La Cámara de Diputados finalmente respaldó esta tarde el veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Educativo. Lo hizo al sumar el oficialismo 84 diputados, entre los que se encontraban los integrantes del PRO, algunos representantes de gobernadores aliados y un puñado de radicales conversos.
Los gobernadores peronistas Osvaldo Jaldo, de Tucumán, que instruyó a tres de sus legisladores a respaldar el veto, y el catamarqueño Raúl Jalil, garantizaron junto con la fuerza de Mauricio Macri el éxito de La Libertad Avanza.
La Libertad Avanza negoció contrarreloj para conseguir el apoyo necesario y no solo sumó algunos votos necesarios, sino que también consiguió bajar la cantidad de voluntades a fuerza de seis ausencias clave. En la vereda de enfrente, del lado del apoyo a la legislación aprobada por ambas cámaras, sumaron en las últimas horas dos legisladores claves: los sanjuaninos que responden al gobernador Marcelo Orrego.
LLA consiguió así un piso de 84 votos a favor del veto del Presidente, mientras que la oposición alcanzó 160 y otros 5 legisladores se abstuvieron, lo que le dio una nueva victoria al Gobierno.
Se trata del segundo veto presidencial que es avalado por la Cámara de Diputados con al menos un tercio de los miembros presentes en la votación. A fines de agosto, el jefe de Estado había firmado el veto total a la movilidad jubilatoria sancionada por el Congreso, mientras que el 3 de octubre hizo lo propio con la que ahora se debate en la cámara. “Les voy a vetar todo, me importa tres carajos”, advirtió. Y cumplió.
La sesión especial impulsada por Unión por la Patria, la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica se inició a las 11.18 con la presencia de 144 legisladores, y se prolongó hasta las 15.20, cuando se produjo la votación.
El presidente Javier Milei defendió el veto, minutos antes del inicio de la sesión, al advertir que “el aumento a las universidades sería ceder a la vieja forma de hacer política”. Fue en el marco de la XXXV Asamblea Plenaria CEAL, donde pidió realizar auditorias.
Asimismo, el ministro Luis Caputo advirtió: “Estamos a favor de las universidades públicas. Solo queremos que se auditen los gastos, porque es lo que corresponde dado que la plata es del contribuyente y no nuestra”.
La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, planteaba un incremento de los recursos para las universidades nacionales para garantizar su funcionamiento, que incluía un aumento para docentes y no docentes. Su impacto fiscal era de 735.598 millones de pesos, lo que implicaba el 0,14 por ciento del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso.
