Se reanudó el Juicio Brigadas con la declaración de los hijos de desaparecidos Mariana Busetto y Ramiro Poce, y la sobrevivente al genocidio María Ofelia Santucho. “Los HIJOS tenemos muchos hubiera”, lamentó la hija de Osvaldo Busetto, y compartió la necesidad de recuperar los huesos de su padre con Ramiro Poce, quien también tiene un tío desaparecido. “Sigo esperando los huesitos, pero mientras llegan quiero -aunque sea un desgarro- seguir pidiendo verdad”, señaló la sobrina de Roberto Santucho.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, que está integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico, juzga a 18 represores, entre ellos a Miguel Etchecolatz y el ex médico policial Jorge Berges por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores en perjuicio de casi 500 víctimas alojadas en tres centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar.
El primer testimonio fue el de Mariana Busetto, hija de Osvaldo Busetto, quien permanece en condición de desaparecido. Fue secuestrado el 9 de septiembre de 1976 en La Plata. Era estudiante de arquitectura e integraba el Cuerpo de Bomberos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, también era militante del ERP. “Cuando se lo llevaron, yo tenía 2 años. Por lo tanto lo que yo sé es por compañeros que estuvieron tanto dentro de los centros clandestinos como los que lo conocieron militando o la familia”, comentó.
Explicó que fue secuestrado porque acudió a una cita con Gustavo Calotti (sobreviviente de La Noche de los Lápices), quien había sido torturado y era sostenido por los propios militares. “Mi papá se da cuenta, por el estado en el que estaba, lo que pasaba y empieza a correr”, relató la mujer, quien explicó que lo balearon y como estaba muy herido, lo trasladaron al Hospital Naval para que sea atendido. Desde ahí fue trasladado a Arana, donde estuvo desde septiembre hasta principios de octubre, cuando se lo llevaron al Pozo de Quilmes. “Termina en Banfield”, apuntó.
“Cuando uno es chiquito, quiere tener a su papá. A medida que fui creciendo y estudiando la historia, lo entendía y lo admiré un montón. Porque no hay tanta gente así, se llevaron a los que eran así y dejaron a muy pocos vivos. Me emociona saber que era una persona tan hermosa, todo lo que escucho de él es hermoso y pienso en las cosas que pudimos haber vivido juntos. Los HIJOS tenemos muchos hubiera, cómo hubiera sido mi vida con él, cómo hubiera sido como abuelo”, explicó, con la voz quebrada ante el Tribunal. “Nada fue al azar, me emociona recordar a mi papá, lo entero que era él y sus compañeros porque eso también me dio fuerzas”, subrayó.
“Cuando era chiquita, me imaginaba… me encantaba soñar, soñar en mi papá e imaginar que algún día me iba a encontrar en la calle y me iba a llevar“, mencionó, tras comentar que su madre formó pareja con una persona “súper violenta”, quien no dejaba nombrarlo. Por eso, ella escribía. Y luego entendió que “había otros”, su historia no era la única y comenzó a formarse HIJOS, organización a la que calificó como una “hermandad”. “Fue una salvación porque fue una escalera, empecé a subir y encontré amigos de mi papá que me contaban cómo era”, resaltó.
Ya sobre el final del testimonio, advirtió: “Yo no me quiero morir sin tener los huesos de mi papá, quiero tener ese lugar porque es lo único que puedo tener“. “Que se deje de cuestionar algo incuestionable, eso me da mucha bronca. Para que no siga pasando eso, estamos nosotros, los sobrevivientes, los hijos y las hijas, yo voy a seguir contando lo que pasó porque no hay que callarse, no es como cuando yo era chiquita que no podía decir nada. Hay que decirlo, hay que repetirlo, es parte de nuestra historia”, sentenció.
Ramiro Poce, sobrino de Julio Gerardo Poce, fue el segundo en prestar declaración. Era estudiante universitario y fue secuestrado el 19 de octubre de 1976 en Capital Federal. Julio cursaba el cuarto año de medicina en la Universidad Nacional de La Plata en ese año, cuando fue amenazado de muerte por la Concentración Nacional Universitaria (CNU), un grupo de ultraderecha responsable de varios secuestros antes y durante la dictadura. Era el líder de uno de los partidos políticos de la facultad.
