En la previa de la Marcha Federal Universitaria, una encuesta reveló que la imagen positiva de la universidad pública es de casi un 85%. Apenas el 10,9% cree que la imagen de los establecimientos educativos es negativa.
La encuesta publicada por la consultora Analogías desglosó que el 84,3% de los encuestados confía en la universidad pública, contra un 10,9% que cree que su imagen es negativa. En tanto, solo un 4,8% eligió quedarse al margen y prefirió no contestar.
Concretamente, las mujeres del rango etario entre los 45 y 59 años fueron las que marcaron la tendencia para este resultado, constituyendo un 87%. Apenas detrás se coloca la franja de 16-29 años, que fue del 86,4%. En tanto, el último segmento más fuerte fue el de 30 a 44 años, con un 82%.
En cuanto al desempeño y al aprendizaje en las universidades públicas, el 42,3% opinó que es muy bueno. Adentrándose en la segmentación pertinente, la franja etaria que encabezó los números favorables fue la de 16 a 29 años con un 50,8%; pleno cuerpo estudiantil en edad universitaria.
Por último, el 59,3% cree que la Ley de Financiamiento Educativo recientemente sancionada y vetada por el Ejecutivo es correcta, el 26% dice que no, mientras que el 14,7% resolvió no responder.
La encuesta se da en el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria que tiene como objetivo reclamar por mejoras salariales, de infraestructura y también por mejoras en el presupuesto.
Las consecuencias del ajuste de Milei sobre las universidades
Salarios de miseria, renuncias de docentes, cierre de cátedras, carreras suspendidas y obras paralizadas, son algunas de las consecuencias del brutal ajuste del gobierno de Javier Milei sobre las universidades públicas nacionales que motivaron la convocatoria de la segunda Marcha Federal Universitaria que se realizará este miércoles en todo el país, con epicentro en el Congreso.
A la situación crítica que atraviesa la educación superior se le puede sumar en los próximos días el eventual veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario que tiene como objetivo “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”.
La normativa, aprobada por amplia mayoría por ambas Cámaras del Congreso, propone actualizar las partidas para los gastos de funcionamiento incluidas en el Presupuesto 2023, prorrogado por el Gobierno de Javier Milei, según la inflación acumulada de ese año y aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.
Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, indicó que la Ley implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones. Sin embargo, la gestión libertaria prometió su veto y presentó un Presupuesto 2025 que contempla un mayor ajuste sobre las universidades.
