En el marco del debate sobre la Ley Bases en el Senado, el Gobierno anunció la eliminación de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA) de la lista de privatizaciones contempladas en el proyecto original. La decisión de ceder a la presión surgió tras intensas negociaciones y manifestaciones en contra de la propuesta.
El oficialismo también decidió eliminar el capítulo previsional del proyecto de ley. Esta modificación permitirá que los eventuales beneficiarios continúen jubilándose sin la necesidad de contar con 30 años de aportes, una medida que había generado una significativa controversia y oposición entre diversos sectores sociales y políticos.
Divisiones en el Radicalismo
La discusión en torno a la Ley Bases evidenció divisiones dentro del radicalismo. El senador Martín Lousteau anticipó su voto en contra de la ley ómnibus y presentó un dictamen propio en disidencia con el proyecto del Ejecutivo. Lousteau ha sido crítico con varias de las propuestas contenidas en la Ley Bases y su postura representa un desafío para la unidad del bloque radical.
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Por otro lado, Maximiliano Abad, una de las figuras destacadas del radicalismo bonaerense, confirmó su apoyo al proyecto del Gobierno.
“Creo que estas modificaciones demuestran una voluntad de diálogo y de atender las preocupaciones de diversos sectores”, señaló Abad al confirmar su voto a favor.
Manifestaciones en las Inmediaciones del Congreso
Mientras se desarrolla el debate en el Senado, miles de personas se concentran en las inmediaciones del Congreso para expresar su rechazo a la Ley Bases. Entre los manifestantes se encuentran organizaciones sociales, piqueteras, de izquierda, peronistas, de derechos humanos, asambleas barriales y sindicatos. Las protestas, que han sido mayormente pacíficas, buscan presionar a los legisladores para que rechacen el proyecto de ley.
Las organizaciones que participan de la movilización protestan contra las privatizaciones y las modificaciones previsionales originalmente propuestas en la Ley Bases porque consideran que estas medidas afectan negativamente a los sectores más vulnerables de la sociedad y ponen en riesgo el patrimonio público.