El 22 de marzo de ese año, dos días antes del golpe de Estado, se casó con Graciela Pernas y se fue a vivir a Buenos Aires para alejarse de las amenazas. Allí comenzó a trabajar y vivió tranquilamente hasta la madrugada del 19 de octubre cuando un grupo de militares, civiles y policías rodearon la manzana y entraron a tiros en su casa. Hirieron a Julio y los agarraron a los dos y los pusieron en el baúl de un auto. “Los militares llegan a ese PH, por la madrugada, mis tíos intenta escaparse por una pared de atrás pero a mi tío lo balean y ella, quien ya estaba afuera, vuelve para ayudarlo. Ahí los secuestran”, comentó.
Julio y Graciela fueron vistos en los centros clandestinos de detención y exterminio conocidos como “El Banco” y el Pozo de Banfield. “La fecha que surge de los testimonios es el 25 de septiembre del 76”, mencionó Ramiro ante el TOF, respecto al centro clandestino de Lomas de Zamora. Leyó algunos fragmentos de la declaración de su abuelo, Julio César Poce, en los Juicios de la Verdad, que menciona que los vieron hasta diciembre de ese año en ese espacio. “Seguramente los asesinaron, tampoco tenemos los cuerpos de ninguno de los desaparecidos de mi familia“, lamentó.
Vale recordar que el 9 de diciembre de 1978 fue secuestrado su padre, Ricardo. “Luego, mis abuelos paternos hicieron muchísimas gestiones, mi abuelo declaró ante la Justicia de La Plata, en España e Italia, y ante organismos”, mencionó Ramiro. Recordó que logró, en 1977, reunirse con el coronel Eduardo Ferro y retomó un texto escrito tras varios encuentros: señala que puso una metralleta sobre la mesa y le advirtió que todo se hacía “en defensa de la Patria”, pero no le brindó información sobre su hijo.
El tercer testimonio fue el de la sobreviviente María Ofelia Santucho. “Mi familia fue una de las muchas familias muy perseguidas, hay varios desaparecidos y desaparecidas, asesinados, varios de mis familiares estuvieron presos durante muchísimo tiempo, la mayoría tuvo que salir al exilio y eso ha marcado nuestras vidas, no sólo en el caso indivivual sino a nivel familiar”, aseguró.
Recordó la salida de su tierra, Santiago del Estero, para vivir en Buenos Aires por la persecución que sufría la familia. Su padre, Asdrúbal, era el hermano de Mario Roberto Santucho (secretario general del PRT y comandante máximo del ERP) y fue trasladado a Tucumán, donde fue secuestrado el 10 de octubre de 1975 (permanece desaparecido). Quedaron ella, de 15 años, sus tres hermanas menores (María Susana, María Silvia y María Emilia) y su madre (Ofelia Ruiz). El 8 de diciembre estaban celebrando, junto a familiares y otros chicos del barrio, el cumpleaños de Esteban (de apenas 4 años, hijo de Elías Abdón, jefe de logística del ERP), a quien había ido a buscar tres días antes, cuando los represores llegaron a la casa.
“Fue una cosa cinematográfica, los gritos, las patadas, los insultos. Buscaban armas, preguntaban por la gente, fue una situación de una violencia tan grande que de las cosas que recuerdo que más me aterrorizan y me ha perseguido en sueños, pesadillas y recuerdos, es ese. Me produce una angustia tremenda, incluso cuando es la previa de algo peor. Esa sensanción de que estamos en manos de gente sin control alguno, que es capaz de gritarle a niños y niñas, la sensación de invalidez y que después de eso, lo que viene es la muerte”, contó. “Nos ataron las manos, nos pusieron contra la pared, nos agarraban el pelo, nos gritaban, nosotros no decíamos nada. Nos preguntaban cómo nos llamábamos y decíamos nombres falsos”, mencionó.
En algún momento del allanamiento, uno de los represores gritó: “No busquen más, son la familia Santucho”. “Nos sacaron atados a la calle, nos subieron a unos autos y el tipo que me lleva me dice ‘yo atendí a tu prima Graciela’ y yo entendí perfectamente a qué se refería. Yo no era esta mujer, era una chica de 15 años. ‘Ahora te voy a atender a vos’, me dijo”, contó, y se quebró al recordar que una de sus hermanas le acarició la cara cuando estaban por ser trasladadas. “A los 61 años pienso en la fortuna de poder estarlo contando, que no es poca cosas”, apuntó.
