universidad pública no es solo un lugar de formación académica, es un motor de desarrollo para el país. Cualquier intento de debilitarla es, en el fondo, un retroceso para la sociedad en su conjunto”, manifestó un representante del CIN.
Además, el contexto internacional añade presión a la situación. Los acuerdos de cooperación internacional, en particular en el campo de la investigación, podrían verse comprometidos si las universidades argentinas no cuentan con los recursos necesarios para cumplir con sus compromisos. Programas de intercambio, investigaciones conjuntas y financiamiento externo dependen, en gran parte, de la estabilidad presupuestaria interna, un factor que hoy está en juego.
Movilización de Estudiantes y la Comunidad Universitaria
Más allá de las medidas de fuerza convocadas por los gremios, los estudiantes también comenzaron a organizarse en defensa de sus derechos. Diversas federaciones estudiantiles, como la Federación Universitaria Argentina (FUA), anunciaron su participación en la marcha federal y convocaron a sus afiliados a sumarse al paro del 26 de septiembre.
Las agrupaciones estudiantiles aseguran que las políticas del gobierno afectan directamente la calidad educativa, limitando el acceso a becas, reduciendo la disponibilidad de recursos pedagógicos y comprometiendo la infraestructura universitaria.
“La universidad pública es un derecho, y vamos a defenderla en las calles”, afirmaron desde la FUA. En varias provincias, como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, se esperan manifestaciones masivas de estudiantes que buscarán visibilizar el impacto que el ajuste presupuestario tiene sobre sus estudios y su futuro profesional.
A medida que se acerca la fecha del paro y la marcha federal, crece la expectativa sobre la respuesta del gobierno y las posibles repercusiones de estas movilizaciones en la agenda política nacional. El conflicto, que se inició con demandas salariales, ahora se amplió para incluir la defensa integral del sistema universitario y de la educación pública en Argentina.
