La oposición alcanzó una mayoría en la Cámara, pero no logró revertir el veto de Javier Milei, ya que se necesitaban 166 votos (dos tercios de los 248 legisladores presentes, dado que hubieron 9 ausentes) y el balance fue de 153 afirmativos, 87 negativos y 8 abstenciones. En ese marco, se mantiene vigente el actual sistema previsional establecido por decreto por el Gobierno en el mes de marzo.
El oficialismo, en alianza con el bloque Pro, un mosaico de bloques aliados y media docena de diputados radicales, logró en las últimas horas reunir el tercio de las voluntades para bloquear la insistencia.
A los legisladores que ya habían anunciado un giro en su posición se sumó durante la sesión el rionegrino Agustín Domingo, que confirmó la abstención del bloque Innovación Federal, ligado a los gobernadores de Salta, Misiones, Río Negro y Neuquén. Sus 8 integrantes habían votado a favor de la ley en la sesión de junio
“Hoy los jubilados van a perder. No van a ganar ustedes, no vamos a perder nosotros, van a perder los jubilados que no encuentran una solución. Sobre cómo consiguieron el número, me voy a eximir de hablar. La verdad es que las imágenes, las fotos en la Rosada, los acuerdos degradan cada vez más la política”, asestó el diputado Juan López, de la Coalición Cívica, en alusión a la foto que retrató a Milei con cinco diputados de la UCR que anticiparon que sostendrán el veto presidencial sobre la ley jubilatoria.
La ley vetada establece una mejora en los haberes jubilatorios con la recomposición del 8,1% por la inflación de enero que no fue reconocida por el Gobierno. Asimismo, ratifica la fórmula de movilidad que impuso el Gobierno por decreto, por la cual se actualizan los ingresos de los jubilados por inflación.
Además, propone un aumento anual adicional en marzo según la diferencia entre el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). También prevé la cancelación de deudas que mantiene la Anses con las cajas previsionales no transferidas. Estos dos artículos son los más resistidos por el Poder Ejecutivo, que advirtió que la norma implicará un costo fiscal del 1,2 puntos del PBI.