“Llegamos a un lugar, nos bajan de los autos a los gritos, con ladridos de perros, insultos, órdenes… Sacan a dos hermanas y cuando me sacan a mi, veo un espacio oscuro, una construcción y a mi derecha un galpón, muchos autos y gente armada. Después de ese piso, que era irregular, entro a otro piso más regular y me sientan contra una pared. Escucho a una mujer que pregunta y pide por sus hijos. Es una situación de mucho caos. Siento a mis hermanas cerca, nos dicen que somos las hijas del asesino de Santucho y no oigo nada más. Yo tenía un vestido y una persona me mete la mano abajo del vestido, me toca; después viene otro, me da una patada en el estómago, me quita la capucha y yo instintivamente abro los ojos, como acto reflejo, y veo el espacio. Es como un living vacío, veo a la chica que pedía por los hijos y alcanzo a ver a mis hermanas Susana y Silvia sentadas hacia mi izquierda”, recordó. Ella preguntó qué les iba a pasar y le respondieron: “A vos te van a coger todos los soldados”. “Además del horror de pensarme en esa situación, pensé que quizá estábamos en Campo de Mayo”, recordó.
Había sido trasladada a “Puente 12”, centro clandestino al que se lo conoció como “Cuatrerismo-Brigada Güemes” porque estuvo localizado en la División Cuatrerismo de la Policía de la provincia de Buenos Aires, bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército. Luego, fue llevada a la comisaría de Quilmes. Allí, el represor Carlos Españadero, quien se presentó como “Peirano”, contactó a la familia Santucho y la llevó en un hotel de Flores, en el que las mujeres permanecieron hasta el 16 de diciembre de 1975, cuando pudieron escapar y refugiarse en la Embajada de Cuba. “Llegaron dos compañeras, les hice un relato breve de lo que pasó y me dijeron que nos íbamos pero mi mamá y mi hermana estaban con Peirano, habían ido a buscar ropa a mi casa”, contó.
“Llegó Peirano, nos dijo que su misión era sacarnos del país, sostuvo que tenía un amigo en Estados Unidos y su idea era sacarnos con identidades falsas. Dijo que mañana venía a buscarnos pero le advertí a mi mamá que nos teníamos que ir a la Embajada de Cuba en un taxi. Ella pensó que nos iban a matar, porque nos estaban vigilando, pero nos subimos a un taxi, llegamos a la Embajada (Esteban y Mario Antonio habían sido llevados con su familia) y nos encontramos con el resto de mis hermanas y mis primas. Estuvimos hasta diciembre del 76, cuando pudimos salir de la Argentina”, detalló, para luego hacer un repaso de los secuestros y asesinatos de sus familiares.
En ese sentido, admitió: “Somos sobrevivientes y la sobrevida me acongoja, a mi por lo menos, porque atrás quedó mucha gente. Lo que hubiera sido… esos chicas, esas chicas. La sobrevida es dura, genera compromisos y dolores, también genera cosas que te reconfortan como oír a los hijos de esos compañeros, que reivindican su lucha. Agradezco mucho el poder dar estos testimonios, me alivian, me hacen sentir una persona digna, la dignidad que los represores no tienen”.
“Va más allá del pacto de silencio, se quedaron con los cuerpos de nuestros muertos pero lo que nosotros tenemos es infinitamente mayor. Yo me siento hija, heredera, de esa generación de gente entregada, honesta, generosa. Ojalá que uno pueda traerlo en el cotidiano y eso no me lo va a quitar nada ni nadie. Sigo esperando los huesitos, pero mientras llegan quiero aunque sea un desgarro, seguir pidiendo verdad“, concluyó.
Son juzgados, por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el ex médico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale. También son juzgados Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti. Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en “El Infierno” también están imputados Etchecolatz, Berges y Smart y el ex policía Miguel Angel Ferreyro.
EL JUICIO
El juicio comenzó el 27 de octubre del año pasado. El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata -integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 18 represores, entre ellos Etchecolatz, Juan Miguel Wolk y el médico policial Jorge Berges, por cerca de 500 delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de tortura, detención y extermino conocidos como el Pozo de Banfield, el de Quilmes y El Infierno de Avellaneda.
