El Gobierno nacional avanza en un plan de revisión de pensiones por discapacidad que podría afectar a más de 200 mil beneficiarios. Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), confirmó que el organismo se encuentra en pleno proceso de auditoría y que los recortes podrían ampliarse conforme avance la revisión de las 1.250.000 asistencias que se pagan actualmente. El funcionario explicó que el objetivo es depurar el sistema de “presuntas irregularidades” en el otorgamiento de pensiones.
Spagnuolo indicó que la administración del presidente Javier Milei busca establecer un control efectivo sobre la agencia y sus recursos, algo que, en sus palabras, no existía en la gestión anterior. “Lo que antes funcionaba sin ningún tipo de control, nosotros queremos controlarlo. Hoy estamos en proceso de baja de 200 mil pensiones”, sostuvo.
En este sentido, el funcionario remarcó la necesidad de optimizar el sistema de asistencias, y cuestionó los elevados costos que actualmente representa, calificándolo de “inviable desde todo punto de vista”.
Excesos en gastos y falta de control en el sistema
En paralelo al ajuste en las pensiones, Spagnuolo advirtió sobre los altos costos en los pagos de transporte destinados a personas con discapacidad, un sector en el que también se detectaron excesos y que, de acuerdo con el titular de ANDIS, carece de un control adecuado.
“Cada vez se paga más dinero en concepto de prestaciones de discapacidad y de transporte”, señaló, aludiendo a la creciente demanda por parte de prestadores y la falta de mecanismos efectivos de control en el sistema.
Según los datos oficiales, la pensión por discapacidad representa un monto de $220,024, equivalente al 70% de una jubilación mínima. La administración actual recibió 20 mil solicitudes de pensión desde diciembre de 2023 y mantiene en revisión cerca de 600 mil casos adicionales, lo que podría extender el proceso de auditoría y afectar aún a más beneficiarios.