En la segunda audiencia, el represor Miguel Etchecolatz se negó a ser indagado por un tribunal civil. “Necesito que me interroguen los jueces que estaban en ejercicio de sus funciones en ese momento; es decir la justicia militar”, sostuvo. “Sigue sosteniendo la teoría de los dos demonios”, advirtieron desde HIJOS Lomas de Zamora.
En la tercera, se transmitió el testimonio grabado de Adriana Calvo y Cristina Gioglio, sobrevivientes de la dictadura que también fallecieron; en la cuarta se escuchó el desgarrador relato de Nilda Eloy.
El 24 de noviembre, en el marco de la quinta jornada, el represor Ricardo Fernández -imputado del secuestro de 350 personas, cuatro homicidios, dos abusos sexuales y la sustracción de seis menores- se negó a ser indagado por la Justicia federal de La Plata. “No tengo nada que declarar”, dijo Fernández vestido con un pijama azul, ya que cumple prisión domiciliaria.
En la audiencia del 1 de diciembre, especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense revelaron que hay más de un centenar de cuerpos enterrados como NN que no se pudo identificar, por lo que pidieron a personas que buscan familiares desaparecidos de esa época que concurran a extraerse muestras de sangre.
Más tarde, María Isabel Chorobik de Mariani, conocida como “Chicha” y fallecida en el 2018 sin haber podido reencontrarse con su nieta Clara Anahí, apropiada en 1976, volvió a dar testimonio de su lucha a través de un video.
En el marco de la octava audiencia, se escuchó la declaración testimonial de contexto de la historiadora e investigadora del Conicet Victoria Basualdo, sobre la participación empresarial durante la última dictadura cívico-militar. “Hay casos concretos donde las empresas acompañaron y fueron co-responsables de los procesos represivos”, advirtió.
El periodista Horacio Verbitsky dio detalles, el siguiente martes, sobre la responsabilidad empresaria en los secuestros de trabajadores de la fábrica de calefones Saiar, de Quilmes, durante la última dictadura cívico militar. Habló sobre la responsabilidad de la patronal en el secuestro de trabajadores. Esta información fue investigada por el periodista, que escribió una nota al respecto hace 29 años y luego incluyó esa información en un libro, titulado “Cuentas Pendientes”, que aborda el tema de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado.
En la décima jornada se escucharon las declaraciones de contexto de María Sondereguer y Alejandra Paolini, sobre violencia de género en el Terrorismo de Estado.
En la audiencia siguiente, en tanto, se expusieron las pericias realizadas en El Infierno de Avellaneda.
En la duodécima audiencia, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata escuchó el testimonio de Laura Franchi, sobreviviente, y sus hijas María Laura y Silvina Stirnemann. Ella estuvo detenida en el Pozo de Banfield durante los años de plomo pero luego fue trasladada a un penal. “Un médico me tomaba el pulso y decía lo que había que hacer y lo que no había que hacer (durante las torturas)”, recordó. Su pareja fue asesinada y permaneció en condición de desaparecido hasta 1994, cuando sus restos fueron hallados en el cementerio de Lomas de Zamora.
En la reanudación del juicio, el 2 de febrero, fue Stella Segado quien expuso sobre el funcionamiento y la estructura de la inteligencia de la última dictadura y detalló las particularidades de ese entramado en territorio bonaerense, donde funcionaron los tres centros clandestinos de detención y exterminio de Lomas de Zamora, Quilmes y Avellaneda.
La audiencia 14 contó con la palabra de Stella Caloni, quien brindó un testimonio de contexto sobre el entramado represivo latinoamericano del Plan Cóndor.
El 23 de febrero declaró Jorge Nadal, sobreviviente de centros clandestinos de detención y a quien le llevó 30 años recuperar a su hijo apropiado. “El plan sistemático de los genocidas no se conformó con nosotros y fueron por nuestros hijos; a mi hijo Pedro Luis lo busqué 30 años y mi otro hijo, Carlos Alberto, tuvo secuelas en su salud, todo este desquicio derivó en un trastorno psiquiátrico”, relató Nadal.
En la siguiente jornada fue Lidia Biscarte la sobreviviente que declaró y reclamó a la Justicia que sean encarcelados los responsables de tortura, violación y homicidio. “Esto que relato no es una novela, es un dolor muy grande y mis compañeros (de cautiverio) no están para defenderse, por favor, usted está ahí para hacer justicia”, le dijo al titular del Tribunal.
En la audiencia 17 expuso Miguel Angel Prince, caso por la Brigada de Lanús con asiento en Avellaneda durante los días finales de agosto de 1976, pero también los jueces escucharon otro testimonio que no se hizo público.
También declararon el sobreviviente Alejandro Reinhold, María Esther Alonso y los familiares de desaparecidos Eduardo Nachman y Alejandrina Barry.
En la audiencia 19 declararon Nicolás Barrionuevo, delegado gremial de la fábrica Saiar; Oscar Pellejero, miembro del sindicato no docente de la Universidad Nacional de Luján, ambos sobrevivientes de secuestro y torturas; y Sixto García, hermano de Silvano García, delegado gremial de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales (FATRE), que está desaparecido.
En la siguiente jornada se escucharon los testimonios de dos víctimas: María Ester Alonso Morales, hija de Jacinto Alonso Saborido y de Delfina Morales, nacida en cautiverio, y Raúl Marciano (ex detenido desaparecido que pasó por el Pozo de Banfield).
En la audiencia 21, en tanto, declararon Stella Maris Soria, hija de Miguel Ángel Soria; Norma Soria, hermana del delegado asesinado y la esposa de éste, María Esther Duet. “El 6 de junio de 1976 estaba mirando en televisión La Pantera Rosa, cuando entraron a la casa de mis abuelos buscando a mi papá, que había llegado de trabajar pero había logrado salir por el fondo”, contó Stella Maris.
En la jornada 22 declararon los sobrevivientes Patricia Pozzo, Juan Carlos Stremi y Mario Colonna, quienes que permanecieron en el Pozo de Quilmes durante agosto de 1976. Ella relató cómo fue su secuestro en La Plata, su paso por Arana, el Pozo de Quilmes y El Infierno. Logró salir del país, luego de estar detenida de forma legal en Olmos y Devoto.
En la siguiente jornada continuó el testimonio de Colonna. Se sumaron las declaraciones de los sobrevivientes Virgilio Cesar Medina y Néstor Busso, pero también declaró Eva Romina Benvenuto, hija de detenidos desaparecidos. El intento de suicidio de Medina fue, quizá el momento más dramático de la audiencia.
En la audiencia 24 declararon Leonardo Blanco, sobreviviente; Liliana Canga (hermana de Ernesto Enrique Canga, quien fue asesinado durante la dictadura) y destacó el trabajo del Equipo de Antropología Forense (los restos de su hermano fueron recuperados de una tumba N.N. de La Plata). También declaró Marcos Alegría, sobreviviente, quien contó su escape de Chile por la represión y el secuestro por luchar por mejoras laborales en la industria Saiar de Quilmes.
El siguiente martes fue el turno de Pablo Díaz, quien hizo foco en la violencia sexual a la que eran sometidas las mujeres y el tratamiento como mercancía de las embarazadas. Él fue secuestrado durante los operativos enmarcados en La Noche de los Lápices y relató los tormentos sufridos: picana eléctrica, tenazas y golpes. Pidió que los represores no sean beneficiados con la prisión domiciliaria y bregó porque la Justicia no se demore otros 37 años.
La audiencia 26 contó con los testimonios de Nora y Marta Úngaro, la primera estuvo secuestrada durante los años de plomo y ambas son hermanas de Horacio, quien continúa desaparecido. También se escuchó la primera parte del testimonio de Walter Docters. “Uno se ahogaba en sus propios gritos”, aseguró Nora, recordando las sesiones de tortura, que no impedían que los represores abusaran de las mujeres. “Me llegaba la sangre a los tobillos y aún así te venía a manosear”, precisó. “Su condición de mujer era un bien de uso para los asesinos”, apuntó Docters.
La siguiente jornada continuó con la declaración Docters. También prestó declaración Delia Giovanola, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, quien buscó durante 39 años a su nieto. Su hijo Jorge Ogando y su nuera Stella Montesano fueron secuestrados el 16 de octubre de 1976 en La Plata, tuvo que hacerse cargo de la crianza de la hija de ambos y emprendió la búsqueda de ellos y del segundo hijo, cuando supo que su nieto había nacido en el Pozo de Banfield. “Martín volvió a su familia cuando tuvo 39 años”, señaló.
El martes 25 de mayo no hubo audiencia, pero en la siguiente declararon el nieto restituido Martín Ogando y la sobreviviente de La Noche de los Lápices Emilce Moler. “Te duelen las ausencias, que en mi caso son muchas. Tengo la tranquilidad de haber hecho todo lo posible para la condena social de lo ocurrido, pero te quedan heridas abiertas de nuestros compañeros desaparecidos, por eso seguimos hablando”, aseguró Moler. También prestó testimonio Martín García, hermano de Silvano García, delegado gremial que permanece desaparecido.
La jornada 29 contó con la declaración de dos sobrevivientes, cuyos secuestros tuvieron que ver con su participación gremial. Se trata de Juan Antonio Neme y Jorge Varela, secuestrado junto a otros compañeros en Saiar. “La tortura psicológica más me ha marcado en este tiempo”, admitió Neme, quien presenció la tortura de dos compañeros y “los vuelos de la muerte”.
Melania Servin Benítez, hermana de Santiago Servin; Ricardo López Martín, hermano de Ángela López Martín; y Valeria Gutiérrez Acuña, hija de Liliana Isabel Acuña y Oscar Rómulo Gutiérrez, fueron los tres testigos de la audiencia 30. El pedido de una ley que prohíba el negacionismo, en palabras de la nieta restituida, fue el cierre de la audiencia. “Es doloroso cuando se niega, descalifica… fueron personas con sentimientos, proyectos, ganas de tener una sociedad más justa”, aseguró.
“No tener información certera, te carcome pero la única forma de poder sobrellevar esto es seguir buscando”, aseguró Miguel Santucho, quien busca a un hermano o hermana nacido durante el cautiverio de su madre Cristina Silvia Navajas. También fueron parte de la audiencia 31 María Marta Coley, hija de Manuel Coley Robles, y Clara Fund, hermana de Juan Carlos Fund.
En la audiencia 32 declararon Fabio Acuña, quien era miembro de la Prefectura Naval Argentina cuando fue secuestrados, y Filemón Acuña, quien se desempeñaba en Peugeot al momento de su detención. Ambos dieron cuenta de su paso pos distintos centros clandestinos de detención del sur del Conurbano, entre otros, y su estadía en distintos penales, ya como presos políticos.
En la jornada 33 se escucharon los testimonios del nieto restituido Esteban Badell Acosta, quien dió detalles del secuestro de sus padres (María Eliana Acosta Velasco y Esteban Benito Badell) y la entrega (junto a su hermana) a un tío político, y el sovreviviente Miguel Hernández.
El juicio pasó a un cuarto intermedio por la feria judicial de invierno y se reanudó el 3 de agosto, con la declaración de Mariana Busetto, hija de Osvaldo Busetto; Ramiro Poce, hijo de Ricardo y sobrino de Julio Gerardo Poce; y María Ofelia Santucho, sobreviviente al genocidio y sobrina de Roberto Santucho. El reclamo de los restos mortales de los militantes fue el común denominador. El “qué hubiera pasado/sido”, también fue central en la declaración de las mujeres.
LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN Y EXTERMINIO
El Pozo de Banfield funcionó bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de Banfield en las calles Siciliano y Vernet de Lomas de Zamora, desde 1974 hasta al menos octubre de 1978, según testimonios de los sobrevivientes. De las 253 personas que fueron allí torturadas, 97 permanecen desaparecidas y al menos 16 son mujeres que dieron a luz en la maternidad clandestina.
El Pozo de Quilmes funcionó en la Brigada de Investigaciones de Quilmes. Pasaron por allí 183 víctimas.
El Infierno de Avellaneda fue un centro de detención que funcionó en el lugar que por entonces era la Brigada de Investigaciones de Lanús, dependiente de la Dirección General de Investigaciones que dirigía el genocida Miguel Etchecolatz y funcionaba bajo la órbita del entonces jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps.
